Milei paraliza 700 obras en barrios populares y deja en vilo a 62 municipios bonaerenses

La decisión del gobierno de Javier Milei de no renovar la continuidad de 300 trabajadores de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU) profundizó la parálisis de obras en barrios populares de todo el país y golpea con más fuerza a la provincia de Buenos Aires, donde había convenios firmados en 62 municipios.

Según datos oficiales actualizados a enero, en territorio bonaerense la SISU sostenía 667 convenios de integración, lotes con servicios y viviendas por $246.259 millones, además de 129.307 mujeres seleccionadas para el programa “Mi Pieza”, por $40.419 millones. En total, 160.179 familias estaban alcanzadas por proyectos que incluían acceso a electricidad segura, gas, agua potable, cloacas, mejoras habitacionales y espacios públicos.

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Desde marzo, los contratos no serían renovados y el organismo quedaría reducido a una estructura mínima encargada de cerrar administrativamente los expedientes en curso. En paralelo, la Mesa Nacional de Barrios Populares denunció que hay 700 obras frenadas en todo el país, más de 11 mil mujeres afectadas por la interrupción de “Mi Pieza” y 150 procesos de desalojo activos que amenazan a unas 4.500 familias.

Acefalía y degradación del área

Tras la renuncia de Sebastián Pareja en diciembre para asumir como diputado nacional, el área quedó sin conducción formal. Desde el Ministerio de Economía señalaron que “todo lo que se defina se anunciará oficialmente”, mientras que referentes sociales aseguraron que en reuniones recientes se les informó que la subsecretaría podría degradarse a dirección y que quedarían apenas 30 trabajadores, lo que implicaría entre 250 y 260 despidos.

Trabajadores, cooperativas y organizaciones movilizaron contra el cierre de la SISU.

Gastón “Batará” Reyes, de la Federación de la Construcción del MTE, indicó que los contratos se extendieron por dos meses, hasta el 30 de abril, y que en ese plazo se evaluarían auditorías sobre las obras. Sin embargo, reconoció que ese tiempo no alcanza para finalizar los proyectos pendientes ni garantizar continuidad.

La SISU fue creada tras la sanción de la Ley 27.453 en 2018, con acuerdo de todas las fuerzas políticas, para ejecutar obras en barrios inscriptos en el RENABAP. En 2022 se prorrogó hasta 2036 la suspensión de desalojos en esos territorios. Actualmente hay 6.467 barrios relevados en el país.

El arzobispo de La Plata y titular de Cáritas, Gustavo Carrara, sostuvo que la SISU fue “por años, la mejor política pública que se dio desde abajo hacia arriba” y destacó que los vecinos eran contratados para trabajar en sus propios barrios, generando empleo y capacitación.

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El impacto en Buenos Aires

En la provincia, el freno tiene efectos concretos. Un caso testigo es Tandil, donde más de 2.000 familias estaban alcanzadas por obras ejecutadas por cooperativas locales. Referentes territoriales advirtieron que la paralización afecta no solo a los trabajadores, sino también a comercios y profesionales que participaban de la cadena productiva.

Desde el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), su titular Romina Barrios calificó la decisión como “profundamente regresiva y deshumanizante” y aseguró que implica “abandonar a miles de familias que esperan obras de agua, cloacas y mejoras habitacionales”.

La discusión se da en un contexto de fuerte estigmatización hacia el conurbano. Tras las elecciones legislativas provinciales de 2025, referentes libertarios lanzaron expresiones agraviantes sobre las condiciones sanitarias en distritos como La Matanza. Sin embargo, según el Censo 2022, el 87,4% de las viviendas del conurbano cuenta con inodoro con arrastre de agua, un porcentaje superior al de ocho provincias argentinas.

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Durante la gestión anterior se habían financiado más de 1.200 proyectos de integración socio urbana en más de 1.000 barrios del país, de acuerdo con informes académicos de la UBA. Además, la Encuesta Permanente de Hogares del Indec registró que el acceso a cloacas pasó del 70% en 2017 al 73,2% en el segundo semestre de 2023.

Organizaciones sociales advierten que el retiro del Estado en estos territorios no genera vacío. “Cuando el Estado se retira de los barrios populares no queda el vacío, sino que crece el endeudamiento o la demanda de soluciones a otros sectores que vienen a ocupar esos lugares, como el narco”, alertaron desde espacios territoriales.

En ese marco, desde la Provincia remarcaron que van a “redoblar los esfuerzos para sostener y profundizar las políticas de reurbanización”, mientras reclaman que la Nación garantice la continuidad de una ley vigente y recursos que, hasta ahora, mantienen en vilo a miles de familias bonaerenses.