Obras sociales: el reclamo que une a los gremios y pone presión sobre Caputo y Lugones
Más de medio centenar de gremios que integran la CGT impulsan una presentación judicial contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por la presunta retención de $688.000 millones destinados al sistema de obras sociales. El reclamo también alcanza al ministro de Salud, Mario Lugones, a quien cuestionan por la falta de respuestas ante las dificultades para sostener las prestaciones. Si no hay una solución, las organizaciones plantean promover un paro general de 36 horas con movilización.
La iniciativa reúne a sectores de distintas corrientes sindicales, entre ellos el jefe de los gastronómicos, Luis Barrionuevo, el de Comercio, Armando Cavalieri, y referentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). El punto de coincidencia es la exigencia de liberar recursos que, según sostienen, corresponden al financiamiento de la atención médica de los trabajadores y sus familias.
Los sindicatos proponen avanzar contra Caputo por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras responsabilizan a Lugones por la ausencia de soluciones a sus planteos. El reclamo se inscribe en el plan de lucha contra el Gobierno que la central obrera anunció el 25 de junio.
Los fondos que reclaman las obras sociales
De acuerdo con el planteo gremial, la suma en disputa tiene dos componentes: $288.000 millones del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que se encontrarían depositados en un plazo fijo en el Banco Nación y otros $400.000 millones en Fondos Comunes de Inversión, vinculados con deudas por aportes de adherentes voluntarios.
La situación fue analizada durante un encuentro en la sede del Sindicato Obreros de Maestranza (SOMRA). Allí, los representantes sindicales cuestionaron que las conversaciones con las autoridades sanitarias no hubieran derivado en medidas concretas y describieron las dificultades operativas que atraviesan las prestadoras.
“Tuvimos tres reuniones con el ministro Lugones y no hubo ninguna propuesta concreta. Mientras tanto, las obras sociales se caen a pedazos y los trabajadores se quedan sin cobertura”, señalaron los dirigentes.
La UOM Capital, conducida por Roberto Bonetti, advirtió que el 90% de los recursos del Fondo Solidario se destina a prestaciones de discapacidad. Según su diagnóstico, esa distribución deja sin financiamiento suficiente a los tratamientos de alta complejidad y a la provisión de medicamentos. Frente a ese panorama, las organizaciones exigieron la liberación inmediata de las partidas y la actualización del nomenclador de medicamentos, que denunciaron como congelado desde hace tres años.
La posibilidad de una huelga de 36 horas
Además de la vía judicial, las organizaciones evalúan medidas de fuerza parciales o la búsqueda de un acuerdo para impulsar una huelga general de 36 horas con movilización en todo el país. Esta última alternativa está condicionada a la falta de respuestas y requiere consenso: todavía no hay una fecha anunciada para su realización.
El planteo combina la demanda por el financiamiento de las obras sociales con el rechazo al rumbo económico de la gestión de Javier Milei. Los gremios buscan que el Gobierno libere los recursos reclamados y adopte medidas ante las dificultades que describen en el sistema de cobertura médica.
“El responsable político de la salud de los argentinos es el ministro Lugones. Si no actúa ahora, el sistema colapsa”, expresaron los dirigentes en el documento sindical, con el que reforzaron su pedido de una intervención urgente.
IOSFA: preocupación por el cierre de farmacias y los empleos
En paralelo al reclamo sindical, la situación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) genera preocupación entre trabajadores y afiliados por el cierre previsto de farmacias propias, centros de salud y delegaciones en distintos puntos del país.
Los cambios alcanzan a una entidad con unos 320.000 afiliados y pondrían en riesgo alrededor de 1.450 puestos de trabajo. Entre las medidas previstas figura el cierre de las 31 farmacias propias, además de la desactivación de otros espacios de atención.
El impacto también alcanza a localidades bonaerenses como La Plata, Punta Alta, Tandil y Punta Indio, donde la continuidad de los servicios y el futuro de las fuentes laborales forman parte de las principales preocupaciones de trabajadores y afiliados.