El sindicalismo acusó al Gobierno de extorsionar a las provincias y apuntó contra los diputados que no dieron quórum
La caída de la sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar el rechazo al DNU 70/2023 provocó fuertes cuestionamientos del sindicalismo al gobierno de Javier Milei. Dirigentes de distintas centrales obreras denunciaron supuestas presiones sobre las provincias para impedir el quórum y responsabilizaron al Ejecutivo por el resultado de una jornada en la que también se desarrolló una masiva movilización universitaria frente al Congreso.
La oposición consiguió reunir 121 diputados, ocho menos de los 129 necesarios para iniciar la sesión convocada el jueves 15 de octubre. El temario incluía el tratamiento del megadecreto presidencial, además de iniciativas relacionadas con la emergencia en discapacidad y el endeudamiento de las familias.
Mientras el oficialismo evitó que avanzara el debate parlamentario, representantes de la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y otros sectores gremiales apuntaron contra los legisladores que no ocuparon sus bancas y cuestionaron los acuerdos entre el Gobierno y distintos mandatarios provinciales.
Baradel denunció presiones del Gobierno sobre las provincias
Uno de los principales cuestionamientos llegó de Roberto Baradel, secretario de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), quien atribuyó la falta de quórum a presuntas maniobras del Gobierno nacional sobre las administraciones provinciales.
El dirigente sostuvo que la sesión no pudo desarrollarse por la intervención del Ejecutivo y acusó a determinados sectores políticos de ceder ante esas presiones.
Sus declaraciones se produjeron después de que legisladores vinculados con distintos gobernadores no participaran de la convocatoria opositora, una situación que resultó determinante para impedir que se alcanzara el número necesario para abrir el recinto.
La acusación de extorsión fue formulada por el dirigente sindical y no constituye un hecho acreditado judicialmente.
Hugo Yasky, diputado nacional e integrante de la central sindical, también cuestionó el comportamiento de los gobernadores aliados del oficialismo. Según su interpretación, el Ejecutivo consiguió sostener esos respaldos mediante compromisos políticos relacionados con la agenda legislativa.
Entre los asuntos mencionados por Yasky aparecieron la posibilidad de modificar la legislación sobre tierras rurales y la discusión de iniciativas destinadas a personas endeudadas, previstas para una sesión convocada el miércoles 21 de octubre.
El dirigente consideró que esas negociaciones influyeron en el desenlace de la convocatoria parlamentaria.
Los ocho diputados que faltaron para tratar el DNU 70/2023
La sesión especial había sido impulsada por sectores opositores que buscaban avanzar con el rechazo al decreto de necesidad y urgencia dictado por Milei en diciembre de 2023.
El Senado ya había rechazado el DNU en marzo de 2024. Por ese motivo, una decisión equivalente de Diputados tendría consecuencias directas sobre su vigencia, de acuerdo con el procedimiento establecido para el control parlamentario de los decretos presidenciales.
Sin embargo, la oposición no consiguió reunir el quórum reglamentario.
Como informó previamente Grupo La Provincia, las ausencias de diputados vinculados con los gobernadores de Tucumán, Santa Fe y Jujuy fueron determinantes para que la oposición quedara a ocho bancas de iniciar la sesión.
El resultado también estuvo condicionado por ausencias dentro de bloques dialoguistas y del propio peronismo.
La falta de quórum impidió avanzar con el tratamiento del DNU y de las restantes iniciativas previstas para esa jornada.
El desenlace generó críticas entre los sectores sindicales que se habían movilizado al Congreso para reclamar contra las políticas del Ejecutivo y acompañar la defensa del financiamiento universitario.
Los gremios cuestionaron a los legisladores ausentes
Desde el sindicalismo también surgieron reclamos para identificar públicamente a los diputados que no participaron de la sesión.
Daniel Yofra, secretario general de Aceiteros e integrante del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), cuestionó a los legisladores ausentes y reclamó que se conociera su responsabilidad en el resultado parlamentario.
El dirigente sostuvo que la ciudadanía debía contar con esa información para evaluar el comportamiento de sus representantes.
Las críticas se concentraron especialmente en los diputados que responden a sectores provinciales y que, pese a las expectativas opositoras, no facilitaron la apertura del debate.
La discusión dejó expuestas las diferencias entre las organizaciones sindicales movilizadas y los bloques parlamentarios que no acompañaron la convocatoria.
La marcha universitaria reunió a las centrales sindicales
En paralelo a la actividad legislativa, la quinta Marcha Federal Universitaria reunió frente al Congreso a organizaciones docentes, trabajadores universitarios, estudiantes y representantes de distintas centrales obreras.
La movilización tuvo como eje el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de los salarios docentes y no docentes y la asignación de recursos para las universidades públicas.
Participaron dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, además de sindicatos y organizaciones políticas y sociales.
Para los representantes gremiales, la convocatoria mostró que las demandas universitarias mantienen capacidad de movilización, pese a las dificultades de la oposición para avanzar en el Congreso.
Pablo Perazzi, profesor de la Universidad de Buenos Aires y secretario general de FEDUBA, consideró que la manifestación expresó un rechazo a la política universitaria del Gobierno y la contrapuso con el resultado de la sesión parlamentaria.
Yasky también destacó la participación y sostuvo que la protesta formaba parte de una serie de movilizaciones de distintos sectores afectados por las medidas del Ejecutivo.
Por su parte, Baradel planteó que la jornada podía marcar un cambio en la relación entre el Gobierno y las organizaciones sociales y sindicales.
Estas evaluaciones reflejan las posiciones expresadas por los dirigentes durante la protesta.
Incidentes frente al Congreso y denuncias de infiltrados
La jornada también estuvo atravesada por incidentes registrados durante la tarde en las inmediaciones del Congreso.
En ese marco, se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales, con lanzamiento de piedras y utilización de gases.
Los dirigentes sindicales rechazaron que sus organizaciones fueran responsables de los hechos violentos y denunciaron la presencia de supuestos infiltrados.
Baradel sostuvo que los incidentes formaron parte de un operativo destinado a justificar la represión de la protesta, una acusación que no fue acreditada por la información disponible.
Yasky también cuestionó la actuación de las fuerzas de seguridad y consideró que la respuesta policial buscó desalentar la movilización.
Ambos dirigentes insistieron en que la convocatoria había tenido un carácter pacífico y diferenciaron a las organizaciones participantes de quienes protagonizaron los enfrentamientos.
Las denuncias sindicales sobre infiltraciones y responsabilidades por los incidentes requieren investigación y no pueden darse por comprobadas a partir de esas declaraciones.
La disputa legislativa continuará el 21 de octubre
Luego de la sesión frustrada, el oficialismo mantiene abierta su estrategia parlamentaria para evitar el rechazo definitivo del DNU 70/2023.
La próxima fecha prevista en la agenda es el miércoles 21 de octubre, cuando La Libertad Avanza buscará avanzar con una sesión que incluye iniciativas vinculadas con la Ley de Tierras y el endeudamiento de las familias.
Esas propuestas también formaron parte de los cuestionamientos sindicales, cuyos dirigentes interpretaron que las negociaciones alrededor de esos proyectos influyeron en las ausencias del jueves.
Por el momento, el DNU 70/2023 continúa vigente, mientras la oposición no consigue completar su rechazo en la Cámara baja.
La jornada dejó dos escenarios diferenciados: una oposición que quedó a ocho diputados de abrir el recinto y un sindicalismo que, tras movilizarse frente al Congreso, responsabilizó al Gobierno por el resultado parlamentario y anticipó la continuidad de sus reclamos.