El negocio de las fotomultas entra en discusión: los cambios que la oposición llevó a la mesa de Kicillof
El sistema de fotomultas bonaerense abrió una instancia de negociación entre el Gobierno provincial y sectores de la oposición. El ministro de Transporte, Martín Marinucci, recibió a los diputados Andrés De Leo, de la Coalición Cívica, y Matías Civale, de UCR + Cambio Federal, para analizar dos proyectos que cuestionan aspectos centrales del funcionamiento de los controles electrónicos: las condiciones que deben cumplir los radares y el esquema de participación de las empresas privadas.
Las propuestas tienen enfoques diferentes. Mientras De Leo impulsa mayores exigencias técnicas, señalización previa y la nulidad de actas emitidas por dispositivos que incumplan las reglas, Civale busca impedir que los proveedores tecnológicos cobren porcentajes asociados a las infracciones. Ambos planteos llevan al debate legislativo una discusión sobre quién administra los controles, cómo se aplican las sanciones y qué incentivos económicos intervienen en el sistema.
“La seguridad vial se construye con diálogo y consensos”, sostuvo Marinucci al comunicar el encuentro en sus redes sociales. El funcionario confirmó que conversaron sobre las iniciativas y las posibles modificaciones al régimen de fiscalización electrónica.
La respuesta de Transporte y los actores de la negociación
Marinucci buscó encuadrar la discusión en la prevención y la transparencia. “Tenemos una convicción: la fiscalización debe ser una herramienta de prevención, transparencia y seguridad vial, con un objetivo central: cuidar la vida”, expresó.
El ministro también manifestó su disposición a recibir propuestas de otros espacios: “Siempre vamos a estar abiertos a escuchar propuestas, debatir alternativas y construir soluciones que permitan mejorar las políticas públicas para las y los bonaerenses”.
Del encuentro participaron, además, los diputados Rubén Eslaiman y Roberto Vázquez, el senador Marcos Pisano, el subsecretario Damián Contreras y el director provincial Jorge Orzali, según detalló el propio funcionario.
La convocatoria reunió así a representantes del Ejecutivo y de distintos bloques legislativos para abordar iniciativas que incluyen modificaciones técnicas y contractuales. “Más allá de las diferencias políticas, el camino es trabajar juntos para lograr lo mejor para las y los bonaerenses”, afirmó Marinucci.
El proyecto de De Leo propone modificar la Ley Provincial de Tránsito 13.927 y establecer condiciones más precisas para la instalación y el funcionamiento de los dispositivos de fiscalización.
Entre sus puntos centrales aparecen la homologación de los equipos, las verificaciones técnicas y metrológicas con una periodicidad máxima de seis meses y un registro público actualizado. Esa información debería permitir conocer la ubicación de cada radar, su número de serie, la autorización de emplazamiento y sus certificaciones vigentes.
La propuesta también exige cartelería visible y uniforme al menos 500 metros antes del punto de medición, con indicación del límite de velocidad y reducciones graduales cuando correspondan. El texto vincula la validez de las sanciones con el cumplimiento de las condiciones obligatorias: las actas y fotomultas correspondientes podrían declararse nulas si los dispositivos incumplen las exigencias previstas. Además, fija un plazo de 90 días para adecuar los equipos existentes.
“Basta de radares tramposos. Los controles tienen que prevenir, no recaudar”, sostuvo el diputado al presentar la iniciativa. Su planteo apunta a que la aplicación de una sanción esté respaldada por condiciones verificables de funcionamiento y señalización.
Las comisiones privadas, el otro eje del conflicto
La iniciativa de Civale se concentra en el reparto de responsabilidades entre el Estado y las empresas que suministran tecnología. El legislador propone modificar el artículo 28 de la ley de tránsito para reservar a funcionarios públicos la planificación y ubicación de los radares, el procesamiento y validación de la información, y la emisión y notificación de las infracciones. Las compañías podrían continuar proveyendo equipos y sistemas, pero quedarían excluidas de esas funciones.
El otro punto central es prohibir las comisiones, porcentajes o incentivos económicos vinculados con la cantidad o el monto de las multas cobradas. El cuestionamiento del diputado se dirige al incentivo que genera un esquema en el que los ingresos del proveedor aumentan junto con las sanciones.
“Las fotomultas tienen que servir para prevenir accidentes y salvar vidas, no para convertirse en un negocio de unos pocos”, sostuvo Civale al fundamentar la propuesta. El legislador aclaró que busca conservar los controles tecnológicos con supervisión estatal y criterios de prevención.
La digitalización avanza mientras se discuten las reglas
La negociación legislativa coincide con nuevas medidas administrativas de Transporte. La Disposición 99/2026, publicada el 6 de noviembre en el registro normativo bonaerense, aprobó la creación e implementación del Asistente Virtual de Infracciones BA como canal complementario de atención.
La herramienta permite consultar infracciones mediante el DNI o la patente, visualizar el acta original y descargar el cupón de pago. El Ministerio ya había anunciado su disponibilidad en agosto, por lo que la publicación normativa se inscribe en un proceso de digitalización iniciado previamente.
La regulación establece que las respuestas del asistente tienen carácter informativo y orientativo, y resguarda el derecho de defensa de las personas presuntamente infractoras. El canal complementa la consulta de multas, mientras los procedimientos administrativos mantienen sus instancias correspondientes.
En paralelo, Transporte amplió el certificado de conformidad de Tránsito Seguro S.A. para incorporar un nuevo modelo de cinemómetro fijo. La medida habilita esa tecnología dentro del registro provincial; por sí sola no acredita la instalación de nuevos radares en ubicaciones concretas.
Con esas decisiones en marcha, el debate parlamentario sigue pendiente. La reunión abrió un canal para discutir las condiciones de fiscalización, la participación privada y los mecanismos de transparencia, pero todavía resta definir qué modificaciones reunirán respaldo y cómo quedarán plasmadas en la normativa.