La Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales (EXIGIR) se sumó a los pedidos de juicio político a dos de los jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, por presunta connivencia con el gobierno de Cambiemos para para que la ex jueza Elena Highton de Nolasco permaneciera en el máximo tribunal después de cumplir los 75 años de edad.

Esa situación generó una causa penal que el juez Ariel Lijo, con intervención del fiscal Carlos Stornelli, archivó a fines de 2021.

No obstante, la ONG Exigir invocó la causal de “mal desempeño o -en su caso y de corresponder- por delito en el ejercicio de sus funciones” a raíz de aquella supuesta maniobra.

Según la denuncia, presentada ante la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, los jueces Lorenzetti y Rosenkrantz “se valieron de información privilegiada para beneficiar a la ex jueza Elena Highton en el trámite del expediente ‘Schiffrin’, en connivencia con el entonces ministro de justicia Germán Garavano a través del secretario de justicia Santiago Otamendi”.

Otamendi es hoy juez del Tribunal Superior de Justicia porteño, la máxima instancia judicial de la Capital Federal.

Highton inició una acción de amparo apenas cumplió 74 años de edad, cuando ya estaba a estudio de la Corte un planteo del juez Leopoldo Schiffrin para continuar siendo magistrado después del límite etario de los 75 años.

La ex jueza obtuvo un fallo favorable de primera instancia; el gobierno de Cambiemos no lo apeló y, poco después, la Corte sacó el “Fallo Schiffrin” que obligó a todos los jueces a jubilarse al cumplir los 75 años de edad.

“Las comunicaciones entre los jueces denunciados y el ministerio de justicia se habrían dado a través de Fabián Rodríguez Simón, en algunos de los 91 contactos telefónicos mantenidos entre ellos. Toda esta maniobra fue necesaria ya que el gobierno nacional por aquel entonces no tenía las mayorías necesarias para nombrar un nuevo juez de la Corte si se jubilaba Elena Highton, ni para prorrogar su mandato de Highton por la vía constitucional”, sostiene la denuncia de Exigir.

Lorenzetti y Rosenkrantz “retuvieron el expediente que obligaría a Highton a jubilarse, y congeniaron con ella que iniciara un amparo antes de tiempo, y que la sentencia obtenida en dicho amparo no fuese apelada por el Ministerio de Justicia a cargo de Garavano justo un mes antes de que la Corte dictara el fallo Schiffrin”, sostiene la denuncia.

“Se manipularon los tiempos del máximo tribunal de la nación en una causa judicial con el solo fin de beneficiar a uno de sus miembros y al gobierno nacional de turno; prorrogando el mandato de una jueza por fuera de los mecanismos constitucionales previstos expresamente a tal fin”, subraya.

Según Exigir, “Lorenzetti tenía la facultad, como presidente del tribunal en aquel momento, de convocar al acuerdo de ministros para dictar el fallo cuando él lo dispusiese, tal cual fue denunciado por el propio juez Rosenkrantz cuando se defendió en la causa penal”.

NE/MG/SPC NA