Falta de agua: libertarios denuncian penalmente a ABSA y al gobierno provincial

La crisis por la falta de agua en el interior bonaerense sumó un nuevo capítulo judicial y político. La senadora provincial de La Libertad Avanza, Analía Balaudo, presentó una denuncia penal contra Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y contra funcionarios del Gobierno de la provincia de Buenos Aires con competencia en el área, por la situación que atraviesan los vecinos de Carlos Casares, donde el suministro se encuentra seriamente comprometido en plena temporada de verano.

La presentación judicial se da en un contexto de creciente malestar social, marcado por cortes prolongados, baja presión y anegamientos históricos, problemas que —según denunció la legisladora— no son nuevos ni imprevistos. “No es un problema nuevo ni un imprevisto, desde marzo de 2025 empezó la baja presión, siguió en el invierno y se agravó en primavera con cortes eléctricos que dejaron fuera de servicio al acueducto Moctezuma”, afirmó Balaudo.

Carlos Casares: Se viene la Fiesta Nacional del Girasol 2026

La senadora advirtió que el colapso del sistema se profundizó con el paso de los meses. “En diciembre el sistema colapsó, en enero, directamente emergencia: vecinos días sin agua y centros de salud abastecidos con camiones cisterna”, relató.

Y subrayó: “Esto pasa en la provincia de Buenos Aires en 2026; en las zonas rurales fue peor, vecinos sin agua y sin luz al mismo tiempo, bombas paradas, cañerías rotas durante semanas y productores afectados en plena emergencia agropecuaria”.

La denuncia judicial y los cargos apuntados

Ante la falta de respuestas institucionales, Balaudo explicó que la semana pasada llevó la problemática a la Defensoría del Pueblo bonaerense, pero al no obtener soluciones decidió avanzar en el plano judicial. La denuncia fue presentada junto a los concejales locales Franco Cruceño, Viviana Neschenko y Ezequiel Orazi.

En el escrito, los denunciantes acusan a ABSA y a funcionarios provinciales por incumplimiento de los deberes de funcionario público y otros delitos derivados de la prestación “deficiente, irregular y estructural” de un servicio público esencial, con una presunta puesta en peligro de la salud pública en el distrito de Carlos Casares.

Según argumentó la legisladora libertaria, las falencias del servicio se extienden al menos desde el primer semestre de 2025 hasta la actualidad, configurando una situación de “extrema gravedad institucional”. En ese marco, habló de una “conducta omisiva estructural, reiterada y consciente” que derivó en la afectación de derechos humanos fundamentales.

“Los hechos no constituyen episodios aislados, contingentes ni sobrevinientes, sino que se inscriben en un proceso progresivo, prolongado y estructural de deterioro del servicio”, remarcó Balaudo, al tiempo que sostuvo que la situación era “conocida, previsible y advertida” por las autoridades.

Bugallo destacó al papa León XIV por recibir a Corina Machado y apuntó contra el fallecido Pontífice Francisco

Un problema que excede a Carlos Casares

Aunque la denuncia penal se circunscribe formalmente a Carlos Casares, la senadora advirtió que la problemática se replica “en las 95 localidades donde ABSA presta servicios”. “En Carlos Tejedor, en la cabecera el servicio funciona bien, pero en los otros pueblos del distrito no”, explicó sobre otro distrito de la Cuarta Sección Electoral.

También apuntó a la situación en General Villegas, donde, además de la falta de presión de agua, se suma un conflicto estructural con el sistema cloacal. “En Villegas hay un problema serio de cloacas, que sistemáticamente se desbordan, y hay pérdidas cloacales por todos lados”, señaló.

El reclamo judicial se produce pocos días después de que ABSA oficializara un aumento tarifario del 40%, con ajustes bimestrales automáticos, una decisión que generó fuerte repudio político y social. En ese contexto, Balaudo cerró con un mensaje directo: “Pareciera que los reclamos van a saco roto, ojalá que la Justicia actúe y la empresa haga todo lo que debiera hacer y no hace”.