Pamela Orellana
El 5 de febrero, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevará adelante la 8° Marcha por la Soberanía a Lago Escondido, un evento que se ha convertido en un hito para los movimientos sociales que luchan contra la extranjerización de la Patagonia y el poder de magnates como el empresario británico Joseph Lewis, quien controla más de 12 mil hectáreas en la región. La movilización tiene como objetivo rechazar la usurpación de tierras por parte de capitales extranjeros y exigir la restitución de la soberanía sobre los recursos naturales en esta zona estratégica del país.
Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE, expresó que esta marcha cobra "más sentido que nunca" debido al creciente poder de los magnates extranjeros en la región. Aguiar señaló que "los magnates como Lewis siempre tuvieron influencia, pero ahora directamente gobiernan el país", haciendo alusión a la reciente concentración de poder por parte de inversores internacionales en áreas claves como la Patagonia. Según el dirigente sindical, la extranjerización de la tierra avanza a pasos agigantados, y es necesario poner un freno al actual gobierno para evitar que el territorio argentino sea entregado a manos extranjeras.
"Tenemos que luchar en defensa de la soberanía política y territorial. El proceso de extranjerización de la tierra se acelera y, en poco tiempo más, la Patagonia completa pasará a manos extranjeras si no le ponemos un freno a este Gobierno", afirmó Aguiar, haciendo referencia al alto costo de vida para los argentinos mientras los millonarios extranjeros siguen expandiendo su dominio sobre vastas extensiones de tierra con recursos estratégicos como acuíferos y glaciares.
La movilización se centra en la propiedad del Lago Escondido, un cuerpo de agua situado en el corazón de la Patagonia, que fue adquirido ilegalmente por Lewis a través de una maniobra que ha sido ampliamente criticada. Según Aguiar, el empresario británico "es un delincuente" condenado en Estados Unidos por los mismos delitos que comete en Argentina. Sin embargo, aún sigue gozando de impunidad, en parte debido a la complicidad de jueces y funcionarios que, según Aguiar, "toman whisky con él en su mansión de Lago Escondido".
El Lago Escondido es emblemático en la lucha por la soberanía argentina, ya que, además de ser de acceso restringido para los ciudadanos, la propiedad está en manos de un extranjero, lo cual contraviene la legislación que prohíbe a los no argentinos ser propietarios de tierras en zonas de frontera. La falta de acción por parte del Estado ante esta violación legal ha provocado indignación en distintos sectores de la sociedad.
La movilización no solo cuenta con el respaldo de ATE, sino también con la participación de otras organizaciones como la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA) y las Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA). Estas entidades se han sumado al reclamo en defensa de la soberanía nacional, haciendo un llamado a la unidad en la lucha contra la usurpación de tierras y el poder de los empresarios extranjeros.
Uno de los puntos más críticos del evento es la violencia que ha acompañado a las marchas anteriores. Aguiar denunció que las "patotas a sueldo" de Lewis han ejercido violencia contra los manifestantes en el pasado, dejando un saldo de heridos. En este sentido, advirtió que "el Gobierno Nacional y el Provincial deben garantizar la seguridad y la integridad de todos los marchantes", responsabilizando a las autoridades por cualquier incidente que pueda ocurrir. La complicidad de las fuerzas de seguridad con los intereses de Lewis ha sido una constante en la historia reciente del conflicto.
La disputa por Lago Escondido ha sido objeto de múltiples denuncias judiciales desde hace años. Sin embargo, el proceso judicial ha sido marcado por la prescripción de las acciones legales y la falta de interés por parte del gobierno para resolver la situación. A pesar de los esfuerzos de varios sectores, la ocupación ilegal de Lewis sigue sin ser revertida. Para muchos, el caso de Lago Escondido representa una muestra más de la impunidad con la que actúan los grandes intereses extranjeros en el país, apoyados por un sistema judicial que parece hacer la vista gorda.
