Mariana Portilla
La administración municipal de Juan Luis Mancini atraviesa un momento de creciente tensión en el plano local, donde se multiplican las críticas por el manejo de los recursos públicos, la dinámica de contratación y el funcionamiento general del esquema administrativo.
En ese contexto, el informe reciente del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires volvió a poner en discusión prácticas que ya venían generando ruido en el distrito, especialmente en torno a la modalidad de contratación de proveedores y la forma en que se ejecuta el gasto municipal.
El fallo del Tribunal analiza la rendición de cuentas 2024 del municipio y señala un patrón reiterado de contrataciones directas sin competencia, incluso en casos donde los montos superaban los límites establecidos por la normativa vigente.
Según el organismo, no se habrían realizado concursos ni compulsas de precios en una serie de servicios contratados de manera recurrente. Entre los proveedores mencionados en el expediente figuran:
En todos los casos, el Tribunal advierte un esquema repetido: pagos fragmentados, continuidad de servicios y ausencia de competencia real.
Uno de los puntos centrales del informe apunta a lo que describe como una metodología de desdoblamiento del gasto, utilizada para encuadrar contrataciones dentro de figuras de menor control administrativo.
El esquema se apoyaría en órdenes de compra reiteradas, contratación “a demanda” y continuidad de los mismos prestadores, lo que en la práctica evitaría procesos licitatorios más exigentes.
El Tribunal también cuestiona que muchas de las tareas contratadas presentan carácter permanente y mensual, sin vinculación a obras específicas, lo que refuerza la idea de servicios estructurales que deberían estar cubiertos por personal municipal.
El informe del Tribunal se suma a una serie de episodios que ya habían generado tensión política en el distrito, entre ellos la crisis del sistema de salud municipal y la falta de respuestas en el Hospital Esteban Iribarne.
En enero, la ausencia del intendente en una interpelación del Concejo Deliberante generó fuertes críticas de la oposición, que cuestionó la falta de explicaciones directas sobre el funcionamiento del sistema sanitario.
En su lugar, el Ejecutivo había enviado a la entonces secretaria de Salud, lo que fue interpretado como una maniobra para evitar la exposición política del jefe comunal.
En paralelo al avance de estas discusiones, desde la oposición de Juntos Somos Potencia volvieron a instalar un concepto que se repite en el debate político local: la idea de una gestión sostenida con soluciones parciales. En un mensaje difundido en redes sociales, señalaron: “Porque hay cosas que no se arreglan por arriba ni se atan con alambre. Hoy quieren tapar casi dos años de abandono con piedritas y parches de último momento… pero vos y yo sabemos que Suipacha necesita un cambio de fondo.”
Más allá de las discusiones políticas, el Tribunal de Cuentas también avanzó con sanciones concretas. Se dispuso una multa de $420.000 para el intendente Mancini y amonestaciones para distintos funcionarios del gabinete, incluyendo áreas clave como Hacienda, Salud, Obras Públicas y Seguridad.
Además, se estableció un cargo solidario de $745.769 por egresos observados, que deberá ser afrontado por el jefe comunal junto a integrantes del área legal y técnica.
Aunque las cuentas del ejercicio 2024 fueron aprobadas formalmente, el expediente deja planteado un escenario de debate político y administrativo en Suipacha, donde las formas de contratación, el uso de recursos y la estructura de control interno quedan nuevamente en el centro de la escena.
El impacto político del informe se proyecta ahora sobre la gestión municipal y reabre la discusión por el rumbo administrativo del distrito en un contexto de creciente tensión local.
