Privatización de AySA: se profundiza la disputa por las obras y las garantías del servicio
La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) abrió un nuevo capítulo judicial en la provincia de Buenos Aires. Mientras el gobierno de Javier Milei avanza con la transferencia del 90% de las acciones estatales, la Defensoría del Pueblo bonaerense denunció que la empresa no acredita el cumplimiento de una medida cautelar que obliga a preservar las obras, las inversiones y la calidad del servicio de agua potable y cloacas. El organismo pidió una intervención urgente de la Justicia antes de que se concrete el cambio de operador.
La presentación, realizada este viernes 16 de octubre por el organismo que conduce Guido Lorenzino, incorpora una nueva exigencia al proceso de venta: demostrar que las obligaciones vigentes seguirán siendo cumplidas y que las inversiones pendientes no quedarán comprometidas por la privatización.
El planteo tiene impacto directo sobre los 26 municipios bonaerenses atendidos por AySA, donde la continuidad de los proyectos de infraestructura y las responsabilidades ambientales forman parte de una discusión que también involucra al Gobierno nacional, los intendentes y los organismos de control.
La controversia ya había llegado a los tribunales por la tasación de la compañía, el acceso a información oficial y las condiciones del futuro servicio. Ahora, el conflicto se concentra en una resolución judicial que continúa vigente y en las garantías que deberán acompañar la transferencia de la concesión.
La cautelar que condiciona el proceso de privatización
La medida fue dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, a cargo de Mariano López, y posteriormente confirmada por la Cámara de Apelación del mismo fuero. Su objetivo es impedir que AySA reduzca, suspenda o modifique las obligaciones vinculadas con el abastecimiento de agua potable, el saneamiento y la protección ambiental.
La resolución comprende el mantenimiento y la ampliación de las redes, las inversiones comprometidas, el tratamiento de efluentes, la remediación de pasivos ambientales y el cumplimiento de los estándares de calidad del servicio.
La decisión judicial no implica la suspensión de la licitación ni prohíbe que la empresa pase a manos privadas. Establece condiciones que deben respetarse mientras avanza el proceso, independientemente de quién termine administrando la compañía.
Sin embargo, la Defensoría sostiene que AySA todavía no presentó documentación suficiente para acreditar que esas obligaciones están siendo efectivamente preservadas. Por eso solicitó que la Justicia intime urgentemente a la empresa y requiera información sobre el estado de los compromisos asumidos.
El reclamo también apunta a determinar qué sucederá con los trabajos que todavía no concluyeron y con las responsabilidades ambientales acumuladas durante la prestación estatal.
Lorenzino advirtió que la transferencia no puede concretarse sin establecer previamente cómo se protegerán los derechos de los usuarios. Para el funcionario, la continuidad de las inversiones y las obligaciones sanitarias debe quedar garantizada antes de que el traspaso resulte irreversible.
El defensor resumió el alcance institucional de su planteo al señalar que la discusión no se reduce a estar a favor o en contra de la privatización, sino al cumplimiento de una orden judicial y a la protección del acceso al agua potable, la salud y el ambiente.
Las inversiones millonarias y las obligaciones del futuro operador
El reclamo bonaerense coincide con una etapa decisiva del procedimiento de venta. El 8 de octubre, el Ministerio de Economía abrió las ofertas económicas de los dos consorcios que superaron la evaluación técnica para adquirir la participación accionaria estatal.
La propuesta más elevada correspondió al grupo integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, Transclor y PHX Aqua, que ofreció 340,2 millones de dólares. El consorcio encabezado por Roggio presentó una oferta de 285 millones. La adjudicación formal todavía debe completar las instancias correspondientes.
Pero el precio ofrecido por las acciones es solamente una parte de la operación. El Gobierno nacional presentó un esquema de concesión por 30 años que incorpora compromisos de inversión, mantenimiento, expansión de redes y mejoras operativas.
