Se perdieron 6,5 millones de hectareas de bosque nativo en los ultimos 20 años en la Argentina

La Argentina perdió 6,5 millones de hectáreas de bosques nativos entre 1998 y 2018, el 87% en el parque chaqueño, el segundo foco de deforestación de Sudamérica después del Amazonas, informó hoy el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El 43% de esta pérdida de bosques nativos fue durante la vigencia de la ley 26.331, conocida como Ley de Bosques y sancionada en 2007.
Los datos sugieren que, hasta 2015, los instrumentos de gestión de la norma tuvieron un impacto progresivo en la baja paulatina de la tasa de deforestación, pero luego volvió a crecer.
A partir del 2016, -indica el informe-, la reducción o eliminación de las retenciones a las exportaciones de granos (especialmente de soja) incentivó el desmonte para ampliar la frontera de esos cultivos en detrimento de la superficie de bosque nativo, especialmente en la región chaqueña.
Esto provocó, además, el desplazamiento de comunidades que desarrollaban su economía y cultura en base al bosque nativo.
Este escenario determinó un proceso de concentración de la tierra y riqueza acompañado por una homogenización de la producción en base a los monocultivos y la pérdida de generación de servicios ambientales forestales. De esta manera, entre 2016 y 2018 la tasa de deforestación volvió a aumentar.

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El 87% de la pérdida de dichos bosques corresponde a la región del parque chaqueño, principalmente Santiago del Estero (28%), Salta (21%), Chaco (14 %) y Formosa (13%).
Cabe recordar que la ley estableció tres áreas con criterios distintos de conservación, identificadas con tres colores: Rojo, bosques nativos de alto valor de conservación, que no deben transformarse; Amarillo, bosques de mediano valor de conservación, con posibilidad de aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica; y Verde, bosques de bajo valor de conservación, lo que permite su transformación parcial o total.
Entre 2008 y 2018, el 47,2% de la deforestación -unas 845.832 hectáreas-, correspondió a desmontes autorizados dentro de la categoría verde.
El 52,8 % -unas 946.769 hectáreas- se produjo en las categorías rojo y amarillo, es decir, en áreas que la ley prohíbe. Además, se perdieron unas 983.467 hectáreas en bosques no incorporados en los ordenamientos provinciales.
Para la cartera nacional de Ambiente, a cargo de Juan Cabandié, el monitoreo, la prevención, el freno a los procesos de desmontes ilegales y el manejo de los bosques nativos son acciones prioritarias, como así también la revisión de las políticas existentes para ser más efectivos en el cumplimiento de estas tareas.
En este sentido, el Ministerio fortaleció el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación (SAT) durante 2020, con mejoras en la precisión y periodicidad de la información generada.
Además, logró acuerdos con las provincias para aplicar fondos retenidos de años anteriores por $ 660 millones, los que se suman a los $ 570 millones dispuestos para este año.
Con respecto a las causas de la deforestación, las principales son la expansión y la diversificación agropecuaria, en especial la agricultura y la ganadería intensivas.
En menor medida, la agricultura de subsistencia, los incendios, el sobrepastoreo, el desarrollo de infraestructura y la sobreexplotación de los recursos forestales.
El informe recuerda que los bosques son fundamentales para la regulación hídrica; la conservación de la biodiversidad, del suelo y de la calidad del agua; la fijación de carbono; la diversificación y belleza del paisaje, además de la defensa de la identidad cultural.
La deforestación, por su parte, ocasiona la pérdida de biodiversidad, la reducción en la capacidad de mitigar el cambio climático, genera cambios hidrológicos con mermas en la capacidad productiva de los suelos y aumento del riesgo de inundaciones.
Además, disminuye la provisión de servicios ecosistémicos a la sociedad, entre ellos: la polinización de cultivos y flora nativa, la dispersión de frutos y semillas, la regeneración natural de bosque, incluyendo los árboles leñosos de interés forestal, el control biológico de plagas de cultivos, la resiliencia hidrológica de los ecosistemas naturales y cultivados y la diversidad genética de las especies nativas de plantas y animales.
También afecta la formación, fertilidad y disponibilidad de suelos, el valor estético de los bosques, la provisión de leña, madera, recursos alimenticios y otros bienes de consumo esenciales para las comunidades locales.
El estudio releva, además, las características socioeconómicas de la población que vive en los bosques nativos argentinos, de 5.064.918 habitantes (13% del total país).
Hay unos 7.278 parajes (69,8% de los parajes del país) dentro del Ordenamiento Territoriales de Bosque Nativo (OTBN) y se calcula que del 13% de la población del país que cumple con al menos un indicador del índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) el 8% vive en los departamentos con Bosques Nativos.
En tanto, del Mapa de Pueblos Originarios, se determinó que el 65,6% de las comunidades indígenas registradas en el país están dentro del OTBN.
El modelo productivo que reemplaza al bosque por pasturas o cultivos anuales está vinculado con la pérdida de empleo rural, la concentración de la tierra y la migración de la población rural hacia los centros urbanos.
El informe, denominado “Causas e impactos de la deforestación de los bosques nativos de Argentina y propuestas de desarrollo alternativas”, fue realizado por la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales, a través de la Dirección Nacional de Bosques y técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (TA) y la Asociación Ingenieros Forestales de Chubut.
El documento sostiene que es necesario fortalecer las herramientas de desarrollo vinculadas a los bosques nativos, de manera que formen parte de la matriz productiva del país, de forma responsable y sostenible, generando arraigo y riqueza local.
Esto, agrega el informe, se logra con una política que acompañe el uso múltiple de los bosques, el desarrollo ganadero integrado a los mismos, la producción forestal maderera y no maderera, con generación de valor agregado en origen, mejoras en la comercialización y la distribución de la renta en los entramados productivos forestales, desarrollo del ecoturismo y restauración de la capacidad de los ecosistemas de proveer servicios a la sociedad.
La publicación del informe completo está disponible para la consulta pública en el Centro de Información Ambiental (CIAM).
(Télam)