El gobernador bonaerense consideró que lo que hizo el presidente Javier Milei “no es legal” y por ello debe intervenir el máximo tribunal de Justicia del país.
Política11 de abril de 2024
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó hoy que “es la Corte Suprema la que tiene que resolver los conflictos entre las provincias y la Nación” por los recursos y rechazó los resultados del ajuste implementado por la administración de Javier Milei, al considerar que “esa teoría económica” del oficialismo “no sirve para nada”.
“Es la Corte Suprema la que tiene que resolver conflictos entre provincias y Nación por los recursos que el presidente se manoteó diciendo que eran fondos discrecionales. No es legal hacer eso”, planteó el mandatario bonaerense en declaraciones formuladas a FM Futurock.
Consideró que “en este caso, no lo puede resolver la provincia porque se trata de leyes o normas probadas que Javier Milei está incumpliendo”, apuntó que “hay que ir a la Justicia y la Corte debe resolverlo”.
De ese modo, el mandatario bonaerense se refirió a las declaraciones del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, quien ayer aseguró que en la Corte están esperando a que la política resuelva sus problemas, en alusión a los planteos contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del presidente Javier Milei y los conflictos entre los gobernadores y la Casa Rosada, que generaron cerca de 30 demandas por casi 1000 millones de dólares.
“Hay que darle una primera chance a la política: hay charlas, reuniones, negociaciones en el Congreso que seguimos con avidez, pero si la política no resuelve este tema (por las demandas contra el DNU y los recortes del Gobierno a las provincias) la Justicia lo resolverá. No nos gusta que la judicialización sea el atajo para resolver los temas que no resuelve la política. Apostamos que estas cuestiones se resuelvan en el ámbito parlamentario o en el que sea; si no, lo resolveremos en un tiempo razonable”, afirmó Rosatti al hablar en el Rotary Club de Buenos Aires.
Al respecto, Kicillof recordó que el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez, hizo una presentación para que se declare la inconstitucionalidad del decreto por el que el presidente eliminó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (FOFOFI), por lo que esta jurisdicción dejó de recibir una cifra cercana a los 80 mil millones de pesos, y adelantó: “pronto lo haremos por los ATN que debe distribuir, por el Fondo de Transporte y por los fondos de seguridad social que dejó de pagar a las provincias”.
“Todo aquello que no corresponde que el gobierno nacional se apropie, hay que discutirlo ante la Corte”, reflexionó el economista y apuntó que “hay recursos con los que las provincias contábamos y el presidente decidió recortar ilegalmente. Estamos reclamando eso”.
Sostuvo que “además, ocurre algo nuevo, que tiene que ver con la devaluación, la caída de salarios, jubilaciones y de actividad económica, que resiente la recaudación nacional como de la provincia”.
Opinó luego que “Milei subió impuestos, como el PAIS, que no coparticipa; lleva adelante una política recesiva y, con eso, pretende bajar la inflación. Hay recortes sobre las provincias teóricamente para parar la inflación en 18 meses, pero los efectos son muy nocivos: cae la producción, genera desempleo y aumenta la pobreza”.
En paralelo, el gobernador entendió que es el máximo tribunal quien debe hacer “el control de constitucionalidad del DNU 70/2023”.
Luego, pidió “que Milei comprenda que presidir el país no es desentenderse de los problemas reales que hay”, aseveró que “hay que llamarle la atención sobre los tarifazos, los aumentos desmesurados de precios de medicamentos y alimentos” y criticó que “eso está yendo al bolsillo de alguien porque hay transferencia de ingresos a sectores de las finanzas y grupos concentrados”.
Al referirse al denominado “Pacto de Mayo” convocado por el presidente, Kicillof respondió: “Yo recorro muchísimo la provincia de Buenos Aires y a nadie le importa un rábano eso. Milei piensa que el gobierno nacional no tiene población ni territorio. No es así. Las dificultades del plan económico son gravísimas. Estamos cada vez más urgidos a cuestiones básicas como remedios, alimentos y transporte”.
