Ley audiovisual: Kicillof desafía el ajuste cultural de Milei

La provincia de Buenos Aires dio un paso clave en su política cultural y productiva con la sanción de la Ley 15.607, que establece un régimen integral de fomento, promoción y regulación de la actividad audiovisual. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Axel Kicillof, declara al sector como estratégico y crea un entramado institucional y financiero que, en los hechos, funciona como un Incaa bonaerense.

La norma reconoce a la actividad audiovisual como una actividad productiva de transformación, de interés público y cultural, y como parte del patrimonio cultural bonaerense. El objetivo central es impulsar toda la cadena de valor del sector, desde la formación y el desarrollo de proyectos hasta la producción, distribución, exhibición, preservación y comercialización, tanto en el país como en el exterior.

La sanción de la ley se da en un contexto de fuerte contraste político con el Gobierno nacional de Javier Milei, que avanza con recortes y una retracción del Estado en materia cultural. En ese escenario, la Provincia busca sostener el empleo, la producción y la identidad cultural mediante políticas públicas activas.

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Un régimen integral de fomento audiovisual

La Ley 15.607 establece como eje central el estímulo a la creación y producción de contenidos audiovisuales bonaerenses, garantizando el acceso a la cultura y promoviendo, al mismo tiempo, el crecimiento económico y la generación de empleo. El texto pone el foco tanto en la dimensión cultural como en la industrial del sector.

Entre sus objetivos, la norma promueve la protección de los derechos creativos y laborales de trabajadores, técnicos, artistas y realizadores, y fomenta la articulación entre organismos públicos, privados, universidades y sindicatos. También impulsa el desarrollo de nuevas pantallas y audiencias, la realización de festivales regionales y la creación de plataformas digitales.

La ley incorpora una mirada territorial, con políticas destinadas a fortalecer las producciones regionales, fomentar la participación de jóvenes realizadores y difundir las locaciones bonaerenses a través del catálogo BAFilma, con la intención de atraer rodajes nacionales e internacionales.

Fondo audiovisual y reintegros de hasta el 40%

Uno de los puntos centrales del régimen es la creación del Fondo de Fomento y Promoción Audiovisual, que contará con un presupuesto inicial de $675.760.000, actualizable anualmente mediante la Ley de Presupuesto. Los recursos deberán destinarse en su totalidad a programas de desarrollo, promoción y estímulo a la inversión audiovisual.

La normativa habilita además un sistema de incentivos económicos para inversiones nacionales y extranjeras, que podrá incluir reintegros de hasta el 40% de la inversión realizada en territorio bonaerense. Se trata de una herramienta pensada para posicionar a la Provincia en competencia con otros distritos y países que ofrecen beneficios similares para atraer producciones.

Para acceder a estos beneficios, los proyectos deberán realizarse total o parcialmente en la provincia de Buenos Aires y contar con al menos un 50% de equipo técnico y artístico bonaerense, priorizando aquellos que generen mayor impacto económico y empleo local.

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Instituto Cultural, registro y control del fomento

La autoridad de aplicación será el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, presidido por Florencia Saintout, que tendrá a su cargo la implementación de un Plan Estratégico Anual y un Plan de Fomento a la Producción Audiovisual, sin crear nuevas estructuras administrativas.

La ley también crea el Registro Único de la Actividad Audiovisual Bonaerense, de inscripción obligatoria para quienes quieran acceder al régimen. Además, establece el Consejo Provincial de la Producción Audiovisual Bonaerense, un órgano consultivo integrado por representantes del Estado, del sector audiovisual, sindicatos y universidades públicas, con funciones ad honorem y restricciones para evitar conflictos de interés.

La normativa pone un fuerte énfasis en la preservación del patrimonio audiovisual mediante la creación de un Archivo Audiovisual Bonaerense, destinado a la conservación, digitalización y difusión de las producciones regionales.

En clave política, la sanción de la ley refuerza la estrategia del gobierno de Kicillof de sostener políticas culturales activas frente al ajuste nacional y reaviva la disputa entre Nación y Provincia sobre el rol del Estado en la producción cultural y la economía del conocimiento.