Glaciares: el trasfondo del rechazo de la Provincia a la ley de Milei

La Cámara de Diputados de la Nación abre este miércoles una discusión que ya llega atravesada por tensiones políticas, cuestionamientos judiciales y un fuerte rechazo de la provincia de Buenos Aires. La reforma de la Ley de Glaciares, impulsada por el gobierno de Javier Milei y con media sanción del Senado, pone en el centro de la escena no solo el modelo productivo sino también el control sobre los recursos estratégicos, con el agua como eje del conflicto.

Desde La Plata, la administración de Axel Kicillof decidió jugar fuerte. La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, se convirtió en una de las voces más activas contra el proyecto y dejó en claro que el posicionamiento no es solo técnico, sino político. “La ley no se debe modificar”, afirmó días atrás, y elevó el tono al calificar la iniciativa como “ilegal e inconstitucional”.

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Agua, producción y federalismo: el argumento bonaerense

Aunque Buenos Aires no tiene glaciares en su territorio, el gobierno provincial insiste en que el impacto de la reforma sería directo. La clave está en el sistema hídrico interjurisdiccional y en la dependencia estructural de las cuencas que nacen en la cordillera.

“El 70% del país tiene como principal fuente de agua los glaciares y nieves andinas”, remarcó Vilar en distintas intervenciones públicas. En ese esquema, la provincia puso como ejemplo el río Colorado, que atraviesa cinco provincias y en territorio bonaerense riega cerca de 78.000 hectáreas en Villarino y Patagones.

La advertencia es concreta: “No se puede pensar en una Argentina más productiva si nos van a sacar el agua”. En la misma línea, la ministra sostuvo que la modificación “afecta gravemente a los sectores productivos” y que “sin agua no hay condiciones para producir”.

El cuestionamiento también apunta a lo que consideran un cambio de paradigma. Según la lectura bonaerense, el proyecto habilita actividades extractivas en zonas hoy protegidas, especialmente en ambientes periglaciares, lo que podría generar “pérdida irreversible de reservas de agua” y “contaminación permanente de cuencas”.

Críticas al modelo nacional y al trasfondo económico

El rechazo de la Provincia no se limita al plano ambiental. En La Plata vinculan directamente la reforma con la política económica del gobierno nacional y con el impulso a las inversiones extractivas, en particular en minería.

Vilar habló de “dumping ambiental” para describir lo que, según su análisis, generaría la flexibilización: una competencia entre provincias para atraer inversiones a costa de relajar estándares de protección.

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También cuestionó el argumento oficial sobre la seguridad jurídica. “Cambiar la ley para flexibilizarla no da previsibilidad, abre un escenario de litigiosidad permanente”, advirtió.

En paralelo, desde el gobierno bonaerense se menciona el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y los acuerdos internacionales como parte del contexto en el que se inscribe la reforma. Según plantean, el objetivo sería facilitar el acceso a recursos como litio, cobre y tierras raras, con beneficios para grandes empresas.

La ministra fue más allá en una de sus intervenciones políticas: “El presidente dice que nosotros somos ambientalistas idiotas anti-productivistas mientras impulsan una reforma para vender un recurso esencial para el desarrollo productivo e industrial”.

Audiencias bajo tensión y participación cuestionada

El inicio del debate en Diputados también llega con polémica. Las audiencias públicas previstas para este miércoles y jueves estarán atravesadas por fuertes críticas de la oposición y organizaciones ambientalistas.

El esquema definido contempla dos jornadas —una presencial y otra virtual— con alrededor de 400 oradores en total, pese a que la inscripción superó ampliamente esa cifra. Según datos recientes, más de 100.000 personas se anotaron, aunque menos del 0,3% podrá exponer en vivo.

Desde distintos sectores advierten que el formato restringe la participación ciudadana. Incluso hay presentaciones judiciales en curso: mientras un juzgado ya rechazó una cautelar para frenar las audiencias, otro tribunal aún debe pronunciarse sobre un planteo similar impulsado por organizaciones ambientalistas.

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En este contexto, la Provincia también sumó críticas al mecanismo. Vilar consideró que la limitación en la participación “es ilegal” y contraria a principios establecidos en la Constitución, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.

El debate en el Congreso estará acompañado además por movilizaciones frente al Palacio Legislativo y un operativo de seguridad que anticipa cortes y complicaciones en el tránsito en la zona.

Con este escenario, la discusión por la Ley de Glaciares no solo expone diferencias técnicas sobre la protección ambiental, sino que se transforma en un nuevo capítulo del enfrentamiento político entre la Casa Rosada y la provincia de Buenos Aires, con el control de los recursos naturales y el modelo productivo como telón de fondo.