En plena disputa de modelos, Kicillof contraataca a Milei en un área clave
El gobernador bonaerense oficializó por decreto una medida que busca ampliar derechos en el sistema educativo y marca un contraste con el rumbo que impulsa el gobierno nacional.
Mariana Portilla
Mientras el debate nacional gira en torno al ajuste del gasto público y la redefinición del rol del Estado, el gobierno bonaerense decidió mover una pieza fuerte en el tablero educativo. Con un decreto publicado en el Boletín Oficial, Axel Kicillof puso fecha a una meta ambiciosa: que para 2027 todos los niños y niñas de tres años en la provincia de Buenos Aires tengan garantizado el acceso al jardín de infantes.
La medida, formalizada a través del Decreto 158/2026, no sólo busca ampliar la cobertura del nivel inicial en el sistema educativo más grande del país. También funciona como un gesto político en medio de la discusión nacional sobre el alcance de las políticas públicas, un terreno donde el mandatario bonaerense viene marcando diferencias con la administración de Javier Milei.
El decreto lleva la firma del gobernador y del ministro de Gobierno Carlos Bianco, y establece que la Provincia deberá “adoptar las medidas necesarias para concretar durante el ciclo lectivo 2027 la universalización efectiva de la educación inicial para los niños y niñas de tres años”.
La implementación estará a cargo de la Dirección General de Cultura y Educación, que deberá analizar la oferta educativa actual, la demanda proyectada y la evolución demográfica en cada distrito para garantizar el acceso.
El texto también fija un criterio de prioridad territorial: las zonas con mayores niveles de vulnerabilidad socioeconómica serán las primeras en recibir nuevas vacantes, infraestructura o ampliaciones de jardines.
Según el gobierno bonaerense, el objetivo central es consolidar tres ejes: igualdad real de oportunidades, calidad pedagógica y equidad territorial.
En términos concretos, la iniciativa apunta a garantizar que el acceso a la educación inicial no dependa de la disponibilidad de vacantes ni de la situación socioeconómica de cada familia.
Un anuncio anticipado
La decisión no tomó por sorpresa al sistema educativo. Días atrás, durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense, Kicillof había adelantado la iniciativa ante diputados y senadores.
“Es una decisión más en el marco de nuestro propósito principal: garantizar en toda la Provincia el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad desde los 3 hasta terminar la universidad”, afirmó el gobernador durante su discurso.
El anuncio formó parte de una batería de definiciones políticas que incluyó medidas fiscales, regulación de aplicaciones digitales y anuncios vinculados a infraestructura educativa.
El día de mañana firmaré un decreto que garantiza extender nuestro compromiso en todo el territorio de la provincia al acceso a la sala de 3 años en nuestro ciclo inicial. Es una decisión más en el marco de nuestro propósito principal: garantizar en toda la Provincia el derecho a…
— Axel Kicillof (@Kicillofok) March 2, 2026
El antecedente legislativo que no prosperó
La universalización de la sala de 3 no es un objetivo nuevo para la administración provincial. En noviembre de 2024, el Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto de ley para modificar la Ley Provincial de Educación N° 13.688 y establecer la obligatoriedad del nivel inicial desde esa edad.
La iniciativa proponía modificar el artículo 16 de la norma para establecer que la educación inicial incluya tres años obligatorios: salas de 3, 4 y 5. El proyecto ingresó por el Senado bonaerense pero nunca llegó a tratarse en el recinto, en parte por la falta de acuerdos políticos y por la agenda legislativa del período.
Ante ese escenario, el gobierno provincial decidió avanzar por decreto con la implementación de la política educativa.
El impulso a la educación inicial se apoya en datos que muestran un crecimiento sostenido de la cobertura durante los últimos años.
De acuerdo con cifras oficiales citadas en los fundamentos del decreto en 2022, el Censo Nacional registró que el 74,2% de los niños de tres años asistía a jardines o espacios educativos en la provincia. Para 2025, la cobertura habría alcanzado el 87,5%.
Parte de ese crecimiento se explica por la expansión de la infraestructura escolar. Entre 2019 y 2025, la cantidad de secciones del nivel inicial estatal aumentó 8,2%, impulsada por la construcción de nuevos edificios y la ampliación de jardines existentes.
En total, la administración provincial inauguró 300 edificios escolares en 97 municipios, de los cuales más del 40% corresponden a jardines de infantes.
Infraestructura y expansión del sistema educativo
El gobierno bonaerense sostiene que la universalización de la sala de 3 sólo es posible si se sostiene el ritmo de inversión en infraestructura educativa.
Según datos oficiales actualizados a febrero de 2026, la Provincia lleva invertidos 1,04 billones de pesos en obras escolares. El plan incluye: 300 edificios escolares inaugurados, 3.406 nuevas aulas finalizadas, 261 obras en ejecución, 89 nuevos establecimientos en construcción y 501 edificios refaccionados integralmente.
A esto se suman otras políticas vinculadas al sistema educativo, como la entrega de 171.989 netbooks, la conexión de 7.285 escuelas a internet, la entrega de 65 combis de transporte escolar y la instalación de paneles solares en 128 establecimientos.
Educación y modelo de Estado: el trasfondo político
Más allá del impacto pedagógico, la decisión también tiene una lectura política. En medio del debate nacional sobre el tamaño del Estado y el ajuste del gasto público impulsado por el gobierno de Javier Milei, la administración de Kicillof busca consolidar un perfil basado en la expansión de la inversión pública y la ampliación de derechos sociales.
La universalización de la sala de 3 se inscribe en esa estrategia: una política que combina infraestructura, ampliación de cobertura y presencia estatal en el territorio.
En la práctica, el decreto no sólo fija una meta educativa para los próximos años. También funciona como una señal política en un contexto donde la disputa por los modelos de gestión —entre ajuste y expansión del Estado— atraviesa cada decisión de gobierno.
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