¿Estrategia o síntoma de desgaste? Qué hay detrás de la idea de Milei de adelantar las elecciones a mayo

Puertas adentro del Gobierno, el calendario electoral dejó de ser una certeza. En medio de la presión de los mercados, el deterioro social y números que no acompañan, crece la discusión sobre si conviene votar antes para evitar un escenario más adverso.

La discusión no es menor. Involucra factores económicos, estratégicos y legales que podrían alterar de manera profunda las reglas del juego en un contexto marcado por la incertidumbre.

La principal razón detrás de la idea de anticipar los comicios tiene raíz económica. Dentro del equipo de gobierno conviven dos miradas bien diferenciadas. Por un lado, están los sectores que consideran que conviene respetar el calendario tradicional de octubre. Argumentan que para entonces el ajuste impulsado por la administración de Javier Milei podría haber generado una recuperación visible en variables clave como el consumo y el empleo.

Pero en paralelo gana terreno otra lectura, más cautelosa, que advierte sobre los riesgos de llegar a ese momento con un escenario financiero deteriorado. En ese sector creen que la incertidumbre sobre una eventual reelección podría disparar nuevamente el riesgo país, complicando el acceso al financiamiento externo.

La política también juega: ventajas y riesgos

El eventual adelantamiento no responde únicamente a cálculos económicos. También hay una lógica política detrás.

En el oficialismo evalúan que acortar los tiempos podría afectar la capacidad del peronismo para reorganizarse y sintetizar una candidatura competitiva. La oposición atraviesa tensiones internas y una modificación del calendario podría dejarla sin margen para resolver esas disputas.

Además, las encuestas muestran una tendencia que preocupa en el Gobierno: una caída sostenida en la imagen presidencial y un aumento del malestar social vinculado a salarios y empleo. Ese deterioro agrega presión para definir una estrategia que minimice riesgos electorales.

Más allá de la conveniencia política, el principal freno a la iniciativa es jurídico. La Constitución Nacional establece que la elección presidencial debe realizarse dentro de los 60 días previos a la finalización del mandato. Esto implica que un adelantamiento significativo —como llevar los comicios a mayo— requeriría una reforma constitucional, un escenario complejo en términos políticos.

Sin modificar la Carta Magna, el margen de maniobra es prácticamente nulo. El calendario vigente fija las elecciones generales para octubre, con una eventual segunda vuelta en noviembre. "Creo que van a colisionar con la letra de la Constitución. Es un disparate porque eso te genera un desgaste demoníaco en el año electoral", aseveró el diputado de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto.

Aun así, el Gobierno avanza en reformas que sí están a su alcance, como la eliminación de las PASO y la implementación de la boleta única. Ambos cambios, aunque no alteran la fecha, sí podrían modificar de manera sustancial la dinámica electoral.

Un escenario abierto y en redefinición