Según informó Economía, el futuro concesionario deberá ejecutar entre 2027 y 2031 un Plan de Acción de 2,89 billones de pesos, calculados a valores de diciembre de 2025 y sin IVA. El monto equivale, de acuerdo con las estimaciones oficiales, a más de 2.000 millones de dólares.
El programa contempla aproximadamente 1,13 billones de pesos destinados a obras, 1,15 billones a mantenimiento, 315.761 millones a mejoras y otros 296.166 millones a la operación del sistema.
Las metas establecidas por Nación prevén alcanzar para 2031 una cobertura mínima del 75,3% en agua potable y del 63,9% en cloacas. Al finalizar el período inicial de concesión, los objetivos ascienden al 90% y 75%, respectivamente.
El Ejecutivo nacional sostiene que la incorporación de capital privado permitirá mejorar la eficiencia operativa, reducir la dependencia de aportes del Tesoro y ampliar el acceso a los servicios. También plantea que el Estado conservará funciones de regulación, supervisión y control.
Frente a esos compromisos, la Defensoría reclama conocer quién responderá por las obligaciones actuales, con qué capacidad técnica y económica y mediante qué garantías se asegurará su cumplimiento.
La preocupación alcanza tanto a las nuevas inversiones como a las obras iniciadas anteriormente. La existencia de metas para los próximos años no resuelve por sí sola el tratamiento de los proyectos pendientes ni las responsabilidades ambientales que puedan derivarse de la operación actual.
El conurbano y las responsabilidades que deben preservarse
AySA presta servicios en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses, con una población alcanzada que ronda los 14 millones de personas en el Área Metropolitana.
Su área de concesión comprende distritos densamente poblados como La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes, Avellaneda, Lanús, Moreno, Merlo, Morón, Tigre, San Isidro y Esteban Echeverría, entre otros.
En esos territorios conviven zonas con redes consolidadas y barrios que todavía necesitan conexiones domiciliarias, ampliaciones de infraestructura y mejoras en los sistemas de saneamiento. La expansión de los servicios constituye una demanda histórica de los municipios y de las familias que permanecen fuera de las redes.
El Ministerio de Economía reconoció, durante la presentación del proceso privatizador, que aproximadamente un tercio del área concesionada todavía no cuenta simultáneamente con agua potable y cloacas. También informó pérdidas de agua no contabilizada del 42%, indicadores que utilizó para fundamentar la necesidad de modificar el modelo de gestión.
Desde la perspectiva bonaerense, la discusión incluye la continuidad de los trabajos necesarios para ampliar la cobertura y el destino de los pasivos ambientales. El riesgo señalado por la Defensoría es que obligaciones vinculadas con el tratamiento de efluentes, el saneamiento o la infraestructura terminen trasladándose posteriormente a otras jurisdicciones o afectando a los usuarios.
La situación ya motivó intervenciones de intendentes del conurbano. Entre ellos, Fernando Gray, de Esteban Echeverría, presentó acciones judiciales por las posibles consecuencias de la privatización sobre las obras de expansión y reclamó garantías para la continuidad de los servicios.
En paralelo, otros planteos judiciales cuestionaron la falta de acceso a la tasación oficial de AySA y solicitaron suspender la adjudicación hasta conocer los criterios utilizados para determinar su valor. Son actuaciones distintas de la cautelar promovida por la Defensoría, aunque ambas forman parte del conflicto sobre las condiciones de transferencia de la empresa.
La nueva presentación de Lorenzino vuelve a colocar el foco en las obligaciones que deberán mantenerse durante el cambio de administración. Mientras el Gobierno nacional continúa con la evaluación de las ofertas, la Defensoría busca que AySA acredite ante la Justicia cómo está cumpliendo la cautelar y qué garantías respaldarán los compromisos del futuro operador.
El resultado de ese planteo será relevante para determinar bajo qué condiciones podrá avanzar la transferencia de una empresa que concentra una parte fundamental de la infraestructura sanitaria del conurbano y cuya prestación involucra derechos y obligaciones que se extienden más allá de la titularidad de sus acciones.