Llaryora cruzó a Milei y advirtió por 300 mil empleos perdidos
El gobernador de Córdoba cuestionó la política industrial del Gobierno durante un encuentro de la UIA. Alertó por el cierre de empresas, reclamó medidas para proteger la producción y abrió otra disputa con Caputo por los impuestos.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cuestionó al Gobierno de Javier Milei por el deterioro de la actividad industrial y advirtió sobre el cierre de 33 mil pequeñas y medianas empresas y la pérdida de 300 mil puestos de trabajo. Durante la 32ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), reclamó una estrategia nacional para sostener la producción y evitar que la expansión de nuevos sectores económicos avance mientras otras actividades pierden empresas y empleos.
El mandatario provincial expuso este martes junto a su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en un encuentro realizado en la Ciudad de Buenos Aires. Allí planteó que la situación de las pymes requiere una respuesta específica del Ejecutivo nacional, especialmente por las consecuencias que puede tener sobre el entramado productivo del interior del país.
Llaryora sostuvo que el Gobierno no puede desentenderse de las dificultades que atraviesan numerosas industrias y utilizó como ejemplo a empresas vinculadas con la fabricación de maquinaria agrícola, uno de los sectores de mayor relevancia para la economía de Córdoba y Santa Fe.
El planteo también incluyó cuestionamientos al ministro de Economía, Luis Caputo, quien había anunciado una propuesta para eliminar el impuesto a los Sellos mediante un acuerdo fiscal con las provincias.
El cierre de 33 mil pymes y la pérdida de empleo, en el centro del reclamo
Durante su intervención, Llaryora afirmó que 33 mil pymes cerraron y se perdieron 300 mil puestos de trabajo, cifras que utilizó para dimensionar las dificultades que, según su diagnóstico, atraviesa el sector productivo.
El gobernador consideró que el crecimiento de actividades como la minería y la energía no debería implicar la pérdida de capacidad industrial en sectores que tradicionalmente generan empleo y actividad económica en distintas regiones del país.
Para explicar su posición, mencionó a Metalfor y Pauny, dos compañías vinculadas con la maquinaria agrícola que identificó como ejemplos de las dificultades que enfrentan industrias consolidadas.
Llaryora advirtió que los problemas de estas empresas no quedan limitados a sus establecimientos. También alcanzan a talleres, proveedores de insumos, fabricantes de componentes y otras firmas que dependen de la actividad de las grandes industrias.
En particular, señaló que el deterioro puede extenderse a diferentes niveles de proveedores y repercutir sobre el empleo de localidades del interior cuya economía depende de esas cadenas productivas.
El mandatario reclamó una política industrial que permita impulsar nuevas inversiones sin desatender a los sectores existentes. Su planteo apuntó a preservar las capacidades productivas desarrolladas durante décadas y evitar que las dificultades de determinadas empresas se trasladen al conjunto de sus proveedores.
Llaryora cuestionó a Caputo por la propuesta sobre el impuesto a los Sellos
Otro de los momentos centrales de la jornada se produjo cuando el gobernador cordobés respondió al anuncio realizado por Luis Caputo sobre una posible eliminación del impuesto a los Sellos.
El ministro de Economía propuso avanzar en un acuerdo con las provincias para reducir ese tributo, cuya recaudación anual estimó entre 4 y 5 billones de pesos, equivalentes aproximadamente a entre el 0,4% y el 0,5% del Producto Bruto Interno.
La iniciativa contempla que, bajo determinadas condiciones, el Estado nacional compense la mitad de la recaudación que las provincias dejarían de percibir, mientras las jurisdicciones asumirían el costo de resignar la otra mitad.
Sin embargo, Llaryora cuestionó la metodología elegida por el Gobierno para presentar la propuesta y reclamó que una reforma impositiva se discuta previamente con los gobernadores.
El mandatario planteó que cualquier modificación del sistema tributario debería contemplar también impuestos nacionales, entre ellos el tributo sobre los débitos bancarios, y no concentrarse únicamente en los gravámenes provinciales.
La discusión expuso diferencias respecto de cómo distribuir el esfuerzo fiscal entre la Nación y las provincias, en momentos en que los gobiernos subnacionales también reclaman recursos para sostener sus servicios e infraestructura.
Pullaro acompañó las críticas y pidió discutir el sistema tributario federal
Las declaraciones de Llaryora fueron respaldadas por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien compartió el panel de la Conferencia Industrial y manifestó su coincidencia con los planteos del mandatario cordobés.
Pullaro expresó su disposición a discutir modificaciones del sistema tributario federal, pero sostuvo que el debate también debe incluir los impuestos nacionales que afectan a la actividad agropecuaria e industrial.
De esta manera, ambos gobernadores coincidieron en reclamar una discusión más amplia sobre la estructura tributaria y las condiciones necesarias para sostener la producción.
La posición conjunta resulta relevante para dos provincias con una fuerte presencia de actividades industriales, agroindustriales y de maquinaria agrícola, cuyos establecimientos mantienen vínculos productivos con empresas de otras jurisdicciones.
Obras públicas, combustibles y reclamos pendientes a la Nación
El cuestionamiento de Llaryora también alcanzó a la relación fiscal entre la Nación y las provincias, particularmente por los recursos asociados al impuesto a los combustibles y la ejecución de infraestructura vial.
El gobernador reclamó por el destino de fondos vinculados con ese tributo y cuestionó la falta de obras en rutas nacionales, una problemática que afecta la conectividad y el transporte de la producción.
El planteo se extendió a las diferencias en los subsidios al transporte, otro de los asuntos que generan reclamos de las administraciones provinciales frente al Gobierno central.
Estas demandas se suman al debate por el sostenimiento de la actividad económica en el interior y por el papel de la infraestructura pública en el desarrollo productivo.
La intervención de Llaryora y Pullaro dejó planteadas dos discusiones ante el Gobierno nacional: la necesidad de políticas para contener el cierre de empresas y la pérdida de empleo, y la negociación de un esquema tributario que contemple los recursos y las responsabilidades de las provincias.