Procesamiento confirmado y embargo firme: el escenario judicial que enfrenta el exministro D’Onofrio

La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó el procesamiento del exministro de Transporte bonaerense, Jorge Alberto D’Onofrio, en la causa que lo investiga por presunto lavado de activos de origen ilícito, agravado por su condición de funcionario público. La resolución también ratificó el embargo sobre sus bienes por $350.000.000.

El fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcelo Fernández y Marcos Morán, rechazó los recursos de apelación presentados por las defensas, que cuestionaban la motivación del procesamiento dictado en noviembre pasado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay.

En el mismo pronunciamiento, la Cámara confirmó el procesamiento de Facundo Asensio —exdirector de Fiscalización y Control de la VTV— y el embargo sobre sus bienes por $300.000.000. Ambos están imputados en una investigación que se desprende del expediente por presuntas maniobras irregulares con el sistema de fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires.

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“El fallo impugnado cumple con la manda de motivación que prescribe la norma”, sostuvieron los camaristas, al concluir que la decisión de primera instancia se apoyó en “una valoración integral, lógica y concordante del plexo probatorio reunido”.

La Audi Q8 y el esquema bajo sospecha

Uno de los ejes centrales de la investigación es la adquisición de una camioneta Audi Q8, dominio AE554ZD, que fue inscripta el 19 de octubre de 2023 a nombre de Asensio por un valor declarado de $30.000.000. Sin embargo, la póliza de seguro del vehículo ascendía a $173.800.000 en ese momento, diferencia que el juez consideró un indicio relevante.

Según la hipótesis judicial, el uso efectivo del rodado correspondía a D’Onofrio, quien figuraba como autorizado a conducirlo y estaba vinculado al pago del servicio de Telepase asociado al vehículo. La operación incluyó un contrato de mutuo por $30.000.000 entre Asensio y la firma Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario S.A., cuyos accionistas son los padres del exfuncionario y que, de acuerdo con la Cámara, no registra actividad económica verificada ni domicilio operativo comprobable.

Al confirmar el procesamiento, los jueces avalaron el análisis del magistrado de Campana, quien sostuvo que, en función de los elementos reunidos hasta el momento, Asensio habría actuado como “interpuesto registral o testaferro”, ocultando la verdadera titularidad del rodado y disimulando el patrimonio real, en un esquema que —según la resolución— resulta compatible con maniobras típicas de lavado de activos.

La defensa argumentó que la sola existencia de una cédula azul a favor de D’Onofrio y el pago del Telepase no acreditan la titularidad real del vehículo, además de cuestionar el uso del valor asegurado como parámetro para estimar el precio de mercado. También planteó que no estaba acreditado el delito precedente necesario para configurar el lavado. 

Frente al planteo de las defensas respecto de la supuesta falta de acreditación del delito precedente, la Cámara señaló que “no se exige, en modo alguno, la corroboración judicial del hecho delictivo previo, mediante una sentencia firme”, sino que resulta suficiente “tener por acreditado que los bienes objeto del caso proceden de hechos susceptibles de ser calificados como delitos o que poseen un origen delictivo”.

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En el expediente consta además que el 12 de noviembre de 2024 el vehículo fue transferido a Sebastián Eduardo Berterretche, quien declaró haberlo adquirido por $77.310.000 tras verlo publicado por una suma cercana a los $100 millones.

Fotomultas, VTV y la trama paralela

La causa federal por lavado se vincula con otra investigación en la Justicia provincial. Allí, D’Onofrio está imputado como partícipe necesario de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito en el manejo de las fotomultas, y como autor en una presunta maniobra vinculada a la VTV.

La denuncia que dio origen al expediente federal, presentada el 5 de septiembre de 2024, sostenía que D’Onofrio habría encabezado —junto a otros actores políticos— una estructura con división de funciones destinada, según la acusación, a sustraer fondos derivados del sistema de fotomultas y posteriormente incorporarlos al circuito formal mediante la adquisición de bienes bajo apariencia lícita.

En febrero pasado, el juez González Charvay dictó el sobreseimiento de 18 personas en un tramo de la causa por presunto lavado. No obstante, la situación procesal de D’Onofrio y Asensio quedó firme tras la resolución de la Cámara.

El 30 de diciembre de 2024, en medio del avance de los expedientes judiciales, D’Onofrio presentó su renuncia al Ministerio de Transporte bonaerense “por motivos personales”. Hasta el momento, ninguno de los procesados tiene prisión preventiva y ambos continúan bajo inhibición general de bienes.

Fuentes cercanas al exfuncionario adelantaron que recurrirán ante la Cámara Federal de Casación Penal para intentar revertir el procesamiento. La causa, mientras tanto, continúa su curso y podría encaminarse a una eventual etapa de elevación a juicio si las instancias superiores ratifican lo actuado.