Polémica en los distritos: acusan a ediles libertarios de romper reglas institucionales para ganar visibilidad

En medio de un escenario económico cada vez más restrictivo para los municipios bonaerenses, la irrupción de nuevas prácticas políticas por parte de concejales de La Libertad Avanza encendió alertas en los ejecutivos locales. El denominador común: pedidos de información dirigidos directamente a intendentes y áreas municipales, sin pasar por el Concejo Deliberante, el ámbito institucional previsto para ese tipo de requerimientos.

La movida, que ya se detecta en distintos distritos del interior, tiene detrás una conducción política clara. Fuentes municipales ubican al diputado nacional Sebastián Pareja —principal armador bonaerense del espacio que responde a Karina Milei— como el impulsor de una estrategia que busca ganar visibilidad territorial y marcar agenda en los municipios.

El caso de Tordillo expuso con nitidez la dinámica. Fuentes oficiales informaron que concejales libertarios presentaron notas directamente ante el Ejecutivo local para solicitar información de gestión, salteando el circuito deliberativo. La reacción no tardó en llegar: desde el municipio señalaron que los ediles no tienen facultades para requerir información de manera individual y que deben canalizar cualquier pedido a través del cuerpo legislativo.

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“Los concejales son parte de un órgano colegiado. No pueden actuar como si fueran funcionarios ejecutivos ni hacer pedidos por su cuenta”, explicaron desde el Ejecutivo remarcando que la Ley Orgánica de las Municipalidades establece claramente que los pedidos de informes deben surgir del Concejo Deliberante como cuerpo, mediante una votación formal.

Y agregaron: “Las reglas existen para ordenar el funcionamiento institucional. Si cada uno actúa por su cuenta, se rompe ese equilibrio”.

Estrategia política en medio de la crisis de recursos

La disputa no ocurre en el vacío. Llega en un momento especialmente delicado para las finanzas locales. Según datos recientes, las transferencias a municipios crecieron en términos nominales pero cayeron frente a la inflación, con una baja real del 2,24% en enero. A eso se suma la caída de la recaudación propia, impactada por la retracción del consumo.

El intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, ya había advertido a GRUPOLAPROVINCIA.COM que “va a seguir cayendo la coparticipación a los municipios”, en línea con la desaceleración económica que golpea tributos clave como el IVA. En paralelo, jefes comunales de distintos distritos alertaron sobre un deterioro sostenido de sus ingresos y una mayor presión sobre los servicios.

En ese contexto, la ofensiva libertaria suma un frente más de conflicto. Por un lado, el espacio impulsa la eliminación o reducción de tasas municipales en más de un centenar de distritos. Por otro, ahora incorpora mecanismos de presión directa sobre los intendentes.

Desde los municipios interpretan ambas acciones como parte de una misma estrategia. “Hay una lógica de presión y de exposición pública, más que un interés real en canalizar institucionalmente los pedidos”, deslizaron.

El antecedente reciente de Cañuelas refuerza esa lectura. Allí, el gobierno de Marisa Fassi tuvo que salir a aclarar que las eximiciones de tasas que promocionaban los libertarios no eran nuevas, sino políticas vigentes desde hace años. Incluso señalaron que los concejales del espacio llegaron “un año tarde” con su iniciativa.

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Entre la falta de experiencia y la presión territorial

Más allá de la intencionalidad política, en los municipios también aparece otra preocupación: el desconocimiento de las reglas básicas del funcionamiento institucional por parte de algunos representantes libertarios.

“Es preocupante que representantes electos no manejen herramientas básicas del funcionamiento del Estado”, señalaron desde el oficialismo en un distrito del interior. La crítica apunta a la idea de que el rol del concejal no es individual, sino colectivo, y que el control del Ejecutivo debe ejercerse dentro de los marcos legales.

Sin embargo, la avanzada no se detiene. En Castelli, donde La Libertad Avanza no tiene representación en el Concejo, la presión se canaliza por otras vías. Allí, Pareja, junto a legisladores nacionales y provinciales del espacio, impulsó la presentación de un proyecto para establecer la gratuidad en habilitaciones comerciales.

Aunque en ese caso se respetó el canal institucional, el objetivo político parece el mismo: instalar agenda local y condicionar a los gobiernos municipales.

El trasfondo es una disputa más amplia. Con recursos en caída, mayor dependencia de fondos condicionados y una economía que no repunta, los intendentes enfrentan un escenario complejo. En ese marco, la irrupción de La Libertad Avanza en el territorio bonaerense agrega tensión y redefine el vínculo entre los niveles del Estado.

La combinación de presión política, ofensiva fiscal y prácticas por fuera de los carriles institucionales empieza a configurar un nuevo escenario en los municipios, donde la discusión ya no es solo económica, sino también sobre las reglas de funcionamiento del sistema democrático local.