El Parlamento Europeo frenó el acuerdo Mercosur-UE
El Parlamento Europeo puso en stand by el acuerdo Mercosur-Unión Europea y abrió un nuevo frente político y judicial en Bruselas.
Política21 de enero de 2026
Juan Manuel Villarreal
El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea quedó en suspenso. El Parlamento Europeo decidió este miércoles paralizar el proceso de ratificación del tratado firmado el pasado 17 de enero en Asunción y enviarlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que evalúe su compatibilidad con los tratados comunitarios.
La decisión fue adoptada tras una votación ajustada, que reflejó la fuerte división política en Bruselas: 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. Hasta que la Justicia europea emita su dictamen, el acuerdo no podrá avanzar.
Una votación clave que congela la ratificación
La moción aprobada por el Parlamento pone bajo revisión si el texto del acuerdo respeta el marco jurídico de la Unión Europea. En términos prácticos, el envío al TJUE implica que todo el proceso de ratificación queda frenado, al menos, por un período estimado de 18 a 24 meses.
Según detalla el propio Parlamento, si bien el tribunal tiene plazos amplios para pronunciarse, puede priorizar el tratamiento del caso si el contexto político o económico así lo amerita.
La reacción de la Comisión Europea
La decisión legislativa generó un inmediato malestar en la Comisión Europea, encabezada por Úrsula von der Leyen, quien había participado días atrás de la firma del tratado en Paraguay.
“Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento en esta moción no están justificadas”, afirmó el portavoz del organismo, Olof Gill, al sostener que los puntos cuestionados ya habían sido abordados en profundidad durante las negociaciones.
Desde Bruselas remarcaron que no se trata de objeciones nuevas y recordaron que mecanismos similares fueron utilizados en acuerdos anteriores, como el firmado con Chile.
Qué puntos del acuerdo están bajo la lupa judicial
El principal foco de conflicto es la validez legal del mecanismo de reequilibrio incluido en el pacto, que permitiría a las partes adoptar medidas ante eventuales desbalances comerciales. Varios eurodiputados advierten que este instrumento podría afectar la autonomía regulatoria de la Unión Europea.
También se cuestiona la base legal elegida para la aprobación, que habilita la ratificación de los capítulos comerciales sin la necesidad de aval de los parlamentos nacionales, un punto sensible para varios Estados miembros.
Por qué Francia y otros países se oponen al acuerdo
El acuerdo Mercosur-UE apunta a crear la mayor zona de libre comercio del mundo, con un mercado integrado por unos 700 millones de personas. Tras más de 25 años de negociaciones, el tratado quedó listo para su firma, pero lejos estuvo de lograr consenso pleno en Europa.
La resistencia está liderada por Francia, junto a Polonia, Hungría, Austria e Irlanda, donde los sectores agropecuarios mantienen un rechazo firme. Los productores temen una caída de los ingresos ante la apertura del mercado europeo a productos sudamericanos como carne vacuna, pollo, azúcar y soja.
Protestas rurales y clima social tenso en Europa
En los días previos a la firma del acuerdo, Francia fue escenario de fuertes protestas rurales. En París, unos 350 tractores ocuparon la avenida de los Campos Elíseos y se concentraron frente al Parlamento, en una imagen que recorrió Europa.
Escenas similares se registraron en Irlanda, con bloqueos de rutas en Athlone, y en otros países del bloque. En las protestas se repitieron consignas como “Stop UE-Mercosur” y banderas europeas intervenidas con mensajes contra el tratado.
El argumento central de los productores europeos
El núcleo del malestar radica en que los agricultores europeos aseguran competir bajo normas mucho más estrictas que las vigentes en el Mercosur. En la UE rigen exigencias severas sobre trazabilidad, uso de pesticidas, hormonas y bienestar animal, lo que eleva los costos de producción.
Desde ese diagnóstico, advierten que los productos sudamericanos ingresarían al mercado europeo a precios más bajos, generando una competencia que consideran desleal y poniendo en riesgo la sustentabilidad del sector.
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