La iniciativa popular por Costa Salguero puede hacer tambalear acuerdos, dicen ambientalistas

Federico Pellegrino, integrante de la organización Eco House, una de las promotoras del proyecto de ley que buscará frenar la privatización de Costa Salguero, aseguró que una iniciativa popular puede hacer "tambalear" los acuerdos que el PRO mantiene con sus aliados, como la Coalición Cívica y UCR-Evolución, para habilitar la construcción de edificios en ese predio ribereño.
"El PRO no tiene mayoría en la Legislatura, pero para este proyecto cuenta con el apoyo de la Coalición Cívica y de UCR-Evolución", reafirmó a Télam Pellegrino, del área de Investigación y Política Socioambiental de la ONG.
Eco House es una entidad sin fines de lucro dedicada a los temas ambientales que se especializa en educación, voluntariado, diseño de políticas públicas y consultoría.
En octubre pasado la asociación fue seleccionada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como Youth Leaders (Líderes Globales).
"Presentar una iniciativa popular -argumentó Pellegrino- tiene mucho peso y puede hacer tambalear estos acuerdos. Son 40.000 personas que firman, dejan sus datos y dedican parte de su tiempo, y en las planillas habrá firmas de vecinas y vecinos de todos los barrios de la Ciudad", adelantó.
Pellegrino se refirió de ese modo al proyecto de ley que el Frente de Todos (FdT) de la CABA buscará presentar en la Legislatura porteña mediante una iniciativa popular, con el objetivo de "derogar la privatización" de Costa Salguero y "proponer que allí se haga un parque público", tal como anunció el miércoles pasado el senador nacional Mariano Recalde (Frente de Todos-CABA).
Recalde hizo el anuncio en una conferencia de prensa en las puertas de la Legislatura acompañado justamente por Pellegrino, por la diputada nacional Gabriela Cerruti (FdT-CABA) y por la arquitecta y doctora en Historia Moderna Rosa Aboy, docente universitaria y directora del Centro de Investigaciones de Historia de la Vivienda en América Latina de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA.
Además, Aboy integra el Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas.
De acuerdo a la Constitución de la Ciudad, la iniciativa popular es uno de los tres procedimientos con el que se puede motorizar un proyecto de ley, aparte del debate de los legisladores y legisladoras o el impulso del Poder Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo y las comunas.
La ley 40 de la Ciudad, en rigor, establece que se requieren las firmas del 1,5% del padrón electoral para que un proyecto de ley presentado mediante iniciativa popular tome estado parlamentario: esa norma determina que, una vez logrado este número de avales, el texto debe ser tratado en el recinto parlamentario en un período de 12 meses.
"Nuestra expectativa, en primer lugar, es llegar a las 40.000 firmas y tenemos mucha confianza en que vamos a lograrlo", aseguró Pellegrino a esta agencia.
"En estos días nos movilizamos en siete esquinas de la Ciudad y cuando la gente se entera (de la posible privatización de Costa Salguero) nos dice que le parece una locura", reveló el voluntario ambientalista.
Todos los jueves, desde hace varias semanas, varias organizaciones nucleadas en las coordinadoras Jóvenes por el Río y Jóvenes por el Clima organizan 'semaforazos' en siete esquinas porteñas bajo el lema "No vendan la Costanera".
"Se nos acerca gente común, ciudadanos y ciudadanas, vecinos, votantes de Larreta. Los grandes medios no están hablando del tema y eso es una pena, porque cuando lo mencionás, la respuesta es 'no estoy a favor', quizás justamente por eso no lo difunden: saben que la ciudadanía, si se entera, va a estar en contra", denunció Pellegrino.
"A veces juegan con la indiferencia, dicen 'sabemos que está mal, que favorece al 1%, pero la gente no se va a dar cuenta'", remarcó el representante de Eco House.
El joven también consideró que es "fácil darse cuenta a quién va a beneficiar (la venta de tierras en Costa Salguero) y a quién va a perjudicar", ya que "si hacen edificios que van a costar 9.000 dólares el metro cuadrado, no los vamos a poder pagar, pero si hacen un parque sí lo vamos a poder disfrutar", subrayó.
En relación a Costa Salguero, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta presentó puntualmente dos proyectos de ley: el primero, para habilitar la venta de una parte de esas tierras; el segundo, para cambiar sus normas urbanísticas y habilitar de ese modo la construcción de edificios.
La primera ley fue aprobada en diciembre de 2019, durante la última sesión de la Legislatura de ese año, con votos del oficialismo local, que en ese momento contaba con la mayoría necesaria; sin embargo, su aplicación está suspendida por un fallo de segunda instancia del Poder Judicial de CABA y ahora deberá expedirse el Tribunal Superior de Justicia porteño.
De acuerdo a las normas del distrito, los bienes de dominio público pueden ser vendidos sólo con la previa aprobación de una ley de doble lectura: esto implica que deben realizarse dos votaciones y que la Legislatura, entre ambas sesiones, debe convocar una audiencia pública abierta a los vecinos.
La ley de rezonificación fue aprobada en primera lectura en octubre del año pasado y luego, durante este verano, se realizó la audiencia pública para debatirlo.
Fue una audiencia con participación récord, ya que se inscribieron para exponer más de 7.000 personas con una mayoría casi unánime de los oradores -el 98%- que rechazó la construcción de edificios privados en el predio ribereño.
Para aprobar en primera lectura el proyecto de ley de rezonificación de Costa Salguero, el oficialismo porteño del PRO y la Coalición Cívica (que integran Vamos Juntos) contó con los votos de sus bloques aliados: UCR-Evolución, que se nuclea en torno a la figura del senador nacional Martín Lousteau (UCR-CABA), y el Partido Socialista, cuyo presidente en CABA es el legislador porteño Roy Cortina.
El oficialismo de la Ciudad espera aprobar este año la rezonificación y también es optimista respecto a los resultados de la causa que tramita en la Justicia porteña.
Sin embargo, los proyectos de Rodríguez Larreta se toparon con otro obstáculo: una resolución de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que en diciembre último advirtió que los edificios proyectados en el predio de Costa Salguero, por la altura que tendrían (estimada en 29 metros) y por la cercanía a una de las pistas del Aeroparque, atentarían "contra la seguridad aeronáutica". (Télam)