Política Por: Juan Manuel Villarreal19 de octubre de 2026

El negocio del oro complica a Caputo y Bausili: piden allanar el BCRA y revisar contratos millonarios

El abogado Gregorio Dalbón amplió la denuncia por las operaciones con reservas de oro realizadas en 2025 y reclamó acceder a contratos, correos y servidores del BCRA. La presentación involucra a cuatro funcionarios y busca esclarecer el papel del Deutsche Bank, en una causa impulsada tras un resultado negativo de US$1.023 millones detectado por la Auditoría General de la Nación.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) enfrenta un nuevo capítulo judicial por las operaciones financieras realizadas con las reservas de oro durante 2025. El abogado Gregorio Dalbón amplió la denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausili, y otros funcionarios, y solicitó el allanamiento del organismo para obtener documentación vinculada con las transacciones.

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La presentación busca determinar si existieron perjuicios económicos para el Estado, cómo fueron seleccionadas las entidades financieras que intervinieron y si se pagaron comisiones u otros beneficios indebidos. Uno de los puntos centrales es la presunta participación del Deutsche Bank como contraparte en las operaciones con derivados sobre el metal precioso.

El pedido también incorpora a un nuevo funcionario y amplía las medidas de prueba solicitadas a la Justicia, luego de que una auditoría oficial registrara un resultado negativo equivalente a US$1.023 millones en contratos financieros vinculados con el oro.

Qué pide la denuncia contra Caputo y Bausili

La ampliación presentada por Dalbón alcanza al ministro Luis Caputo; al presidente del BCRA, Santiago Bausili; al superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet; y a Nicolás Marcelo Ferro, subsuperintendente del área e integrante del directorio del Banco Central.

El abogado solicitó el allanamiento del organismo y el secuestro o la realización de copias forenses de servidores informáticos, correos institucionales y registros electrónicos relacionados con las operaciones cuestionadas.

La medida pretende acceder a los contratos originales, las comunicaciones entre funcionarios y entidades financieras, los registros de autorización y los documentos que permitan reconstruir las condiciones en las que se realizaron las transacciones.

El pedido comprende información correspondiente a 2024 y 2025 y apunta especialmente a los correos de Presidencia, Directorio y las áreas de mercados, reservas, riesgos y asuntos jurídicos.

Dalbón sostiene que estos documentos resultan fundamentales para establecer quiénes participaron en las decisiones y bajo qué criterios se negociaron los contratos. También advirtió sobre la necesidad de preservar la información electrónica mientras avanza la investigación.

Como alternativa al allanamiento, solicitó que la Justicia ordene al BCRA entregar la documentación requerida y garantizar su conservación.

Deutsche Bank y las sospechas sobre comisiones millonarias

Uno de los aspectos novedosos de la presentación es el pedido de investigar la posible participación del Deutsche Bank en las operaciones financieras realizadas sobre el oro argentino.

De acuerdo con la hipótesis expuesta por el denunciante, la entidad internacional habría intervenido como contraparte en contratos destinados a cubrir eventuales caídas en la cotización del metal.

La reconstrucción incorporada a la denuncia plantea que el Banco Central habría vendido a terceros derechos de compra sobre el oro a un precio algo superior a los US$3.000 por onza, mientras su cotización de mercado superaba los US$4.000.

Sin embargo, esa descripción todavía requiere verificación documental y no surge directamente de la auditoría de la AGN. Por ese motivo, uno de los objetivos del pedido judicial es acceder a los contratos para establecer las condiciones reales de las operaciones.

La presentación también solicita investigar si existieron pagos de comisiones, honorarios o márgenes a las entidades intervinientes.

En ese punto, Dalbón mencionó versiones públicas sobre eventuales comisiones superiores a US$60 millones, aunque aclaró que la cifra debe ser comprobada durante la investigación.

El abogado también pidió examinar los criterios utilizados para seleccionar a las contrapartes financieras y los controles aplicados a las transacciones.

En el escrito se mencionan antecedentes laborales de Caputo y Bausili en el Deutsche Bank, una circunstancia que por sí misma no demuestra ninguna irregularidad, pero que el denunciante considera relevante para reconstruir el proceso de contratación.

El resultado negativo de US$1.023 millones registrado por la AGN

La causa se originó a partir de los cuestionamientos sobre las operaciones con derivados financieros respaldados por reservas de oro del Banco Central.

La Auditoría General de la Nación (AGN), mediante la Resolución 205/2026, aprobó un informe sobre los estados contables del organismo correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.

El documento identificó un resultado negativo de $1.469.155 millones en operaciones de opciones vinculadas con el oro, equivalentes aproximadamente a US$1.023 millones.

BANCO CENTRAL

La cifra comprende US$960,2 millones por el resultado negativo de las opciones y otros US$62,8 millones correspondientes a primas.

El dato fue utilizado como uno de los fundamentos de la denuncia penal, aunque el resultado contable negativo no permite determinar por sí solo la existencia de un delito ni cuantificar un eventual perjuicio patrimonial.

La investigación deberá establecer cuáles fueron los costos, los riesgos asumidos y los beneficios de cobertura obtenidos con esos instrumentos financieros.

El Banco Central, por su parte, sostuvo en su respuesta a los cuestionamientos que la estrategia global vinculada con las reservas de oro había generado un resultado positivo de US$2.505 millones, una cifra que corresponde a una evaluación más amplia y no exclusivamente a los contratos observados por la auditoría.

Las medidas de prueba y los delitos que se pide investigar

La ampliación de la denuncia menciona posibles figuras penales como administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

También solicita examinar una eventual asociación ilícita, hipótesis cuya configuración requeriría acreditar la existencia de una organización estable destinada a cometer delitos.

Estas figuras forman parte de los planteos del denunciante y no constituyen delitos judicialmente acreditados.

Para avanzar con el esclarecimiento de las operaciones, Dalbón pidió requerir información al Banco Central y al Deutsche Bank, consultar a la Comisión Nacional de Valores y a la Unidad de Información Financiera, y solicitar cooperación internacional a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Además, reclamó la intervención de especialistas contables y peritos financieros para analizar los instrumentos utilizados, sus precios, las comisiones y el costo total de las transacciones.

El abogado también solicitó que Caputo, Bausili, Curutchet y Ferro sean citados a prestar declaración indagatoria.

La Justicia deberá evaluar la procedencia de las medidas solicitadas y determinar si existen elementos suficientes para avanzar sobre las responsabilidades denunciadas.

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Por el momento, el allanamiento y las indagatorias son pedidos presentados ante la Justicia, no medidas cuya realización esté confirmada. La causa suma así una nueva instancia centrada en obtener los contratos y registros que permitan establecer cómo se realizaron las operaciones con las reservas de oro y si existió algún beneficio indebido.

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