Tras sortear la destitucion, Vizcarra quedo apuntado por el Ministerio Publico

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, que conservó su cargo al fracasar anoche una moción para destituirlo en el Congreso, quedó sin embargo sospechado por el Ministerio Público, que lo relacionó con “un presunto hecho de connotación penal”, informó hoy la prensa local.
La fiscal anticorrupción Janny Sánchez vinculó a Vizcarra y a la exministra de Cultura Patricia Balbuena con aparentes responsabilidades en la contratación irregular del cantante Richard Cisneros en el caso que originó el escándalo que motivó el juicio político al mandatario.
“Se advierte la presunta vinculación con altos funcionarios públicos de gobierno como son el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, actual presidente de la república, y la exministra de Cultura Patricia Jacquelyn Balbuena Palacios, con un presunto hecho de connotación penal”, afirmó Sánchez.
Lo hizo en la resolución en la que decidió investigar e imputar a tres exfuncionarias de menor rango, revelaron el diario limeño La República y la radio RPP.
Además, al no tener competencia para investigar a Vizcarra y Balbuena, Sánchez remitió un informe a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que esta se pronuncie de acuerdo con sus atribuciones.
De cualquier forma, si se comprobara que Vizcarra cometió algún delito solo podrá ser procesado por la Justicia una vez que deje el cargo, lo que debe ocurrir el 28 de julio de 2021 o podría suceder antes solo si el Congreso volviera a formarle un proceso de vacancia y reuniera los votos necesarios para destituirlo.
Mientras tanto, Sánchez resolvió investigar e imputar a Mirian Morales, ex secretaria general del Despacho Presidencial, por colusión agravada, negociación incompatible, obstrucción a la justicia y ocultamiento real; a Diana Tamashiro, exsecretaria general del Ministerio de Cultura, por negociación incompatible y colusión agravada en perjuicio del Estado, y a Karem Roca, ex secretaria privada de Vizcarra, por ocultamiento real y falsedad genérica en perjuicio del Estado.
Tamashiro dejó el cargo a fines de junio último y Morales y Roca fueron despedidas la semana pasada, luego de que la difusión de unos audios -aparentemente filtrados por Roca- en los que Vizcarra pide a dos asesoras que mientan ante una comisión investigadora diera lugar al proceso de vacancia en el Congreso.
De todos modos, Vizcarra evitó anoche la destitución, que apenas consiguió 32 de los 87 votos necesarios para prosperar, muy lejos incluso de los 65 con que una semana antes había sido admitido el proceso al presidente en el parlamento.
Aliviado por el resultado de la votación, el mandatario llamó hoy a trabajar “todos unidos” para afrontar los desafíos que “realmente importan a los peruanos”.
“Los grandes desafíos del Perú nos exigen actuar con sensatez y responsabilidad; sigamos trabajando todos unidos por lo que realmente importa a lo peruanos”, escribió en Twitter.
Así, llamó a “luchar contra la pandemia” de coronavirus y promover “la reactivación económica, el fortalecimiento de la democracia, el combate a la corrupción, para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan”.
El juicio político a Vizcarra fue un capítulo más del nutrido conflicto de poderes que caracteriza al actual período de gobierno y de legislatura en Perú, iniciado el 28 de julio de 2016, casi desde el principio, cuando por primera vez en décadas un partido opositor -el fujimorista Fuerza Popular- tuvo mayoría propia en el parlamento unicameral.
En ese contexto, el presidente Pedro Pablo Kuczynski renunció en marzo de 2018 para evitar ser destituido, tres meses después de haber sorteado otro proceso de vacancia, y fue sucedido por su hasta entonces primer vicepresidente, Vizcarra.
En septiembre de 2019, Vizcarra disolvió el Congreso en uso de la facultad constitucional que le permite hacerlo si el parlamento deniega su confianza al gabinete por segunda vez en un mismo período de gobierno.
En aquel momento, el Congreso intentó resistir la medida suspendiendo a Vizcarra y designando en su lugar a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, quien dejó su cargo un día después de haber aceptado el frustrado ascenso, lo que dejó al titular del parlamento -ahora el opositor Manuel Merino- en el primer puesto de la línea de sucesión presidencial.
El motivo central de los últimos enfrentamientos fue una reforma política promovida por el Ejecutivo, a la que el Congreso introdujo cambios y demoró en aprobar.
De hecho, el actual parlamento, surgido de elecciones en enero pasado, sancionó solo el viernes anterior la ley que impide postularse a cargos electivos a personas que tengan condenas en primera instancia y anoche, una reforma a la legislación sobre financiamiento de los partidos políticos. (Télam)