La acusación de “focos infecciosos” en la Bonaerense escala la pelea por la seguridad y Alonso desafía a Monteoliva
Pamela Orellana
La disputa entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires por la seguridad sumó un nuevo capítulo en las últimas horas después de que la ministra nacional del área, Alejandra Monteoliva, afirmara que “la Policía de la provincia de Buenos Aires es también parte del problema” frente al avance del narcotráfico.
La declaración provocó una inmediata reacción del ministro bonaerense de Seguridad, Javier Alonso, quien rechazó las acusaciones y la desafió públicamente a presentar denuncias judiciales o pedir disculpas.
El intercambio expuso otra vez las tensiones entre la administración nacional de Javier Milei y la gestión provincial encabezada por Axel Kicillof, en un contexto atravesado por la discusión sobre recursos, estrategias contra el narcotráfico y el rol de las fuerzas de seguridad en el principal distrito del país.
Las críticas de Monteoliva y el debate por el narcotráfico
La controversia se originó a partir de una entrevista en la que Monteoliva analizó la posibilidad de replicar en el conurbano bonaerense el operativo federal aplicado en Rosario contra las bandas narco, conocido como “Plan Bandera”.
Según explicó la ministra, una intervención de ese tipo en la provincia requeriría acuerdos políticos y operativos con las autoridades locales. “Para tener un Plan Bandera en la provincia de Buenos Aires necesitamos acuerdos. Nosotros no llegamos con las fuerzas de prepo, eso no sucede porque no funciona así. Para eso hay que sentarse y generar acuerdos”, sostuvo.
En ese marco, la funcionaria nacional afirmó que existen ámbitos de coordinación con la provincia —como la mesa de trabajo sobre narcotráfico—, pero consideró que el distrito enfrenta problemas estructurales vinculados a la seguridad.
“Con la provincia hay una mesa de narcotráfico que viene trabajando en situaciones específicas, pero evidentemente la provincia de Buenos Aires tiene serios problemas. Y la Policía de la provincia de Buenos Aires es también parte del problema”, afirmó.
Monteoliva señaló además que, si bien la fuerza cuenta con una gran cantidad de efectivos, sería necesario avanzar en procesos de revisión interna para detectar irregularidades o vínculos con el delito.
“Para nosotros es una prioridad y lo que buscamos es el mejor desempeño”, remarcó. Al ser consultada sobre la posibilidad de aplicar ese tipo de operativos en distritos del conurbano como La Matanza o Moreno, respondió: “Por supuesto. Los focos son conocidos por todos y lo vemos a diario”.
La respuesta de Alonso y la defensa de la Bonaerense
Las declaraciones generaron una inmediata respuesta del ministro de Seguridad bonaerense, quien defendió el trabajo de la Policía de la Provincia y cuestionó el planteo de la funcionaria nacional. “¿Ministra? @AleMonteoliva, no balbucee en contra de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, escribió Alonso en su cuenta de X.
El funcionario recordó además que semanas atrás la propia ministra había destacado indicadores positivos de seguridad en el distrito y valorado el trabajo conjunto con la fuerza provincial. “Hace pocas semanas celebraba los alentadores números de seguridad, producto del trabajo de esta honorable fuerza con la que articulamos a diario, equipando y profesionalizando a su personal”, señaló.
Alonso también sostuvo que cualquier sospecha de corrupción o connivencia con el delito debe canalizarse a través de la Justicia. “Si es ministra e identifica algún ‘foco infeccioso’, su obligación legal es ir a la Justicia, como lo hicimos nosotros cada vez que investigamos policías involucrados con el narcomenudeo”, afirmó.
Recursos, paritarias policiales y una tensión política persistente
El cruce se produce en un momento particularmente sensible para la agenda de seguridad en la provincia. En los últimos días, el gobierno bonaerense anunció una recomposición salarial para la Policía Bonaerense que eleva al 11% el aumento acumulado durante el primer cuatrimestre de 2026, con incrementos escalonados entre enero y abril.
El acuerdo también incluyó mejoras en el valor del servicio de Policía Adicional (POLAD), un sistema que permite a los efectivos realizar tareas pagas fuera de su horario habitual. Según el Ministerio de Seguridad provincial, esas horas registraron una suba del 22,7% desde febrero y acumularán un incremento del 36,4% hacia abril.
Desde la administración de Kicillof sostienen que esas medidas forman parte de una política de fortalecimiento de la fuerza que incluye equipamiento, incorporación de efectivos y modernización tecnológica, como la licitación por más de $23.000 millones para renovar el sistema de emergencias 911.

Sin embargo, el gobierno provincial también denuncia un fuerte recorte de recursos por parte de la Nación. Días atrás, Kicillof afirmó que el Ejecutivo nacional dejó de enviar unos $750.000 millones que estaban destinados por ley al financiamiento de patrulleros, tecnología y mejoras en las condiciones de trabajo de los agentes.
En ese contexto, Alonso aprovechó la polémica para cuestionar la política de seguridad del gobierno nacional. “La gestión Milei solo profundiza la desidia: no invierten, no planifican y no gestionan”, sostuvo el ministro bonaerense.
El funcionario también respondió a las referencias de Monteoliva sobre el operativo en Rosario y recordó que la provincia de Buenos Aires colaboró con recursos para su implementación. “Respecto al ‘Plan Bandera’, dice que no pueden llegar ‘de prepo’: le recuerdo que no podían llegar a Rosario sin antes suplicarle al gobernador de la Provincia de Buenos Aires que le prestara patrulleros, y lo hicimos”.

El episodio también dejó en evidencia tensiones dentro del propio espacio libertario en la provincia. El diputado bonaerense de La Libertad Avanza Maximiliano Bondarenko, excomisario de la Policía Bonaerense, viene defendiendo públicamente a la fuerza y reclamando mejores condiciones para los agentes. “He dado mi vida por la sociedad, he dado mi vida por la institución y ahora la voy a seguir dando”.
Mientras tanto, Alonso cerró su respuesta con un pedido directo a la ministra nacional: “Le pido, por respeto institucional y calidad humana, que denuncie ante la Justicia o se disculpe ante la Policía de la Provincia de Buenos Aires”.

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