Reforma laboral: el artículo 20 y la ofensiva que lidera la Provincia por el federalismo

La tensión por la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei sumó un nuevo capítulo. La Provincia de Buenos Aires encabezó un encuentro virtual con autoridades laborales de distintos distritos para analizar el impacto del artículo 20 del proyecto y coordinar una estrategia común en defensa del poder de policía laboral, una facultad que las provincias consideran no delegada a la Nación.

La reunión fue liderada por el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, acompañado por la jefa de Gabinete Cecilia Cecchini; el subsecretario Técnico, Administrativo y Legal, Edgar Acuña; el subsecretario de Inspección del Trabajo, Mariano Salomón; el asesor ministerial Gustavo Mariani y la funcionaria Lorena Pintos.

El eje del debate fue el alcance del artículo 20, que modifica el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo y establece una única registración ante ARCA, “sin que pueda exigirse requisitos adicionales por parte de ninguna otra autoridad”. Para las provincias, ese punto impacta de lleno sobre su capacidad de fiscalizar, controlar y garantizar el cumplimiento de las normas laborales en cada territorio.

El artículo 20 y la disputa por el poder de policía

Desde la cartera laboral bonaerense remarcaron que la discusión excede lo técnico. Sostienen que la eventual aprobación del artículo 20 implicaría un corrimiento de competencias hacia la órbita nacional y limitaría la intervención provincial ante irregularidades, incumplimientos salariales, condiciones inseguras o trabajo no registrado.

“Junto a autoridades laborales de las provincias analizamos el impacto de la Reforma Laboral y ratificamos una posición común. El Artículo 20 es un ataque contra el federalismo: pretende quitar a las provincias su poder de policía laboral y debilitar derechos conquistados. No vamos a ceder. Vamos a defender nuestras facultades y a las y los trabajadores”, expresó Correa tras el encuentro.

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Durante la reunión, el ministro fue tajante: “No nos vamos a correr un centímetro de nuestra Constitución ni de la defensa de los derechos de los trabajadores”. Y agregó: “La provincia de Buenos Aires tiene un mandato constitucional que garantiza los derechos del pueblo trabajador, y vamos a seguir accionando conforme a nuestra Constitución y a nuestro poder de policía laboral”.

Las provincias que vienen articulando esta agenda ya habían firmado una Carta de Intención en la que advirtieron que el proyecto podría afectar atribuciones constitucionales propias. En ese marco, coincidieron en sostener una posición común ante el Congreso y el Poder Ejecutivo nacional.

El Congreso, el 14 bis y las advertencias opositoras

Durante el debate en la Cámara baja, el diputado nacional de Unión por la Patria, Diego Giuliano, también apuntó directamente contra el artículo 20. Según explicó en su intervención, la modificación “rompe el principio de lo que es el poder de policía de las provincias en materia de trabajo, materia conservada por las provincias no delegadas al Estado Nacional”.

Giuliano sostuvo que la reforma vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y advirtió que la imposición de una única registración ante ARCA “quiebra el federalismo”. “Por lo tanto, el artículo 14 bis en todas sus condiciones es vulnerado por esta reforma. Ojalá que reflexionen también los representantes de las provincias que están alterando sus derechos fundamentales del poder de policía laboral en el territorio”, señaló.

En paralelo, gobernadores peronistas, entre ellos Axel Kicillof, difundieron un pronunciamiento en rechazo al proyecto, al que calificaron como “profundamente antifederal” y contrario a los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo. Plantearon que cualquier modernización laboral debe respetar las autonomías provinciales y no avanzar sobre competencias históricas.

Con el regreso del proyecto al Senado y en medio de movilizaciones sindicales en distintos puntos del país, las provincias reafirmaron que continuarán con la agenda de articulación federal en las próximas semanas para sostener una estrategia común frente al avance legislativo y garantizar, según expresaron, “la protección efectiva de los derechos laborales en cada provincia”.