Otro aumento de agua: cómo impactará el nuevo esquema de AySA en los municipios bonaerenses
El gobierno de Javier Milei aprobó una modificación de las tarifas de AySA que incorporará aumentos adicionales para una parte de los usuarios del Conurbano bonaerense desde el 1.º de febrero de 2027. La decisión llega antes de concretarse el traspaso de la compañía al sector privado y modifica el peso de la ubicación de los inmuebles en el cálculo del servicio de agua potable y cloacas.
El cambio quedó establecido mediante la Resolución 45/2026 del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), publicada este viernes en el Boletín Oficial. La norma reemplaza la clasificación territorial vigente y establece una aplicación gradual de los incrementos, con reducciones inmediatas para quienes resulten beneficiados por el nuevo mapa.
El alcance bonaerense es central: la empresa presta servicios en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios de la Provincia. Por eso, la modificación atraviesa zonas del norte, oeste y sur del área metropolitana, con consecuencias diferentes según la categoría asignada a cada inmueble y su modalidad de facturación.
El tope que no limita toda la factura
Para los cargos alcanzados por la nueva zonificación, el ERAS fijó un límite del 1,5% mensual acumulativo sobre el componente variable afectado. Ese porcentaje se agrega a las actualizaciones que ya contempla el mecanismo tarifario vigente: no representa un techo general para el aumento de la factura.
La diferencia resulta importante para interpretar los anuncios. Una cuenta puede registrar simultáneamente el ajuste habitual y la incorporación gradual del nuevo coeficiente. Además, algunos hogares perderán progresivamente una bonificación que reciben bajo la clasificación actual.
Como referencia matemática, doce incrementos consecutivos del 1,5% acumulan aproximadamente 19,6% sobre el componente al que se aplican. Eso no significa que todas las boletas vayan a aumentar ese porcentaje ni que ese sea el incremento total previsto para 2027: dependerá del recorrido necesario para alcanzar la nueva tarifa y de las demás modificaciones.
La concesionaria había solicitado un cronograma más acelerado, con subas acumulativas de hasta el 5% mensual para determinados cargos. El regulador rechazó esa modalidad y redujo el ritmo de aplicación.
Morón, Tres de Febrero y Vicente López, entre las zonas más expuestas
Las simulaciones presentadas por AySA proyectan una suba promedio del 26,7% en Morón, del 22,5% en Lomas de Zamora, del 19,7% en Vicente López y del 18,3% en Tres de Febrero. En Almirante Brown, el incremento medio previsto es del 13,5%; en San Martín, del 12,6%; y en Lanús, del 12,5%.
También proyectan rebajas promedio en distintas zonas del Conurbano. José C. Paz registra la mayor reducción, del 27,9%, seguido por Malvinas Argentinas, con el 19,2%. En La Matanza Oeste, la disminución prevista es del 13,6%; en Florencio Varela, del 13,4%; y en Presidente Perón, del 6,9%.
La reorganización reduce de once a cinco los niveles zonales y utiliza información del Censo 2022 y de la Encuesta Permanente de Hogares para estimar las características socioeconómicas de las áreas. La justificación oficial es actualizar criterios que llevaban décadas sin una revisión integral.
En la presentación original, AySA calculó que cerca del 60% de los usuarios residenciales tendría incrementos, mientras alrededor de un 20% accedería a reducciones y otro 20% no registraría cambios por la reclasificación.
Uno de los cambios más relevantes es la continuidad de la bonificación del 15% sobre el coeficiente de modificación K para las categorías baja y media baja. Quienes hoy reciben ese beneficio y pasen a niveles superiores tendrán una reducción escalonada del descuento entre febrero y noviembre de 2027.
La resolución también establece protección adicional para los beneficiarios de la Tarifa Social y una prórroga excepcional de un año para quienes tengan el subsidio vigente al 31 de diciembre de 2026. Los recursos adicionales del nuevo esquema deberán destinarse a ese programa; si existen excedentes, el ERAS podrá autorizar su aplicación a mayores metas de inversión.
La privatización avanza con las tarifas definidas
La decisión se conoce mientras continúa el proceso de transferencia del 90% de las acciones de AySA, adjudicado al consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, PHX Aqua AR B.V. y Transclor, por US$340,2 millones. La firma del contrato de compraventa, inicialmente prevista para noviembre, fue postergada hasta el 17 de diciembre.
El calendario coloca la reorganización tarifaria antes del cambio operativo. Según el cronograma informado, los nuevos administradores asumirían entre enero y febrero de 2027, con las condiciones del primer ciclo de concesión ya establecidas y un compromiso mínimo de inversión superior a US$2.000 millones durante los primeros cinco años.
La operación arrastra cuestionamientos bonaerenses. Los reclamos por el acceso a la tasación oficial y las condiciones de venta involucraron a legisladores nacionales, autoridades municipales y la Defensoría del Pueblo provincial. Entre los puntos discutidos aparecen la información disponible, el valor de transferencia y las garantías para los usuarios.
A esa controversia se suma la exigencia de preservar las obras, las inversiones y la calidad del servicio. La Defensoría bonaerense reclamó judicialmente que se acreditara el cumplimiento de las obligaciones de abastecimiento, saneamiento y protección ambiental durante el proceso de privatización.
En los municipios alcanzados, la discusión reúne así dos compromisos que deberán cumplirse en paralelo: las nuevas condiciones de pago y las inversiones necesarias para sostener y ampliar las redes. Nación ya autorizó la modificación tarifaria; la continuidad de las obras y las garantías del servicio siguen formando parte del reclamo bonaerense ante el cambio de operador.