La ola de despidos en el Estado se carga el cupo laboral trans

Decenas de personas travestis, trans y transgénero sobrevivientes de todo tipo de violencias, que habían accedido a su primer trabajo formal gracias a la ley de cupo y otras políticas de inclusión, fueron despedidas en los últimos días a pesar de que el DNU 84/23 que dispuso la no renovación de contratataciones en el Estado, las protegía expresamente.

En ese marco, Cancillería aparece como un caso paradigmático dado que allí fueron cesanteadas 8 (34%) de las 23 personas contratadas por el cupo trans, según informaron a Somos Télam delegadas de ATE en ese ministerio.

Por otra parte, el Frente de Trabajadorxs Travesti Trans No Binaries informó en un comunicado que “los despidos a personas TTNB alcanzan a 85” casos, lo que significa que “se está despidiendo a casi el 10% del cupo alcanzado en 2 años y medio” en toda la Administración Pública Nacional.

Según este relevamiento, la mayor cantidad de personas TTNB despedidas se encuentran en ANSES (20), Secretaría de Trabajo (28) y Secretaría de Desarrollo Social (13) del Ministerio de Capital Humano.

No obstante, otres referentes LGBTIQ+ como Say Sacayán del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL) cuestionaron la construcción de esas estadísticas y prefieren no arriesgar números, aunque coinciden en la gravedad de la situación y en que se está despidiendo a personas travesti trans sin ningún miramiento en todo el país.

“Quienes militamos hace muchísimos años sabíamos que esto iba a pasar porque sabemos quién es (Javier) Milei e incluso la diferencia que había con (Mauricio) Macri, o por lo menos con la gestión de Macri como presidente”, dijo a Somos Télam el activista trans Say Sacayán.

“A nosotres no nos asombra que venga a destruir todo lo que se ha construido durante tanto tiempo con las personas trans y travesti”, agregó el hermano de la principal impulsora de la pionera ley del cupo laboral trans bonaerense sancionada en 2015 que sirvió de inspiración a la legislación nacional de 2021.

No obstante, para Sacayán esta política pública resulta más vulnerable a gobiernos antipopulares y conservadores como el de Milei porque “no se aplicó como se debía y eso tiene que ver con que no se nos permitió a las organizaciones y activistas territoriales que hemos construido la ley y luchado para su sanción, trabajar sobre las contrataciones”.

Por su parte, María Rachid, referente de la Federación LGBT+, informó que “la semana próxima a más tardar” van a presentar un amparo colectivo por todos los despidos en el sector público haciendo especial hincapié en aquellos que no respetan el cupo trans y de discapacidad.

Además, van a interponer recursos individuales por la violación de la ley de cupo e impulsarán un pedido de informes en el Congreso Nacional sobre estas cesantías.

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Los despidos en primera persona

“No sé qué va a pasar conmigo el próximo mes. La única opción es volver a la calle y no quiero eso para mí”, dijo a Somos Télam Luana Salva, migrante jujeña de 43 años que trabajaba en Cancillería desde julio del año pasado y que estuvo en situación de prostitución entre sus 13 y 39 años.

“Cuando estaba en la calle, yo pensaba que me iba a morir ahí como muchas de mis amigas, pero cuando salieron las leyes de identidad de género y cupo, por primera vez pensé que podía estudiar, conseguir un trabajo, que había futuro. Hoy siento que nos están cortando las alas. Yo no quiero que las nuevas generaciones pasen lo que pasé yo, que soy una sobreviviente de muchas violencias”, agregó Luana que es delegada de ATE en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El miércoles 27 de marzo fue a trabajar como todos los días pero no pudo hacerlo porque el sistema informático estaba caído, mientras crecían los rumores.

“Estuvimos todo el día con esa incertidumbre, porque sabíamos que había 150 despidos pero no sus nombres. Pensábamos que no nos tocaría porque entramos por el cupo pero igual estábamos preocupadas por el resto”, contó.

