Negociador con las FARC quiere limites al proyecto de paz total de Petro

El senador colombiano Humberto de la Calle, jefe del equipo que negoció la paz con las FARC, reclamó hoy un “sometimiento a la Justicia ordinaria” para los grupos disidentes de la guerrilla que desatendieron el pacto, y rechazó que “se les reconozca el carácter político a quienes incumplieron los acuerdos para seguir delinquiendo”, porque “ya tuvieron su oportunidad”.
De la Calle protestó de esa manera con la idea del Gobierno de Gustavo Petro de incluir en su plan de negociaciones a la Segunda Marquetalia y otros grupos de disidentes de las FARC, que no abandonaron las armas tras el acuerdo de 2016, discutido durante años en La Habana.
“Lo primero es diferenciar entre disidencias y desertores. Frente a la Segunda Marquetalia y los desertores, lo que debería ocurrir es que exista un sometimiento a la justicia ordinaria. Y de acuerdo con lo que se aprobó, será una instancia de alto nivel la que se encargue de estudiar, caracterizar y clasificar a estos grupos. No estoy de acuerdo en que se les reconozca el carácter político a quienes incumplieron los acuerdos”, remarcó De la Calle.
Pidió además mirar “de otra manera” a las disidencias y consideró necesario “un juicio riguroso para caracterizar a estos grupos”, porque “aunque es posible, es difícil reconocerles el carácter de políticos de acuerdo con la tradición colombiana”.
Para el legislador, “el único actor con carácter político que permanece es el ELN”, la última guerrilla reconocida como tal, con el que el Gobierno iniciará este mes negociaciones de paz.
El jefe del equipo negociador explicó que en el acuerdo con las FARC “no había ninguna disposición para el futuro”, pero que en la ley que creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) “se definió a los desertores como aquellos miembros que habiendo suscrito un acuerdo, decidan abandonar el proceso para alzarse nuevamente en armas como rebeldes”.
Advirtió además que “a la JEP solo podrán entrar personas que hayan cometido delitos con anterioridad al 1 de diciembre del 2016, siempre y cuando estos guardaran relación con el conflicto armado”, por lo que, por ejemplo, el jefe disidente Iván Márquez, “tendría que responder a la justicia en el escenario de la jurisdicción ordinaria”.
Con todo, De la Calle expresó, en una entrevista con el diario El Nuevo Siglo, que apoya la “pretensión” gubernamental de la paz total, aunque evaluó que “hay unas líneas rojas y amarillas que deben estudiarse e incluso repensarse”.
“El problema no es la voluntad de paz, sino de qué forma se estructura esta paz y qué garantías de cumplimiento y respeto con los acuerdos anteriores existe. La paz total se construye a partir de todas las paces pasadas, y sin el cumplimiento de los Acuerdos de La Habana no habrá paz total”, expresó.
Opinó que “hay lecciones aprendidas de La Habana que son útiles para un proceso de negociación y uno debería hacer uso de la experiencia de las instituciones creadas”, pero explicó que las FARC y el ELN “son grupos diferentes”.
“El ELN es una guerrilla compleja, con una naturaleza diferente a la de las antiguas FARC. Las condiciones de negociación se deben adaptar al tipo de grupo con el que se quiere establecer la conversación. Confiamos en que el Gobierno tiene información suficiente y rigurosa para adelantar conversaciones y negociaciones productivas”, concluyó. (Télam)