Acusan a la derecha peruana de pretender ocultar la memoria de la violencia de 1980-2000

(Por Gonzalo Ruiz Tovar, especial desde Lima) El cierre temporal en Lima del Lugar de la Memoria (LUM), sitio que recuerda y documenta la violencia política sufrida por Perú de 1980 a 2000, desató en los últimos días una polémica en el país, en medio de denuncias sobre supuestos planes de la derecha para imponer su narrativa.
La medida, dispuesta por la alcaldía del distrito limeño Miraflores por supuesta falta de un certificado de seguridad, coincidió además con una reunión en Lima de militantes de derecha iberoamericanos y con el anuncio de la prohibición de entrada al país a 15 argentinos y una estadounidense que apoyan al destituido presidente Pedro Castillo.
La Unión Europea (UE), uno de cuyos miembros, Alemania, financió la construcción y la implementación del LUM, expresó en un comunicado “preocupación” por la clausura del lugar y declaró confianza en que “se tomen las medidas necesarias para reabrir lo antes posible y de manera segura ese espacio público vital para un debate social importante”.
La clausura, respaldada por cuestiones burocráticas, generó suspicacias adicionales porque se produjo justo horas antes de que en ese lugar se entregara un informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en Perú y porque el alcalde metropolitano de Lima, Rafael López Aliaga, ha expresado objeciones a su existencia.
“Basta ya de estos museos de la memoria y la reconciliación que no tienen nada de memoria ni reconciliación”, dijo en enero López Aliaga al asistir a la posesión como nuevo alcalde de Miraflores de Carlos Canales, su subordinado en el partido ultraconservador Renovación Popular (RP).
“Allí se escribe una narrativa donde los mismos guías te mienten descaradamente poniendo a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como si fueran agresoras, y eso no es así, han salido a defender a la patria porque esa es su misión”, dijo el jefe del gobierno de Lima en esa oportunidad.
López Aliaga, que no oculta que usa la alcaldía como trampolín para llegar a la presidencia de Perú, le pidió además esa vez a Canales que buscara que el LUM fuera manejado por las Fuerzas Armadas y no por el Ministerio de Cultura, como ocurre en la actualidad.
El cierre “es un acto ilegal, injusto y abusivo con una institución que ha ganado un premio de arquitectura en Perú y América Latina, que no tiene todas las perfecciones que uno puede esperar, pero cumple con todas las normas de seguridad”, reaccionó el director del LUM, el historiador Manuel Burga.
Un excoordinador del museo, Mauricio Zavaleta, afirmó que nunca hubo antes problemas con Miraflores en siete años del local, pues sus inspectores hacían observaciones de seguridad que eran subsanadas. En ese marco, tildó la decisión de la alcaldía distrital de “acto político”.
Según el portal de investigación periodística Ojo Público, solo tres de 56 museos administrados por el Ministerio de Cultura cuentan con el certificado de inspección técnica de seguridad, el documento cuya ausencia motivó el cierre, del que no se sabe por cuánto tiempo estará vigente.
En el LUM, cuyo nombre completo es Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, están almacenados y a disposición del público más de 4.000 archivos y miles de materiales fotográficos y de video que documentan la violencia con base en el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
Aunque la CVR y el LUM son explícitos en señalar que la mayor parte de culpa por la violencia -que según sus cálculos dejó casi 70.000 muertos- recae en los grupos ultraizquierdistas Sendero Luminoso y MRTA, sectores de la derecha y de las Fuerzas Amadas aseguran que la comisión y el museo hacen apología de la subversión.
Esto, debido a que el informe también documenta excesos cometidos por las Fuerzas Armadas, lo que se refleja en el museo, cuya construcción fue coordinada por un grupo encabezado por alguien insospechado de izquierdismo: el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.
“A la derecha no le gusta la memoria porque le arde, cerrar el LUM es toda una metáfora; si por ellos fuera propondrían una amnistía colectiva, una epidemia del olvido, un cáncer del recuerdo; el pasado los condena, para ellos, recordar es morir”, reaccionó el periodista y analista César Hildebrandt.
“Ese es nuestro museo también; esa memoria es para nunca olvidar, no para cerrar”, señaló por su parte la presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos”, Lidia Flores.
Cuando se decidió construir el LUM, algunos distritos de Lima con administraciones de derecha buscaron no albergarlo, pero al final lo hizo Miraflores, uno de los más emblemáticos y sector de residencia de clase alta y media-alta.
Se construyó en Miraflores, pero “en un terreno alejadísimo, distante de los parques y grandes atractivos del distrito, en una parte del acantilado donde se oculta tras la neblina, un lugar recóndito, casi imposible de alcanzar caminando”, recordó la semana pasada el escritor Juan Manuel Robles.
“No es que (los críticos del LUM) crean realmente que es ‘proterrucoÂ’ (proterrorista), lo que les molesta es que, a pesar de todas las presiones, el museo siga mostrando también, entre tanto horror, una victoria de la sociedad peruana: la caída del autócrata (Alberto) Fujimori”, añadió Robles en una columna periodística.
Por ahora, el museo está funcionando en forma virtual, sin presencia de público. Sus directivos esperan reabrir pronto.
El cierre se produjo además en una semana en que Lima fue sede de una reunión de activistas de derecha de varios países, con protagonismo del partido español Vox, nucleados en el Foro de Madrid, que se presenta como contraparte del Foro de San Pablo.
Asimismo, la semana pasada se conoció que el departamento de Migraciones prohibió la entrada de los argentinos que se presentaban como miembros de una misión de derechos humanos, bajo el argumento de que ya antes habían creado problemas en el país al inmiscuirse en temas internos.
Para organizaciones de izquierda, la acogida a los invitados del Foro de Madrid y el rechazo a los activistas pro-Castillo muestra un doble rasero de parte del gobierno de la presidenta Dina Boluarte y de sus aliados circunstanciales, entre los cuales López Aliaga y su partido tienen un sitio notable. (Télam)