“La edad no puede ser excusa”: Bullrich vuelve a impulsar el debate por el Régimen Penal Juvenil
Mariana Portilla


El asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe, en un hecho en el que hay menores de edad involucrados, volvió a encender una discusión que había quedado congelada en el Congreso: la reforma del Régimen Penal Juvenil. A partir de ese caso, la senadora Patricia Bullrich retomó públicamente el reclamo por avanzar con el proyecto que propone bajar la edad de imputabilidad y que el año pasado quedó trunco por falta de votos.
El expediente había logrado dictamen en Diputados, pero nunca llegó al recinto. Con el cierre del período legislativo y la renovación parlamentaria, todo volvió a foja cero. Ahora, el oficialismo confía en que el nuevo escenario político le permita reactivar la iniciativa.
El caso ocurrido en Santa Fe generó una fuerte repercusión política. A través de su cuenta de X, Bullrich apuntó directamente contra el actual sistema penal juvenil y puso el foco en la situación judicial de los menores implicados.
“Fue torturado y asesinado por menores que se filmaron haciéndolo. Hoy, dos de ellos están libres”, escribió la exministra de Seguridad, y remarcó: “La edad no puede ser excusa”.
La senadora libertaria sostuvo además que la Ley Penal Juvenil “estuvo frenada en el viejo Congreso” y dejó entrever que, con la nueva composición parlamentaria, el escenario es distinto. En La Libertad Avanza creen que ahora existen más condiciones políticas para llevar el proyecto al recinto.
Jeremías Monzón fue asesinado en Santa Fe. De los tres menores que estuvieron al momento del crimen, dos tienen 14 años y se encuentran en libertad por no ser punibles.
Qué propone el nuevo Régimen Penal Juvenil
El texto que se había dictaminado en mayo del año pasado fue el resultado de más de una decena de reuniones informativas en Diputados. El proyecto fija en 14 años la edad de imputabilidad y establece un sistema de sanciones progresivas para los jóvenes en conflicto con la ley.
Entre los puntos centrales, se incluyen instancias previas a la privación de la libertad, como mecanismos de justicia restaurativa, tareas comunitarias y medidas socioeducativas. En los casos más graves, contempla penas de encierro para delitos con condenas superiores a los diez años.
El debate en comisión fue encabezado por la diputada Laura Rodríguez Machado, referente del bullrichismo, quien debió negociar modificaciones y concesiones para lograr consenso. Finalmente, el dictamen reunió 77 firmas en un plenario que involucró a Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, Justicia y Presupuesto.
Por qué el proyecto nunca llegó al recinto
A pesar del dictamen favorable, el oficialismo optó por no avanzar. El motivo fue claro: los votos no estaban garantizados en el recinto. Incluso con el acompañamiento parcial de sectores de Unión por la Patria y del Frente Renovador, el número seguía siendo incierto.
Con el cierre de las sesiones ordinarias de 2025, todos los dictámenes perdieron vigencia, incluido el del Régimen Penal Juvenil. Eso obliga a reiniciar el tratamiento legislativo desde cero, un proceso que demandará nuevas reuniones de comisión y acuerdos políticos.
Por ahora, el proyecto no forma parte del temario de sesiones extraordinarias, por lo que recién podría empezar a discutirse a partir de marzo, con el inicio del período ordinario. Rodríguez Machado volvería a quedar al frente del debate, aunque todavía no está definido si se retomará el texto original o si se presentará una nueva versión.
“Primero hay que ver cómo quedan conformadas las comisiones y quiénes las integran”, explicó la diputada. Hasta el momento, solo están constituidas Legislación Penal y Presupuesto. Restan Familias, Niñez y Juventudes y Justicia, claves para el tratamiento del tema.

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