El Gobierno apeló el fallo que suspende el protocolo antipiquetes

El Gobierno nacional apeló el fallo judicial que declaró nulo el denominado protocolo antipiquetes, una de las principales herramientas de la política de seguridad aplicada desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Mientras la Cámara Contencioso Administrativo Federal analiza el caso, desde el oficialismo aseguran que la medida sigue vigente.

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La decisión judicial había sido dictada este lunes por el juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick, quien consideró que el protocolo era “nulo” e “ilegítimo”, al exceder las facultades del Poder Ejecutivo.

Qué resolvió el juez y por qué declaró la nulidad

El fallo apunta contra el “Protocolo para el mantenimiento del orden público”, establecido mediante la Resolución 943/23 del Ministerio de Seguridad, impulsada por Patricia Bullrich tras la asunción de Milei.

Según Cormick, bajo la forma de una resolución ministerial, el Ejecutivo terminó regulando derechos constitucionales y convencionales, una atribución exclusiva del Congreso. En su resolución, sostuvo que el protocolo:

• Afecta el derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución).
• Limita el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
• Modifica el alcance del artículo 194 del Código Penal, que sanciona el entorpecimiento del transporte.
• Amplía el concepto de flagrancia mediante instrucciones a las fuerzas de seguridad.

“El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias”, advirtió el magistrado.

La respuesta política del Gobierno: Adorni y Bullrich defendieron la vigencia del protocolo

Tras conocerse el fallo, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó en conferencia de prensa que “estar en contra del protocolo antipiquetes es estar en contra de la ley y el orden en la República Argentina”.

En la misma línea, la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich sostuvo en redes sociales que la apelación fue concedida y que el protocolo “no se suspende”. “El orden no se negocia”, escribió.

El fallo quedó suspendido y ahora define la Cámara

De acuerdo a fuentes judiciales, la apelación presentada por el Ministerio de Seguridad tiene efecto suspensivo, por lo que el protocolo continuará aplicándose hasta que se expida la Cámara Contencioso Administrativo Federal.

Este martes es el último día hábil antes de la feria judicial de enero, por lo que si la Cámara no habilita el receso, el tratamiento del caso podría quedar postergado hasta febrero.

Los argumentos de la apelación del Gobierno: Improcedencia del amparo y defensa del accionar estatal

La apelación fue presentada por Marcelo Cippitelli, director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Seguridad. En el escrito, el Gobierno pidió que el fallo sea revocado y dejó planteada la reserva del caso federal, con la posibilidad de llegar a la Corte Suprema.

Entre los principales argumentos, el Ministerio sostuvo que:

• El juez declaró la nulidad sin que se acreditaran los requisitos necesarios.
• Se priorizó “a un sector ínfimo de la sociedad” que protesta “al margen de la ley”.
• El amparo es una vía excepcional, y no se demostró un daño concreto que lo habilite.

Además, el Estado afirmó que la resolución no restringe el derecho a la protesta, sino que regula conflictos entre particulares cuando se cometen delitos en flagrancia.

La discusión por el artículo 194 y la flagrancia

Otro punto central de la apelación es la interpretación del artículo 194 del Código Penal. Según el Gobierno, el protocolo se limita a ordenar el accionar de las fuerzas ante un delito flagrante, protegiendo la regularidad de los servicios públicos.

“No existe una restricción al derecho de protesta sino la aplicación lisa y llana del Código Penal”, sostuvo el escrito, que remarca que los derechos constitucionales no son absolutos y no pueden ser utilizados para cometer ilícitos.

Las denuncias por el uso del protocolo en protestas

Según un relevamiento difundido por Amnistía Internacional, desde la implementación del protocolo durante 2024 y 2025 se registraron:

• 2.557 personas heridas por el accionar de las fuerzas de seguridad.
• 282 trabajadores de prensa lesionados, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo.
• 258 personas detenidas en el marco de manifestaciones.

Estos datos fueron incorporados al debate judicial y político en torno a la legalidad y los alcances del protocolo.

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Qué puede pasar ahora con el protocolo antipiquetes

El caso quedó en manos de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que deberá resolver si confirma o revoca el fallo de primera instancia. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que el protocolo seguirá vigente, en uno de los conflictos institucionales más sensibles entre el Poder Ejecutivo y la Justicia.