El Gobierno recorta fondos sociales y prioriza Defensa y ANSES en el nuevo ajuste presupuestario 2024
Gobierno redirige fondos hacia Defensa y ANSES para 2024. Recortes en Desarrollo Humano y Cultura desatan polémica. ¿Qué implica este ajuste?
Economía31 de octubre de 2024Pamela OrellanaEl Gobierno recorta fondos sociales y prioriza Defensa y ANSES en el nuevo ajuste presupuestario 2024
El reciente ajuste presupuestario 2024, anunciado mediante la Decisión Administrativa 1015/2024 y rubricado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, refuerza los fondos destinados a la Defensa, Energía y ANSES a expensas de sectores como el Desarrollo Humano y Cultura.
Aumentan los fondos para Defensa y la seguridad energética
Según el documento oficial, la Defensa Nacional es uno de los sectores que recibe mayores incrementos. Los nuevos fondos estarán destinados a financiar la Campaña Antártica de Verano 2024-2025, adquisición de equipos y al funcionamiento de los hospitales militares, según detallan los anexos de la decisión. Para financiar estas operaciones, el Estado utilizará ingresos de la venta de bienes y servicios del Ejército, una medida que apunta a captar recursos internos para cubrir “gastos de consumo y funcionamiento” sin incrementar la deuda pública.
Además, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) también verá un incremento en su presupuesto. Según el Ministerio de Economía, los recursos extra permitirán a la CNEA avanzar con sus operaciones en un contexto de creciente demanda energética y asegurar la continuidad de sus servicios, considerados de relevancia estratégica para el país.
La ANSES y la ANDIS, beneficiadas
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) también se beneficiarán de la reestructuración presupuestaria. Los recursos adicionales asignados a la ANSES se destinarán al pago de un subsidio extraordinario de hasta $70,000 para jubilados y pensionados, medida que el gobierno afirma busca paliar el impacto de la inflación sobre los sectores más vulnerables.
En tanto, la Agencia Nacional de Discapacidad contará con un aumento de fondos destinados a las pensiones no contributivas, asegurando su operatividad para cubrir necesidades inmediatas de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social.
¿Quiénes pierden en el ajuste?
Mientras el presupuesto de sectores estratégicos como Defensa y Energía se fortalece, áreas como el Desarrollo Humano, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y Cultura enfrentan recortes significativos. La medida incluye una reducción de fondos destinados a programas de asistencia social y financiamiento de instituciones como la Cooperadora para la Nutrición Infantil (CONIN), que ahora deberá operar con un presupuesto reducido.
Además, la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares verá recortes en sus asignaciones, afectando así a instituciones educativas y culturales a lo largo de todo el país, en un momento donde el acceso a la cultura y la educación resulta cada vez más relevante.
Un ajuste que genera debate
Desde el gobierno, justifican que esta reorientación de fondos busca cubrir “gastos impostergables” y asegurar el funcionamiento de áreas críticas, especialmente en el contexto económico actual. “Es necesario optimizar el uso de los recursos”, afirmaron fuentes oficiales cercanas a la Jefatura de Gabinete.
Sin embargo, el ajuste refleja una preferencia por políticas de seguridad y defensa a costa de la inversión social, lo que podría agravar la desigualdad y afectar directamente a los sectores más necesitados.
El ajuste presupuestario refuerza la tendencia del gobierno hacia la inversión en sectores de defensa y seguridad energética, en un contexto donde la administración busca mantener el equilibrio fiscal sin aumentar la deuda pública. No obstante, el impacto de estos recortes en áreas como Desarrollo Humano y Cultura podría tener consecuencias en la calidad de vida de sectores vulnerables, especialmente en un año electoral donde la demanda de políticas sociales es uno de los ejes más relevantes del debate público.
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