Consultado sobre la posibilidad de ser el conductor del peronismo, expresó: “Estamos en una situación política muy complicada porque Milei representa una novedad porque tiene unas ideologías que nadie comprende del todo, anarco capitalista y liberal libertario, llegó a la presidencia tras haber ganado un balotaje y quiere aplicar unas teorías contrarias a convicciones muy profundas de la sociedad”.
Posteriormente, enumeró: “Quiere destruir el Estado, lo que va en contra de la Constitución, y destruir derechos. No es cierto que la mayoría de la sociedad quiera cerrar o privatizar el sistema científico y universitario”.
Así, planteó que liderar el Partido Justicialista “no es una decisión personal o una opinión” dado que se está “en una situación tan complicada desde el punto de vista político” que su “primera responsabilidad, muy compleja en este contexto, es gobernar”.
“El presidente dice barbaridades de todos los que fuimos votados. Parece que la única legitimidad que reconoce es la suya propia y que no reconoce la legitimidad de los senadores, diputados o gobernadores. El ordenamiento político del peronismo y de la oposición está sometido a estos desafíos”, completó y añadió: “gobernar la provincia en estas circunstancias es lo suficientemente complicado como para decirte me estoy dedicando a esto”.
La Corte Suprema de la Nación debe analizar la presentación del gobierno bonaerense para que se declare la inconstitucionalidad del decreto del presidente Javier Milei por el que eliminó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (FOFOFI), por lo que esta jurisdicción dejó de recibir una cifra cercana a los 80 mil millones de pesos.
El 19 de marzo pasado, la Procuración General de la Nación determinó en un dictamen no vinculante que el máximo tribunal es el organismo que debe intervenir en la demanda que impulsó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, contra el Estado nacional.
El Tribunal originario para intervenir en esta demanda de la Provincia de Buenos Aires contra el Estado Nacional, “es la Corte Suprema” según opinó la procuradora general adjunta Laura Monti.
Al igual que otros gobernadores, Kicillof acudió a la Corte Suprema como instancia natural para reclamar por la medida adoptada por el Poder Ejecutivo sobre parte de los fondos coparticipables.
El Presidente eliminó ese Fondo, creado por el decreto 735 del 2020 por el expresidente Alberto Fernández, con el objeto de contribuir a sostener el normal funcionamiento de las finanzas bonaerenses, a partir de la adecuación de la participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Kicillof, con el patrocinio del Fiscal de Estado de la Provincia, Hernán Gómez, inició una acción declarativa en la que pidió que se declare la inconstitucionalidad de la norma que elimina el Fondo.
Según explicaron en la presentación, la Provincia perdió más de 6 puntos de coparticipación respecto de lo que percibía en ese momento, por lo que en la actualidad recibe solamente el 22% de los recursos coparticipables cuando concentra el 38,2% de la población, aporta el 35% del PBI nacional, posee el 42% de la población económicamente activa, el 50% del valor agregado industrial, concentra el 38% de la matrícula educativa, el 38% de las camas de terapia intensiva y posee una alta vulnerabilidad social.
Por ello, Kicillof pidió la inconstitucionalidad del decreto 192/24 –que derogó el FOFOFI- “con el objeto de contribuir a sostener el normal funcionamiento de las finanzas de esa jurisdicción local”.
A la vez, elevó una medida cautelar para que se le ordene a la administración que abone los saldos que adeuda por el fondo de noviembre y diciembre de 2023 y de enero y febrero de este año y que en los próximos meses continúe con el envío del dinero.
El Gobierno nacional le informó a la Corte Suprema que los fondos no abonados son 88.799 millones de pesos y solicitó “el desembolso correspondiente al 1,18 por ciento de la recaudación de diciembre 2023, que debió transferirse en enero de 2024, por 33.676.934.796 pesos y el correspondiente a enero de 2024, a transferirse en febrero de 2024, por la suma de 43.959.428.629 pesos”.
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