La presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, pidió ante la Cámara Federal porteña que confirmen los procesamientos con millonarios embargos de bienes dictados a los cuatros integrantes de la agrupación Revolución Federal que se encuentran procesados por amenazas y atentado contra el orden público.

En cambio, las defensas de los imputados Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Ángel Guerra, Sabrina Basile pidieron ante la misma instancia el “urgente sobreseimiento” y la nulidad de la decisión tomada en primera instancia por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien instruye en esa causa.

Este grupo es sindicado por la querella que representa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de tener vinculaciones con las personas que están detenidas por haber planificado y ejecutado el intento de asesinato a la exmandataria, en el marco de un expediente a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.

A Sosa, Guerra Basile, y al otro acusado, Jonathan Morel, se les atribuyó llevar a cabo un plan criminal que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor, con actividad mensajes “con contenido violento” en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, y hechos como la denominada “Marcha de las antorchas”, realizada en agosto pasado.

Al procesarlos, el juez entendió que los integrantes de Revolución Federal se “planificaron”, “coordinaron” y “difundieron” “mensajes de odio”, “actos intimidatorios” y “manifestaciones violentas” contra autoridades públicas.

La exministra de Economía fue aceptada como querellante por haber sido víctima de uno de los escraches del grupo, según la imputación hecha en la causa a los cuatro detenidos, y es representada por el abogado Alejandro Rúa.

En su presentación, el letrado sostuvo que expresiones como “que le metan una bomba a la Casa Rosada”; “hay que prenderles fuego” para que “el cáncer del kirchnerismo no esté más”; “se terminó el salir a la calle pacíficamente”; “me dan ganas ya mismo de armarme cinco antorchas”; “el tema es que gobiernen con miedo, con cagazo”; “hay que matarlos” y “rompamos todo” porque “esto se resuelve con sangre”, entre otras, “contradicen la desvinculación que lloraron los imputados” ante la justicia.

Las defensas de Sosa y Guerra pidieron a la Sala I de la Cámara que revoque sus procesamientos y embargos de 9 millones de pesos en sendos escritos con similares argumentos presentados por la abogada Gladys Egui, quien cuestionó, además, que el juez haya querido vincular esta causa con la investigación por la tentativa de homicidio contra Fernández de Kirchner

La letrada, contra lo evaluado al dictar los procesamientos, negó que expresar opiniones contrarias a la coalición gobernante del Frente de Todos (FdT) o al gobierno fuera equivalente a incitar a la violencia colectiva, y pedir la renuncia de las autoridades públicas “lejos de ser un delito es un derecho constitucional”.

Agregó que “es ilógico pensar que un grupo de no más de diez personas manifestándose pacíficamente infrinja temor a las autoridades públicas” y que el supuesto “aprovechamiento” del “malestar de la población” invocado en los procesamientos, fue una “protesta social” ya que tal situación se debe “a la política que lleva adelante el gobierno y nos ha sumergido en esta crisis”.

Para la defensa de Basile, el magistrado de primera instancia realizó “denodados esfuerzos” para criminalizar “un comportamiento que no reviste ningún cariz delictivo”.

"Estamos frente a un decisorio extremadamente peligroso como precedente jurisdiccional cuanto menos en lo que a nuestra asistida respecta, que nos obliga a todos los operadores del sistema penal –no solo a estos defensores- corregirlo a tiempo”, porque “la demora en hacerlo provocará no solo mayores perjuicios a una persona inocente sino también un mayor e improductivo desgaste jurisdiccional”, expusieron los abogados Gustavo Romano Dufau y Gerardo Pardo. (Télam)