Causa $LIBRA: nuevas pruebas complican a Milei
Juan Manuel Villarreal

La investigación judicial por el lanzamiento y colapso de la criptomoneda $LIBRA sumó un elemento clave: en un dispositivo electrónico del trader Mauricio Novelli se encontraron borradores de un acuerdo confidencial que habría vinculado al presidente Javier Milei con el empresario estadounidense Hayden Davis como asesor en criptomonedas, blockchain e inteligencia artificial.
El hallazgo surge de un informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal, que analizó celulares y otros aparatos secuestrados en la causa el año pasado.
El contrato que el Presidente niega
Milei nunca reconoció públicamente la existencia del convenio. Sin embargo, tras el derrumbe del valor de $LIBRA —que generó pérdidas a más de 40.000 inversores, según consta en la causa—, Davis aseguró en una entrevista que asesoraba al mandatario.
La empresa del empresario, Kelsier Ventures, incluso difundió un mensaje luego de una reunión mantenida el 30 de enero de 2025 en la Casa Rosada. Allí compartió un posteo del propio Milei, en el que ambos aparecían en una foto y se hablaba de “garantizar que la próxima generación de tecnología y finanzas llegue a las masas”.
El acuerdo, publicado a fines de enero por el periodista Mariano Vidal, de Clarín, habría sido firmado el 29 de enero de 2025, un día antes del encuentro en Balcarce 50. El texto —redactado en primera persona y en castellano— indicaba que Davis ofrecía sus servicios “ad honorem”, renunciando a cualquier contraprestación económica.
El rol de Novelli y el informe de la DATIP
El informe técnico confirmó intercambios entre Novelli y el Presidente, así como comunicaciones con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y con el propio Davis.
En uno de los dispositivos del trader se hallaron borradores del contrato en cuestión. También se detectaron conversaciones eliminadas entre Novelli y otros actores vinculados al proyecto, entre ellos Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores.
Según consta en el expediente, otro acuerdo de características similares habría sido celebrado en noviembre de 2024, con presunta participación de Morales en representación del Gobierno.
Pedido de imputación e irregularidades administrativas
El fiscal Eduardo Taiano solicitó a la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales que informe si existe un acuerdo confidencial entre Milei y Davis vinculado al desarrollo de soluciones tecnológicas y asesoramiento en blockchain y criptomonedas.
En paralelo, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), que interviene como amicus curiae en la causa, pidió acceso a la información pública sobre el contrato. La Secretaría General de la Presidencia respondió que no tiene registro de ningún convenio de esas características.
Para el CIPCE, la inexistencia de registros administrativos es un dato “jurídicamente relevante”, ya que un acuerdo de esa naturaleza debería haber seguido los canales formales correspondientes. La ONG sostiene que, de confirmarse la ausencia de actuación oficial, podría tratarse de un instrumento celebrado al margen de la estructura legal del Estado.
Desde esa organización insisten en que corresponde investigar el posible delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”.
El peritaje y las cajas de seguridad
El peritaje de la DATIP también reveló movimientos en torno a una caja de seguridad abierta por Novelli en una sucursal del Banco Galicia de Martínez, diez días antes del lanzamiento de $LIBRA. Según el informe, fue vaciada el primer día hábil posterior al colapso del token.
Además, se detectaron conversaciones eliminadas entre el trader y su entorno familiar. La hermana de Novelli habría participado en la organización del Tech Forum, evento utilizado para vincular inversores extranjeros con proyectos locales.
El proyecto: “tokenizar” el Estado
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, el contrato contemplaba que Davis asesorara al Presidente no solo en materia cripto, sino también en inteligencia artificial. El objetivo declarado era avanzar en la “tokenización” del Estado argentino y en el desarrollo de soluciones basadas en blockchain.
Mientras tanto, el Presidente sostiene que utilizó su cuenta personal en la red social X para dar visibilidad al proyecto y que luego eliminó el posteo al no estar interiorizado en los detalles. Argumenta, además, que no hubo fondos públicos involucrados.
La causa judicial continúa en etapa de análisis probatorio y podría avanzar hacia nuevas medidas procesales en las próximas semanas.

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