Compañeros que tenían en su celular la aplicación GDE (sistema de Gestión Documental Electrónica de la administración pública), le avisaron en el atardecer de ese mismo día que su nombre figuraba en la nómina de contratos no renovados.

Otra de las despedidas que había ingresado al empleo público por el cupo laboral trans es Bárbara Adriana Villalba Ubran, una joven de 27 años oriunda de la provincia de La Pampa que trabajaba como empleada administrativa en la actual Secretaría de Trabajo desde febrero de 2022

 “A mí este primer empleo registrado me dignificó mucho porque a nosotras nos resulta muy difícil conseguir un trabajo formal por la discriminación y la falta de empatía hacia nuestra comunidad”, dijo.

Bárbara fue notificada de su despido el miércoles 27 por la noche a través de un correo electrónico, “en pleno inicio de Semana Santa”.

“El contrato de alquiler me vence el mes que viene y ahora no cuento con recibo de sueldo para poder ingresar a un lugar medianamente habitable. Prácticamente todo lo que había organizado para mi vida se desplomó con un simple correo”, agregó la joven que también es sobreviviente del sistema de la prostitución.

Un cupo que comenzó en 2020

El cupo laboral trans establecido por decreto en 2020 y luego sancionado como ley en 2021, fue una de las principales medidas del gobierno anterior en materia diversidad sexual y una conquista de las organizaciones LGBT+ que se inscribe en el camino trazado por el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género.

La norma establece que al menos el 1% de los cargos en el sector público nacional deben ser ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero.

Tras su llegada al poder, el presidente Javier Milei introdujo diferentes medidas para el achicamiento del Estado como el DNU 84/23 que ordena la no renovación de los contratataciones de personal estatal rubricados en 2023 que concluyeran el 31 de diciembre de ese mismo año, pero exceptúa aquellas “derivadas de cupos regulados por ley”.

“El gobierno no está respetando los cupos y cuando les reclamamos el incumplimiento de la excepción que ellos mismos habían planteado, nos salen con que ‘Ahh, no, pero eso está suspendido por la justicia’, en el colmo del cinismo”, dijo a Somos Télam Rachid.

Y para esta activista, si la ley de cupo trans no busca ser directamente derogada es porque “evidentemente no tienen mayorías en el Congreso” y por eso los retrocesos operan por la vía de hecho, como ocurre también con el intento de cierre de Télam y del Inadi.

“Por supuesto nosotros vamos a presentarnos en la justicia con pedidos de cautelares para retrotraer todo a la situación anterior”, dijo.

E incluso la reciente salida de la TV Pública de Diana Zurco, la primera conductora trans de un noticiero, incumple la ley de cupo aunque ella no haya sido contratada en ese marco, porque esa norma establece “una prioridad para sectores en desventaja que opera tanto para tomarte como para no despedirte, sin importar cómo entraste”.

“Milei se aprovecha de la crisis económica para generar un recorte y un moldeamiento de la ciudadanía que implica que volvamos a la exclusión, a la marginalidad, a la calle”, dijo a su turno la ex subsecretaria de Diversidad del Ex ministerio de Mujeres y activista trans, Alba Rueda.

Para la secretaria de Diversidad de ATE Nacional, Clarisa Gambera, los despidos de personas trans “implica un retroceso enorme en términos de democratización de los ámbitos laborales” pero también en cuanto mensaje al resto de los empleadores, porque “Estado incorporando personas TTNB también marcaba un faro para el sector privado”, dijo.

Por su parte, Pato Laterra del Frente de Trabajadores TTNB en el Estado calificó estos despidos como “un ataque explícito a la población trans a través de la desarticulación de estas políticas que les cambiaron la vida, porque no hay motivos presupuestarios para despedirles” y el ahorro es insignificante “si lo comparamos con lo que se paga de deuda del FMI o con (lo que se deja de recaudar) las exenciones impositivas a grandes empresas”, dijo. (ST)