Milei y Caputo enfrentan una denuncia penal por las universidades: qué pide la presentación
El dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano presentó este miércoles 14 de octubre una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por el presunto incumplimiento de una medida cautelar que ordena aplicar disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario. La presentación apunta a determinar responsabilidades por la falta de recomposición de salarios docentes y no docentes y de actualización de las becas estudiantiles.
La denuncia fue radicada en los tribunales de Comodoro Py y, según la información disponible, quedó en el Juzgado Federal 4. Solano realizó la presentación con el patrocinio de la abogada Liliana Alaniz.
El comunicado del Partido Obrero identifica como posibles delitos la desobediencia, el abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de funcionario público. También señala que se pidió investigar a Milei y Caputo y citarlos a declaración indagatoria. Se trata de solicitudes del denunciante: las fuentes consultadas no informan que esas citaciones hayan sido ordenadas.
Qué reclama la denuncia
El planteo sostiene que el Poder Ejecutivo continúa sin ejecutar una orden judicial vinculada con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Esas disposiciones contemplan la recomposición de los salarios del personal universitario y de los programas de becas en función de la inflación.
Solano afirma que el Gobierno recibió intimaciones judiciales y que las obligaciones siguen pendientes. La presentación solicita que también se examine la actuación de otros funcionarios que pudieran haber intervenido, por acción u omisión, en el presunto incumplimiento.
La acusación penal se apoya en el recorrido de la cautelar. Según el comunicado del denunciante, fue dictada en diciembre de 2025, confirmada por la Cámara en marzo de 2026 y quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema en junio.
La promulgación de la ley y la cautelar vigente
El conflicto comenzó después de que el Congreso sancionara la norma y rechazara el veto presidencial mediante la mayoría de dos tercios. El Ejecutivo promulgó posteriormente la ley a través del Decreto 759/2025, pero condicionó su ejecución a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas necesarias.
El Consejo Interuniversitario Nacional promovió una acción de amparo para exigir su aplicación. El 6 de octubre, el juez Martín Cormick declaró inconstitucional la disposición del decreto que condicionaba el cumplimiento de la ley. Aunque el Gobierno apeló, el magistrado ratificó el 9 de octubre que la cautelar seguía vigente.
El Ejecutivo sostiene que la aplicación está interrumpida por la falta de definición de los recursos y defiende su posición con el argumento del equilibrio fiscal. Esa postura es cuestionada por Solano, quien considera que existe una desobediencia judicial que debe investigarse penalmente.
Como informamos en GrupoLaProvincia.com, la oposición también reclama modificar el Presupuesto 2027 para garantizar el financiamiento universitario. La discusión incluye el cumplimiento de las obligaciones sobre salarios y becas, mientras continúa convocada la Marcha Federal Universitaria del jueves 15 de octubre frente al Congreso.
El conflicto sumó otra resolución este miércoles: Cormick dispuso multas diarias de $100.000 al titular de la Jefatura de Gabinete por el incumplimiento de la cautelar. Esa sanción corresponde al expediente de financiamiento universitario y constituye una actuación distinta de la denuncia penal presentada contra Milei y Caputo.