Oposicion chilena impulsa la apertura de un juicio politico al ministro de Interior por represion

La oposición chilena anunció hoy que intentará abrir un juicio político al ministro del Interior, Víctor Pérez, por “responsabilidades políticas de los funcionarios de Gobierno”, por el caso del carabinero Sebastián Zamora Soto acusado y bajo prisión preventiva por la represión de un manifestante.
El diputado de la opositora Democracia Cristiana (DC) Gabriel Ascencio aseguró que hubo un “homicidio frustrado” el pasado viernes, cuando Sebastián Zamora Soto, un carabinero de 22 años, empujó a un joven que protestaba en medio de un puente en el centro de Santiago.
El joven se cayó y permaneció durante varios minutos inconsciente en el lecho del río Mapocho. Otros manifestantes lograron socorrerlo y quedó internado en la Clínica Santa María con múltiples fracturas.
Zamora Soto fue detenido y el Ministerio Público lo imputó por "homicidio frustrado".
El diputado Ascencio aseguró hoy que la posibilidad de una apertura de una acusación constitucional -como se conoce al juicio político en Chile- a Pérez estaba “stand by”, pero luego de este hecho “necesariamente” debe “reactivarse ahora”.
“Los primeros días de la próxima semana tiene que ser presentada en la Cámara de Diputados”, indicó el diputado DC.
La primera votación que deberá aprobar la oposición será la que decidirá en la cámara baja si aplica o no iniciar un juicio político al ministro por las razones esgrimidas por parte de la oposición.
Si se aprueba, entonces comenzará el juicio político, que primero debe ser discutido y votado en la cámara baja y, solo si es aprobado, pasa al Senado, el pleno que tiene la decisión final sobre la destitución.
Los diferentes partidos opositores y los legisladores independientes tienen la mayoría simple necesaria para esta primera aprobación, que abriría el proceso de juicio político, pero no está claro aún si la iniciativa será aprobada.
Históricamente, muchos legisladores son muy conservadores en este tipo de votación ya que consideran que la remoción de miembros del Gobierno supone una posible desestabilización. Por eso, argumentan que es una herramienta que solo debe ser utilizada en situaciones especiales o dramáticas.
Tras el anuncio del diputado Ascencio, el ministro señalado, Víctor Pérez, rechazó las denuncias.
“El Gobierno reitera el respaldo a Carabineros de Chile en el cumplimiento de su deber y este debe hacerse siempre con respeto a las leyes y a la Constitución, y a las órdenes que se les imparten”, afirmó.
Sin embargo, manifestó que “si alguien al interior de Carabineros se alejó de la ley, de los protocolos y de las órdenes, sin duda va a tener que ser sancionado por la institucionalidad".
“Este fin de semana fue amargo y doloroso”, aseveró Pérez en conferencia de prensa desde el Palacio de La Moneda.
En medio de este creciente clima de tensión, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, opinó que “normativamente tiene una responsabilidad política el general (Mario) Rozas (general director de Carabineros)”.
“Nosotros hemos visto hechos reiterados en el tiempo y el espacio en los cuales Carabineros aparece comprometido violando los derechos humanos", añadió Micco, quien llamó al ministro del Interior a “ejercer su mando superior sobre Carabineros”.
El pasado viernes en la tarde y por sexta semana consecutiva, una multitud se concentró en el centro de la ciudad para protestar contra el Gobierno y por una nueva Constitución.
A menos de un mes del plebiscito constitucional, la manifestación terminó con disturbios y nueve detenidos.
La Fiscalía Centro Norte, que investiga el caso, informó que ampliará el caso contra más policías por posible encubrimiento y también por posibles delitos de “obstrucción a la investigación, falsificación de documento público y encubrimiento” según consignó el diario La Tercera.
(Télam)