Reves judicial para Castillo, que buscaba anular acusacion de la fiscal general en su contra

La Justicia de Peru declaro hoy improcedente el recurso de tutela de derechos presentado por la defensa del presidente Pedro Castillo, que buscaba anular la acusacion constitucional hecha en su contra por la fiscal general, Patricia Benavides, por

Mundo07 de noviembre de 2022 Agencia Télam
La Justicia de Perú declaró hoy improcedente el recurso de tutela de derechos presentado por la defensa del presidente Pedro Castillo, que buscaba anular la acusación constitucional hecha en su contra por la fiscal general, Patricia Benavides, por presuntos delitos de corrupción.
"Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declara improcedente tutela de derechos presentada por el presidente Pedro Castillo, investigado por la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de colusión y crimen organizado", indicó el Poder Judicial.
La tutela de derechos es un recurso que exige que un juez de investigación ejecute un control de legalidad sobre los presuntos delitos por los cuales un fiscal abre una investigación.
El juez supremo Juan Carlos Checkley concluyó que una denuncia constitucional es función propia de la Fiscalía de la Nación y del Congreso procesarla, por lo que no corresponde declarar la nulidad de ese expediente.
El 11 de octubre, la fiscal Benavides presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra el mandatario, a quien acusa de liderar una organización criminal compuesta por familiares, políticos y empresarios.
La organización estaría dedicada a ejecutar diversos actos de corrupción dentro del Gobierno.
Según la defensa de Castillo, la acusación hecha por la fiscal general sería inconstitucional porque los presuntos delitos de corrupción no están contemplados en la carta magna como causal para acusar a un presidente en funciones.
Al desvirtuar uno de los principales argumentos de la defensa del mandatario, Checkley precisó que la resolución N° 4, dictada por su despacho el 22 de junio de 2022, no contiene un mandato prohibitivo que ordene a la Fiscalía de la Nación se abstenga de formular denuncia constitucional.
"La defensa técnica centra su alegación en que la citada Resolución N°4 habría ordenado al Congreso de la República que no emita acusación constitucional en contra del Presidente de la República en funciones, y que como consecuencia de ello, no podría el Ministerio Público (Fiscalía de la Nación) formalizar la investigación preparatoria en su contra", señaló, según el sitio de El Comercio. (Télam)
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