El Gobierno avanza con la privatización de AySA

El Gobierno nacional presidido por Javier Milei avanza con la implementación de las privatizaciones habilitadas por la Ley Bases y se prepara para dar uno de los primeros pasos concretos en ese camino. En el Poder Ejecutivo aseguran que el proceso de venta de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) está próximo a ponerse en marcha y que en las próximas semanas se conocerán definiciones clave.

Desde Casa Rosada señalaron que el pliego para la privatización de la empresa “está muy cerca de lanzarse” y anticiparon que será publicado en el Boletín Oficial en el corto plazo. Si bien no hay una fecha precisa, fuentes oficiales indicaron que podría concretarse antes de que finalice el primer trimestre del año, e incluso no descartan que el llamado se realice durante febrero.

AySA, la primera en la lista

AySA aparece como una de las compañías que tendrá novedades inmediatas dentro del proceso de privatización. Una altísima fuente del Poder Ejecutivo confirmó que en el cortísimo plazo se iniciará el procedimiento formal para que operadores privados puedan competir por el paquete accionario de la empresa, que actualmente es presidida por el ingeniero Alejo Maxit.

Los plazos que se manejan para AySA son similares a los previstos para Belgrano Cargas y Logística, otra de las firmas incluidas en la nómina de empresas sujetas a privatización por la Ley Bases. En esa misma legislación también figuran Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Nucleoeléctrica, Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

El marco legal y la venta de acciones

El último paso formal del Gobierno en relación con la privatización de AySA se dio en julio del año pasado, con la publicación del Decreto 494/2025. Esa norma habilitó la venta de la totalidad de las acciones que están en manos del Estado Nacional, que actualmente posee el 90% del capital social de la compañía.

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El 10% restante continúa dentro del Programa de Propiedad Participada, que pertenece a los trabajadores de la empresa, esquema que se mantendría también bajo la futura gestión privada.

Según explicaron voceros oficiales, la licitación contemplará la venta del paquete mayoritario a un operador estratégico. “Esta licitación sería para la venta del paquete mayoritario a un operador estratégico, es decir, quien tomaría las principales decisiones operativas. Y el remanente, iría a los mercados”, señalaron.

La normativa establece que la venta debe ser, como mínimo, del 51% de las acciones, para garantizar que exista un accionista con control y responsabilidad como agente mayoritario. El 90% funciona como el máximo a transferir y todo lo que no sea adquirido en la licitación quedará disponible para su compra en el mercado, bajo un esquema de free float.

Quiénes supervisan el proceso

Las áreas encargadas de verificar que se cumplan todas las condiciones legales y técnicas del proceso son el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), que actualmente es presidida por el abogado Diego Chaher.

Estos organismos trabajan en conjunto con el equipo de la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia, a cargo de María Ibarzábal, realizando las últimas evaluaciones jurídicas previas a la publicación del pliego.

En cuanto a los posibles interesados, desde el Gobierno aclararon que no será requisito excluyente pertenecer específicamente al sector de agua y saneamiento. Podrán presentarse compañías con experiencia acreditada en el ámbito de los servicios públicos en general. Una de las firmas que sonó como potencial interesada en el último año y medio es SABESP, la Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, que cuenta con una base aproximada de 27 millones de clientes.

El rol de los entes reguladores

Una vez concretada la privatización, el control del desempeño de la empresa quedará en manos del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y de la Agencia de Planificación (APLA). El ERAS tendrá a su cargo el control tarifario, la calidad del servicio y la atención de reclamos, mientras que la APLA se ocupará de la planificación estratégica, las inversiones y los planes de expansión.

Inversiones previas y ajustes regulatorios

Con el objetivo de dejar a la compañía en condiciones para su futura gestión privada, el Gobierno aprobó un Plan de Acción de Transición para el período 2024-2026. Ese programa apunta a mejorar la situación operativa y financiera de AySA y a incrementar las posibilidades de que existan ofertas en el proceso de privatización.

Las inversiones previstas por parte del Estado para ese período ascienden a un total de $ 753.900 millones. En paralelo, como parte de este proceso, se habilitó un aumento tarifario superior al aplicado durante la administración anterior.

Según el Monitor de Transferencias de la Administración Nacional a Empresas Públicas, elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, entre abril y noviembre se realizaron transferencias de capital por un total de $ 36.600 millones destinadas a la mejora de la infraestructura. En términos interanuales, la variación de las transferencias fue del -91%, debido a que los primeros envíos de fondos superaron ampliamente a los efectuados en 2025.

Otro paso clave fue la publicación del Decreto 805/2025, firmado por Javier Milei y todo su gabinete, que puso en vigencia un nuevo marco regulatorio para AySA. Entre los cambios legales introducidos, se habilita a la futura empresa a realizar cortes de suministro en casos de falta de pago.

El alcance del servicio

AySA presta servicio a más de 11 millones de personas y tiene competencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en numerosos partidos del conurbano bonaerense. Su área de cobertura incluye a Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Escobar, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

Con este proceso, el Gobierno busca avanzar en la reducción de la participación estatal en empresas públicas y dar inicio a una nueva etapa en la gestión de servicios esenciales, bajo el marco legal establecido por la Ley Bases.