La Justicia frenó las multas al Gobierno por las universidades y abrió una nueva disputa por los salarios
La Cámara suspendió provisoriamente la sanción de $100.000 diarios impuesta por el incumplimiento de una cautelar sobre salarios y becas. La decisión llegó tras una presentación de Capital Humano y abrió una nueva instancia judicial sobre las obligaciones del Ejecutivo.
Juan Manuel Villarreal
La disputa judicial por la Ley de Financiamiento Universitario sumó un nuevo capítulo este jueves 15 de octubre. La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal dispuso suspender provisoriamente las multas que el juez Martín Cormick había establecido contra el Gobierno nacional por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la actualización de salarios docentes, no docentes y becas estudiantiles.
La resolución llegó menos de 24 horas después de que el magistrado ordenara aplicar una sanción de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, hasta que el Ejecutivo acreditara el cumplimiento de las obligaciones judiciales.
El tribunal admitió una queja presentada por el Ministerio de Capital Humano y ordenó que la apelación estatal contra esa decisión fuera tramitada con efecto suspensivo. De esta manera, la sanción económica quedó temporalmente frenada mientras continúa la revisión judicial.
La decisión coincidió con la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada frente al Congreso para reclamar la aplicación de la ley, la recomposición de los salarios y mayores recursos para las universidades públicas.
Por qué la Justicia había impuesto multas al Gobierno
El conflicto se originó en la falta de cumplimiento de una medida cautelar que ordenaba actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales, además de garantizar los fondos correspondientes a determinadas becas estudiantiles.
El juez Cormick había intimado al Poder Ejecutivo a cumplir esas obligaciones y, el 22 de septiembre, le otorgó un plazo de cinco días bajo advertencia de aplicar sanciones económicas.
Tras considerar que el Gobierno no había acreditado el cumplimiento de lo ordenado, el magistrado dispuso el miércoles 14 de octubre una multa diaria de $100.000 contra el titular de la Jefatura de Gabinete.
La sanción buscaba funcionar como una medida coercitiva para obtener el cumplimiento de la orden judicial, sin constituir una condena penal.
Como informamos en GrupoLaProvincia.com, el conflicto ya había derivado en una denuncia penal contra Javier Milei y Luis Caputo por el presunto incumplimiento de la cautelar sobre salarios y becas.
Aquella presentación, impulsada por Gabriel Solano, se tramita por una vía diferente de la discusión sobre las multas y la aplicación de la medida cautelar.
Los argumentos del Gobierno para frenar las sanciones
El Ministerio de Capital Humano cuestionó la decisión de primera instancia y sostuvo que la medida cautelar ya había sido cumplida.
Entre sus argumentos, el Ejecutivo afirmó que los incrementos salariales otorgados entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, contemplando ajustes posteriores, representaban una recomposición acumulada del 226,80%, frente al 226,40% que, según su interpretación, correspondía reconocer para el período.
La administración nacional también señaló que las actualizaciones salariales posteriores debían discutirse mediante negociaciones paritarias.
Además, objetó la falta de precisión respecto de los montos que debía abonar y del alcance de las obligaciones cuya ejecución reclamaba el juzgado.
El Gobierno sostuvo que esa indeterminación dificultaba establecer qué parte de la orden judicial se encontraba incumplida y cuestionó la aplicación de sanciones mientras esas cuestiones seguían bajo discusión.
Otro de los puntos planteados fue la interpretación de las obligaciones relacionadas con las becas. Capital Humano diferenció los programas Progresar y Manuel Belgrano al cuestionar el alcance de lo ordenado en primera instancia.
La Cámara admitió la queja y dispuso que el recurso fuera concedido con efecto suspensivo, lo que dejó temporalmente sin aplicación las multas mientras se examina la controversia.
Qué pasa con la cautelar y la actualización de salarios
La nueva resolución no constituye una sentencia definitiva sobre la validez de la Ley de Financiamiento Universitario ni resuelve de fondo la controversia respecto de las obligaciones salariales del Estado.
La medida cautelar que había ordenado actualizar los haberes y determinados fondos para becas continúa formando parte del expediente judicial. La decisión del tribunal de alzada suspende provisoriamente las sanciones económicas asociadas a su presunto incumplimiento.
Según los parámetros contemplados en la cautelar, la adecuación salarial debía reflejar la variación de los precios durante el período establecido judicialmente, con un incremento equivalente al 40,25% sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025.
El alcance de esas obligaciones es uno de los principales puntos de desacuerdo entre el Gobierno y los representantes del sistema universitario.
Mientras el Ejecutivo sostiene que las actualizaciones efectuadas permiten considerar cumplida la medida, el Consejo Interuniversitario Nacional reclama su aplicación efectiva y cuestiona que no se hayan concretado las recomposiciones exigidas.
La controversia también comprende la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario frente al Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno condicionó su ejecución a la definición de partidas presupuestarias por parte del Congreso.
Cormick había declarado inconstitucional una disposición de ese decreto, decisión que también fue apelada por el Estado nacional y permanece bajo revisión judicial.
El reclamo universitario continúa mientras se revisa el fallo
La resolución de la Cámara se conoció durante una nueva jornada de movilización de la comunidad universitaria frente al Congreso.
Las universidades nacionales mantienen sus reclamos por la recomposición de los ingresos docentes y no docentes, la actualización de becas y la asignación de recursos para sostener sus actividades.
El conflicto también se proyecta sobre el Presupuesto 2027. Las autoridades universitarias vienen reclamando mayores partidas que las previstas por el Gobierno para financiar el funcionamiento de las instituciones y atender las obligaciones salariales.
La discusión salarial ocupa un lugar central porque representa la mayor parte de los recursos destinados al sistema universitario.
Con la nueva intervención de la Cámara, las multas diarias quedaron suspendidas provisoriamente, pero la disputa sobre el cumplimiento de la cautelar y la aplicación de la ley sigue abierta.
La próxima definición judicial deberá abordar los planteos del Ejecutivo y determinar los efectos de las resoluciones cuestionadas, mientras persisten las diferencias sobre los fondos y los salarios de las universidades nacionales.
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