Frío polar, calle y asistencia: la Provincia refuerza el operativo mientras la oposición reclama protocolos automáticos

El avance del frío polar volvió a poner sobre la mesa una problemática que se repite cada invierno en la provincia de Buenos Aires: la situación de las personas que viven en la calle o que están al borde de quedarse sin techo. En ese contexto, el gobierno bonaerense puso en marcha la Campaña Invierno, con una inversión superior a los 7.800 millones de pesos, mientras en el Senado provincial ingresó un proyecto de ley para crear un sistema de contingencia climática social en todo el territorio.

La iniciativa parlamentaria fue presentada por el bloque Hechos – UCR Identidad. El texto apunta a establecer un esquema preventivo y de emergencia para proteger la vida, la salud y la dignidad de personas en situación de calle o en riesgo de estarlo frente a fenómenos meteorológicos extremos, como olas de frío, calor intenso y alertas severas.

En los fundamentos, se advierte que el incremento de eventos asociados al cambio climático impacta “con especial crudeza” sobre los sectores más vulnerables, en particular sobre quienes no tienen vivienda adecuada, redes de contención o acceso garantizado a servicios básicos de protección social y sanitaria.

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La Provincia despliega abrigo, salud y refugios

El gobierno de Axel Kicillof ya activó la Campaña Invierno, coordinada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad junto a municipios, organizaciones comunitarias y entidades eclesiásticas. El dispositivo contempla operativos territoriales, atención sanitaria, entrega de abrigo, elementos de higiene y acompañamiento social.

Según la información provincial, la cartera distribuirá 200 mil frazadas, 60 mil camperas, 60 mil pares de zapatillas y 6 mil kits de higiene. Además, incorporó duchas móviles y reforzó los Centros de Integración Social, donde se realizó el recambio de blanquería en 1.675 plazas mediante la entrega de colchones, sábanas, almohadas y frazadas, con una inversión adicional de 240 millones de pesos.

La red cuenta con 58 Centros de Integración Social en distintos municipios bonaerenses. Son casas convivenciales abiertas las 24 horas, con alojamiento, contención, talleres, espacios de formación y equipos interdisciplinarios orientados a la restitución de derechos.

Las Jornadas de Acceso a Derechos para personas en situación de calle se desarrollarán en más de 20 distritos. Los operativos ya pasaron por Mar del Plata, La Plata, San Martín y Vicente López, con puestos instalados en plazas, estaciones ferroviarias y otros puntos de circulación.

En La Plata, la jornada fue encabezada por la directora de Atención a Familias en Situación de Calle, Emilia Bermejo; la directora de Promoción de Derechos para Personas Mayores, Claudia del Bianco; el director de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad, Raúl Lucero; y el secretario de Desarrollo Social local, Nicolás Carvalho. También participaron el Ministerio de Salud y el Ministerio de Mujeres y Diversidad.

El operativo sumó al Movimiento de Trabajadores Excluidos, Cáritas, Cruz Roja, Barberos Solidarios y profesionales de los hospitales Reencuentro, Gutiérrez, Rossi y El Dique. En Mar del Plata, además de frazadas, ropa de abrigo y calzado, se entregaron viandas y artículos de higiene, junto con controles de glucosa, toma de presión arterial y vacunación.

En una entrevista reciente, el subsecretario de Organización Comunitaria, Santiago Fidanza, marcó la diferencia política con Nación: “Mientras el gobierno nacional se retira de estas políticas, ajusta y asfixia a las provincias, en la provincia de Buenos Aires seguimos destinando recursos y articulando con municipios y organizaciones para acompañar a quienes más lo necesitan, en un contexto social cada vez más complejo”.

Una ley para activar respuestas automáticas

El proyecto que surgió desde el bloque passaglista en la Cámara alta propone que las acciones de contingencia se activen de manera automática cuando el Servicio Meteorológico Nacional emita avisos dentro del Sistema de Alertas Tempranas para la provincia de Buenos Aires o alguna de sus regiones. También habilita a la autoridad de aplicación a ampliar la respuesta preventiva cuando las condiciones locales lo requieran, aun sin una señal nacional vigente.

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La comunicación oficial de las alertas debería realizarse de inmediato a los 135 municipios bonaerenses mediante canales institucionales y sistemas digitales de emergencia. Una vez recibida la notificación, las comunas tendrían que poner en marcha los protocolos en un plazo máximo de dos horas para alertas amarillas y de una hora para alertas naranjas o rojas.

El texto crea además un Operativo Frío Extremo, que se activaría cuando la temperatura o sensación térmica sea igual o inferior a 5 grados a las 10 de la mañana, y un Operativo Calor Extremo, previsto para temperaturas o sensaciones térmicas superiores a 35 grados durante dos días consecutivos.

Entre las medidas previstas figuran unidades móviles sanitarias y sociales, centros climatizados, puntos de hidratación urbana y rural, alimentos hiperproteicos, insumos preventivos y alojamiento extraordinario mediante convenios con organizaciones de la sociedad civil.

El proyecto también plantea la necesidad de estadísticas oficiales sistemáticas, georreferenciadas y actualizadas sobre personas en situación de calle. Por eso, propone indicadores obligatorios, monitoreo permanente, informes anuales de gestión y la creación de un Fondo Provincial de Emergencia Climática Social para garantizar financiamiento estable.

Para los legisladores de Hechos – UCR Identidad, la problemática “no puede analizarse únicamente desde una perspectiva asistencial o caritativa”, sino desde derechos fundamentales como la vida, la salud, la dignidad humana, la integridad física y el acceso a condiciones mínimas de subsistencia.

“La indiferencia estatal frente a situaciones de extrema vulnerabilidad no puede naturalizarse ni quedar librada a respuestas improvisadas o voluntaristas. El Estado tiene el deber jurídico, ético y político de actuar anticipadamente para proteger la vida y la dignidad humana”, remarcaron.