Comunidades cristianas advierten por la “brutalidad del ajuste”

Curas en Opción por los Pobres, comunidades cristianas de base y otros espacios interreligiosos expresaron que se encuentran “alarmados por la brutalidad del ajuste” provocado por las políticas del gobierno de Javier Milei y advirtieron que la situación que se vive en los barrios populares es “muy preocupante”.

En un texto, que continúa recibiendo adhesiones, los referentes religiosos adhirieron a la declaración de los obispos de Merlo-Moreno, Juan José Chaparro y Oscar Miñarro, quienes –en una carta con ocasión de la Cuaresma- lamentaron que los responsables del Gobierno nacional “sólo se preocupen de que cierren las cuentas y no miren a los hermanos heridos por las medidas que se van tomando”.

“Estamos profundamente alarmados por la brutalidad del ajuste puesto en marcha por el gobierno nacional que recae principalmente sobre los sectores populares, los trabajadores y los jubilados”, dice la declaración.

El pronunciamiento lleva también la firma del Equipo de Pastoral Social y de Cáritas de esa misma diócesis.

Se suma ahora el apoyo de un nuevo grupo de religiosos, encabezados por Cristian@DeBase, Curas en Opción por las y los Pobres, Comunidades Eclesiales de Base, Fraternidad Laica Carlos de Foucauld, Espacio Interreligioso Patrick Rice y Católicas por el Derecho a Decidir. 

Asimismo expresaron su apoyo la Comisión Política de la Iglesia Pentecostal Dimensión de Fe, el Colectivo de Teología de la Liberación Pichi Meisegeier, la Sala de la Memoria de Nuestros Mártires de Chamical, La Rioja, el Colectivo Kevin O’Neill por Memoria, Verdad y Justicia para los Mártires Palotinos, Grupo por la Memoria de Orlando Yorio, DDHH San Oscar Romero y la Fundación Isla Maciel, entre otros. 

“Desde nuestras profundas convicciones y fe cristiana queremos adherir a la declaración difundida por la diócesis de Merlo-Moreno. Hacemos nuestras las palabras que comparten los obispos sobre la actual situación que estamos atravesando. Estamos profundamente alarmados por la brutalidad del ajuste puesto en marcha por el gobierno nacional que recae principalmente sobre los sectores populares, los trabajadores y los jubilados. Bien se dice que sólo se preocupan de que cierren las cuentas y no miran a los hermanos y hermanas heridos por las medidas que se van tomando”, dice la declaración.

“Día a día crece la cantidad de personas que acuden a comedores y merenderos populares con el agravante de que el gobierno nacional cortó las partidas presupuestarias necesarias para garantizar su atención”.

Asimismo, advierten que “la situación que se vive en las barriadas populares es muy preocupante”, ya que “día a día crece la cantidad de personas que acuden a comedores y merenderos populares con el agravante de que el gobierno nacional cortó las partidas presupuestarias necesarias para garantizar su atención”.

“Este es un punto de inflexión que como cristianos y cristianas no podemos dejar de denunciar. El hambre nunca espera”, reflexionaron.

En el pronunciamiento, reivindicaron “el rol que debe tener el Estado en garantizar la igualdad de oportunidades, la redistribución de la riqueza y el cumplimiento de los derechos inalienables de las personas” y expresaron que “la justicia social, corazón de la Doctrina Social de la Iglesia, es un medio para construir una sociedad verdaderamente justa”.

“Rechazamos que se mida la vida en términos de ganancias o pérdidas. Nunca lo que se haga en beneficio de la vida puede ser una pérdida. Así solo lo pueden entender quienes adoran al dios del mercado. Nosotros y nosotras somos creyentes de quién ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Esta invitación que nos hace Jesús nos incluye a todos y todas sin ningún tipo de discriminación, exclusión o descarte”, agregaron en otro tramo de la declaración.

En el marco de la implementación del protocolo “antipiquetes” del ministerio de Seguridad, rechazaron ”la criminalización de la protesta social” y exigieron que “se respeten todos los derechos y garantías constitucionales vigentes”.

“Renovamos también nuestro compromiso de estar junto a nuestro pueblo, en especial a los más frágiles y más pobres. Como nos convocó el beato Enrique Angelelli seguimos andando nomás convencidos y convencidas que la ‘salvación es comunitaria’ y que la paz social es fruto de la justicia social”, concluye el texto, que sigue recibiendo adhesiones en [email protected].

