ANSES acelera retiros “voluntarios” y abre un frente sindical que escala a la política bonaerense

La puesta en marcha del Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR) en la ANSES, formalizado por la Resolución 68/2026, activó una reacción en cadena que va más allá del conflicto laboral y se proyecta sobre el funcionamiento del sistema previsional. 

Mientras el Gobierno nacional lo presenta como parte de su estrategia de reorganización del Estado, gremios y referentes políticos advierten sobre un proceso de reducción de personal que, según sostienen, podría afectar áreas críticas del organismo.

La medida, firmada por el titular de ANSES, Fernando Omar Bearzi, habilita acuerdos de desvinculación bajo el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo. Los trámites deben realizarse ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) y son gestionados por la Dirección General de Recursos Humanos del organismo. 

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El esquema contempla una compensación de hasta el 90% del salario bruto por año trabajado, con un tope de 24 sueldos o hasta 80 millones de pesos, y establece la imposibilidad de reingresar al Estado durante cinco años.

Presión, paritarias y conflicto abierto

Desde el Sindicato de Trabajadores de ANSES (SECASFPI), el rechazo fue inmediato. En un contexto marcado por reclamos de recomposición salarial, el gremio denunció que el plan no responde a una política de mejora laboral sino a una estrategia de reducción de personal. “Mientras las y los trabajadores reclamamos paritarias y recomposición salarial, el gobierno responde con retiros ‘voluntarios’”, señalaron.

El punto más sensible del planteo sindical es el carácter de la medida. “Se creen que esto es voluntario. Pero lo que estamos viendo es el resultado de una política de desestabilización económica y emocional sobre los trabajadores, para empujarlos a aceptar lo que en otras condiciones jamás aceptarían”, afirmaron desde la conducción nacional del gremio.

En paralelo, el comunicado titulado “Aprietan a los trabajadores y lo llaman ‘voluntario’” también cuestiona el uso de recursos públicos y el rumbo económico general. “Mientras exigimos salarios dignos, vemos cómo algunos funcionarios utilizan el Estado para privilegios y gastos que nada tienen que ver con las necesidades del pueblo”, agregaron.

El impacto en la estructura del organismo

La Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS) puso el foco en las consecuencias operativas del plan. Su secretario general, Fabián Montaño, advirtió que el retiro voluntario “no es una política de mejora para los trabajadores. Es una forma de reducir la planta del organismo bajo la apariencia de una decisión individual y voluntaria”.

Según el dirigente, el esquema apunta especialmente a trabajadores con mayor antigüedad, lo que implica una pérdida de experiencia y conocimiento técnico en áreas estratégicas. “Cuando se debilita ANSES no se trata solamente de un problema laboral. Estamos hablando de la institución que administra el sistema previsional y múltiples políticas sociales”, sostuvo.

La preocupación gremial se amplifica en función del rol central que cumple ANSES en la administración de jubilaciones, asignaciones y programas sociales. Desde ambos sindicatos coinciden en que una reducción significativa del personal podría afectar la atención al público y la capacidad de respuesta del organismo en todo el país.

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De la discusión gremial a la disputa política

El conflicto escaló rápidamente al terreno político. La diputada bonaerense y secretaria adjunta del SECASFPI, Soledad Alonso, vinculó la medida con una política más amplia del gobierno de Javier Milei orientada a reducir el empleo público.

“Milei odia al Estado y a las y los trabajadores. Mientras las mentiras y los escándalos de su Gobierno quedan al descubierto y el rumbo económico beneficia a unos pocos, continúan destruyendo empleo”, afirmó la legisladora.

En esa línea, Alonso planteó que el plan genera un contexto de presión sobre los empleados estatales. “Hoy buscan forzar despidos con desgaste, incertidumbre y vaciamiento de políticas públicas”, señaló, y cuestionó el encuadre oficial del proceso: “No es modernización: es achique”.

El esquema de retiros en ANSES se inscribe en una política más amplia de reducción del Estado que, según distintas estimaciones, ya implicó decenas de miles de desvinculaciones en la administración pública. Dentro de ese cronograma, el 21 de marzo aparece como una fecha clave para avanzar en una nueva etapa de recorte, con la previsión de miles de cargos vacantes en distintos organismos.

El plan actual establece como fecha límite de adhesión el 5 de abril y fija condiciones estrictas para acceder, incluyendo exclusiones para personal con procesos disciplinarios, en edad jubilatoria o con litigios en curso. También exige la renuncia a cargos sindicales para quienes opten por el retiro.

En ese marco, Alonso reforzó su posicionamiento: “Argentina necesita más y mejores puestos de trabajo y mejores condiciones laborales. Y vamos a seguir defendiéndolos, como siempre lo hicimos”.