Designaron al nuevo fiscal que seguira el caso de los estudiantes de Ayotzinapa

El abogado Rosendo Gómez Piedra fue designado como nuevo titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), de la Fiscalía General de la República (FGR) de México, tras la salida del cargo de Omar Gómez Trejo.
De Tabasco y señalado por los medios como cercano al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, Gómez Piedra asumió el cargo con fecha 1 de octubre, aunque su nombramiento se conoció hoy.
Gómez Trejo había presentado su renuncia al cargo por diferencias con el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, quien había desistido de 20 órdenes de aprehensión en contra de presuntos involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El saliente funcionario consideró que se actuó a sus espaldas y que hubo "injerencia indebida" de los superiores jerárquicos de la Fiscalía General en la responsabilidad independiente de la unidad que investiga la desaparición, el 26 de septiembre de 2014, de los estudiantes.
La renuncia siguió a la emisión de acusaciones y órdenes de detenciones incompletas de militares vinculados al caso, y la cancelación de otras órdenes de detención contra presuntos responsables de la desaparición de los jóvenes.
El Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez SJ", que representa jurídicamente a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, protestó por las circunstancias que llevaron a la renuncia.
Hasta su designación hoy, Gómez Piedra se desempeñó como director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), encargado de la construcción del Tren Maya en el sureste del país, y ocupó la titularidad del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Tabasco.
Es Doctor en Ciencias Penales y Política Criminal, y tiene una especialidad en Derecho Judicial y Maestría en Derecho Penal, reportaron los sitios de El Universal y Jornada.
Fue también subprocurador de procesos en la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
El 9 de agosto pasado se presentó el informe de la Comisión de la Verdad, que concluyó que el hecho "fue un crimen de Estado", y que "no hay indicios para afirmar que los estudiantes estén vivos".
Ese trabajo desmontó la supuesta "verdad histórica" que defendió la administración anterior del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-18).
Según esa versión, los jóvenes fueron detenidos y entregados por policías locales al cartel Guerreros Unidos al ser confundidos con miembros de una banda enemiga.
Tras ser baleados, sus restos fueron incinerados y arrojados al basurero de Cocula, según la misma tesis, rechazada por familiares, el Gobierno de López Obrador y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos. (Télam)