Presupuesto 2027: crece una sospecha entre los aliados de Milei
La negociación del Presupuesto 2027 llega al tramo final de las sesiones ordinarias sin respuestas concretas a varios de los reclamos de los bloques aliados y dialoguistas. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibirá este jueves a sus referentes para comunicar qué modificaciones acepta el oficialismo, que pretende llevar el proyecto al recinto el miércoles 25 de noviembre.
La reunión deberá aportar definiciones después de semanas de conversaciones. “Ahí se van a ver las cartas”, señalaron desde la bancada libertaria, mientras el calendario reduce el margen para conseguir los acuerdos necesarios y avanzar con la media sanción.
Aunque en el PRO confían en que el Gobierno terminará aceptando “casi todo”, esa expectativa no se extiende al conjunto de los interlocutores. En otros bloques, la demora comenzó a alimentar una sospecha: que el Ejecutivo busque prorrogar el presupuesto vigente y conservar un mayor margen de maniobra durante el año electoral.
La falta de respuestas alimenta la desconfianza
El malestar de los sectores dialoguistas se concentra en la ausencia de definiciones sobre los cambios que solicitaron. Un diputado de un bloque provincial sostuvo que todavía no recibieron explicaciones y que los interlocutores oficiales se limitan a responder que no tienen autorización para avanzar. Desde ese sector interpretan que el Gobierno podría responsabilizar a la oposición por la falta de una nueva ley presupuestaria.
Esa posibilidad aparece, por ahora, como una sospecha de una parte de los bloques que participan de la negociación, no como una decisión anunciada por el Ejecutivo. El antecedente que mencionan es el de los primeros dos años de gestión de Javier Milei, cuando el Gobierno recurrió a la prórroga presupuestaria.
En el PRO, en cambio, mantienen una mirada más favorable sobre el resultado de las conversaciones, aunque reconocen que sigue pendiente cómo resolver la deuda de coparticipación con la ciudad de Buenos Aires, uno de los asuntos que todavía requiere una respuesta.
Universidades y discapacidad, dos pedidos sin garantías
El financiamiento de las universidades nacionales ocupa un lugar central entre las diferencias. El proyecto contempla $7 billones, mientras que los rectores reclaman un mínimo de $11 billones. La distancia entre ambos montos sostiene el pedido de una ampliación de las partidas.
La visita del papa León XIV reforzó ese planteo y el reclamo por la implementación de la reforma del área de Discapacidad, que obtuvo media sanción en Diputados con amplio respaldo opositor. Los dialoguistas buscan garantías de que el Gobierno abandonó efectivamente la intención de recortar los gastos del sector, como había propuesto en la primera versión del Presupuesto.
Las conversaciones, por lo tanto, no se limitan a los montos asignados. También incluyen la exigencia de compromisos sobre el sostenimiento de las políticas que los bloques consideran necesario preservar.
Los subsidios al AMBA abrieron otro frente con los gobernadores
La negociación sumó tensión por la decisión de la Secretaría de Transporte de otorgar mayores subsidios a las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde noviembre para evitar aumentos del boleto. Los gobernadores aliados cuestionaron la diferencia de trato con el interior, donde reclaman herramientas para contener los costos del servicio.
“El discurso de ‘no hay plata’ se contradice con estas decisiones, donde Nación cede ante la presión de las empresas porteñas mientras sigue postergando al interior”, sostuvo el mandatario salteño, Gustavo Sáenz.
El cordobés Martín Llaryora también rechazó la medida. “No se puede invocar el equilibrio fiscal para negar respuestas a las provincias y, al mismo tiempo, ampliar la asistencia al AMBA”, afirmó. Además, calificó ese criterio como “una política discriminatoria y populista idéntica a la del kirchnerismo”.
Las provincias reclaman una reducción del Impuesto a los Combustibles Líquidos y cuestionan que el Gobierno no destine los recursos correspondientes al mantenimiento de las rutas nacionales. Sostienen que una baja del tributo permitiría reducir costos fijos y ayudaría a contener los aumentos de los pasajes.
La actualización de la AUH y las asignaciones, también en discusión
Entre los cambios pendientes figura, además, la eliminación de los artículos que derogan la movilidad automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las asignaciones familiares del SUAF. El reclamo apunta a preservar el mecanismo de actualización de esas prestaciones.
El Sistema Único de Asignaciones Familiares alcanza a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados, pensionados y otros beneficiarios formales. Su inclusión en la negociación suma otro punto de desacuerdo que el oficialismo deberá resolver si busca reunir los apoyos para tratar el proyecto.
Con la fecha del 25 de noviembre como objetivo, la reunión convocada por Menem deberá precisar cuáles de estos pedidos tendrán lugar en el texto. Hasta entonces, las expectativas de acuerdo conviven con la desconfianza de los bloques que siguen esperando respuestas.