ST

Curas en Opción por los Pobres, comunidades cristianas de base y otros espacios interreligiosos expresaron que se encuentran “alarmados por la brutalidad del ajuste” provocado por las políticas del gobierno de Javier Milei y advirtieron que la situación que se vive en los barrios populares es “muy preocupante”.

En un texto, que continúa recibiendo adhesiones, los referentes religiosos adhirieron a la declaración de los obispos de Merlo-Moreno, Juan José Chaparro y Oscar Miñarro, quienes –en una carta con ocasión de la Cuaresma- lamentaron que los responsables del Gobierno nacional “sólo se preocupen de que cierren las cuentas y no miren a los hermanos heridos por las medidas que se van tomando”.

“Estamos profundamente alarmados por la brutalidad del ajuste puesto en marcha por el gobierno nacional que recae principalmente sobre los sectores populares, los trabajadores y los jubilados”, dice la declaración.

El pronunciamiento lleva también la firma del Equipo de Pastoral Social y de Cáritas de esa misma diócesis.

Se suma ahora el apoyo de un nuevo grupo de religiosos, encabezados por Cristian@DeBase, Curas en Opción por las y los Pobres, Comunidades Eclesiales de Base, Fraternidad Laica Carlos de Foucauld, Espacio Interreligioso Patrick Rice y Católicas por el Derecho a Decidir. 

Asimismo expresaron su apoyo la Comisión Política de la Iglesia Pentecostal Dimensión de Fe, el Colectivo de Teología de la Liberación Pichi Meisegeier, la Sala de la Memoria de Nuestros Mártires de Chamical, La Rioja, el Colectivo Kevin O’Neill por Memoria, Verdad y Justicia para los Mártires Palotinos, Grupo por la Memoria de Orlando Yorio, DDHH San Oscar Romero y la Fundación Isla Maciel, entre otros. 

“Desde nuestras profundas convicciones y fe cristiana queremos adherir a la declaración difundida por la diócesis de Merlo-Moreno. Hacemos nuestras las palabras que comparten los obispos sobre la actual situación que estamos atravesando. Estamos profundamente alarmados por la brutalidad del ajuste puesto en marcha por el gobierno nacional que recae principalmente sobre los sectores populares, los trabajadores y los jubilados. Bien se dice que sólo se preocupan de que cierren las cuentas y no miran a los hermanos y hermanas heridos por las medidas que se van tomando”, dice la declaración.

“Día a día crece la cantidad de personas que acuden a comedores y merenderos populares con el agravante de que el gobierno nacional cortó las partidas presupuestarias necesarias para garantizar su atención”.

Asimismo, advierten que “la situación que se vive en las barriadas populares es muy preocupante”, ya que “día a día crece la cantidad de personas que acuden a comedores y merenderos populares con el agravante de que el gobierno nacional cortó las partidas presupuestarias necesarias para garantizar su atención”.

“Este es un punto de inflexión que como cristianos y cristianas no podemos dejar de denunciar. El hambre nunca espera”, reflexionaron.

En el pronunciamiento, reivindicaron “el rol que debe tener el Estado en garantizar la igualdad de oportunidades, la redistribución de la riqueza y el cumplimiento de los derechos inalienables de las personas” y expresaron que “la justicia social, corazón de la Doctrina Social de la Iglesia, es un medio para construir una sociedad verdaderamente justa”.

“Rechazamos que se mida la vida en términos de ganancias o pérdidas. Nunca lo que se haga en beneficio de la vida puede ser una pérdida. Así solo lo pueden entender quienes adoran al dios del mercado. Nosotros y nosotras somos creyentes de quién ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Esta invitación que nos hace Jesús nos incluye a todos y todas sin ningún tipo de discriminación, exclusión o descarte”, agregaron en otro tramo de la declaración.

En el marco de la implementación del protocolo “antipiquetes” del ministerio de Seguridad, rechazaron ”la criminalización de la protesta social” y exigieron que “se respeten todos los derechos y garantías constitucionales vigentes”.

“Renovamos también nuestro compromiso de estar junto a nuestro pueblo, en especial a los más frágiles y más pobres. Como nos convocó el beato Enrique Angelelli seguimos andando nomás convencidos y convencidas que la ‘salvación es comunitaria’ y que la paz social es fruto de la justicia social”, concluye el texto, que sigue recibiendo adhesiones en [email protected].

ST