La seguridad marca el pulso en la Legislatura: policías municipales, IA y el nuevo mapa del delito

La seguridad volvió a ocupar el centro de la escena política bonaerense. Mientras la Legislatura debate proyectos para crear policías municipales, habilitar armas no letales y redefinir el papel de los municipios en la prevención del delito, el Senado provincial fue sede de un conversatorio que reunió a especialistas y legisladores con un objetivo común: discutir cómo reformar un sistema que, según coincidieron los participantes, ya no responde a las nuevas modalidades delictivas ni a la complejidad territorial de la provincia de Buenos Aires.

El encuentro, realizado en el Salón Nunca Más del Honorable Senado bonaerense, fue organizado en conjunto por la Fundación Konrad Adenauer y los senadores de Hechos María Emilia Subiza y Marcelo Leguizamón. También participó la representante adjunta de la fundación en Argentina, Carmen Dragon, junto a especialistas que expusieron sobre posibles cambios estructurales para fortalecer la investigación criminal y mejorar la respuesta del Estado frente a los desafíos actuales.

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Uno de los principales expositores fue el director de la Policía Judicial, Juan Manuel García Blanco, quien sostuvo que uno de los desafíos pendientes pasa por consolidar una estructura de investigación con presencia efectiva en todo el territorio bonaerense.

Durante su intervención planteó que la profesionalización del sistema requiere una organización capaz de garantizar igualdad de herramientas para todos los fiscales, independientemente de la región donde actúen.

"Lo que buscamos es la profesionalización del sistema, con una mirada estratégica que permita la coordinación entre los diferentes estamentos. Es fundamental que un fiscal de Mar del Plata, Necochea o Trenque Lauquen tenga exactamente las mismas herramientas que uno del AMBA", afirmó.

El funcionario también advirtió que el crecimiento del ciberdelito y el uso de nuevas tecnologías obliga a revisar el perfil de quienes investigan delitos. En ese sentido, señaló que resulta indispensable conformar equipos multidisciplinarios integrados por investigadores, médicos, psicólogos y especialistas en delitos digitales e inteligencia artificial.

Otro de los ejes del encuentro estuvo a cargo del especialista Sebastián Basso, quien defendió la regionalización del sistema de seguridad como una herramienta para adaptar las políticas públicas a las distintas realidades que conviven dentro de la provincia.

Para la senadora María Emilia Subiza, esa mirada resulta imprescindible. "La descentralización y regionalización son indispensables para dar un abordaje eficiente a la profunda heterogeneidad que representa la provincia de Buenos Aires", sostuvo durante el conversatorio.

El encuentro concluyó con un intercambio entre los participantes, quienes coincidieron en la necesidad de sostener espacios de debate técnico y legislativo que permitan construir políticas de Estado de largo plazo en materia de seguridad ciudadana.

Un debate que llega en plena reforma de la seguridad bonaerense

La discusión desarrollada en el Senado no ocurre de manera aislada. Se produce mientras el gobierno de Axel Kicillof prepara una reforma integral de la Ley 12.154 de Seguridad Pública, sancionada en 1998 y considerada desactualizada por distintos sectores políticos.

Durante la apertura del período de sesiones ordinarias, el gobernador anunció que enviará un proyecto para modificar el funcionamiento del sistema provincial. A partir de esa definición, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, inició una serie de reuniones con intendentes de distintas fuerzas políticas para recoger propuestas antes del ingreso formal de la iniciativa a la Legislatura.

La intención oficial es otorgar un marco legal a herramientas que hoy funcionan mediante convenios o programas específicos, como los centros de monitoreo, las patrullas municipales, los mapas del delito, los sistemas de prevención comunitaria y los mecanismos de asistencia a las víctimas.

Sin embargo, los encuentros dejaron un mensaje compartido por intendentes oficialistas y opositores: están dispuestos a asumir mayores responsabilidades, pero reclaman que cualquier descentralización llegue acompañada de recursos económicos y facultades claramente definidas.

En paralelo a la reforma impulsada por el Ejecutivo, la Cámara de Diputados comenzó a analizar distintos proyectos que buscan ampliar el protagonismo de los municipios en materia de seguridad.

El presidente de la comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios, Carlos Puglelli (Fuerza Patria), impulsa la creación de Policías Comunales para distritos de menor escala, con dependencia funcional de los intendentes y Centros de Operaciones Municipales para coordinar el despliegue preventivo.

Por su parte, el diputado Leonardo Moreno propone una Policía Municipal de Proximidad basada en experiencias desarrolladas por varios municipios bonaerenses, mientras que Juan Esper, de Derecha Popular, plantea un esquema aún más descentralizado, mediante convenios entre cada municipio y su Concejo Deliberante que otorguen control operativo, administrativo y financiero sobre las futuras fuerzas locales.

La discusión también atraviesa a los intendentes. Dirigentes de distintos espacios, como Ariel Sujarchuk (Escobar), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Ramón Lanús (San Isidro), coincidieron en reclamar un rol más activo de los gobiernos locales, aunque con distintos modelos de organización y niveles de autonomía.

Las armas no letales también ingresan a la agenda legislativa

El escenario legislativo suma además otro debate que hasta hace poco estaba impulsado principalmente por la oposición: el uso de armas no letales por parte de la Policía Bonaerense.

El propio Puglelli presentó un proyecto para modificar la Ley 13.482 y habilitar el empleo de dispositivos incapacitantes, tanto electrónicos como neumáticos, dentro de un marco regulatorio específico.

La iniciativa propone capacitación obligatoria, controles, evaluaciones psicofísicas y mecanismos de trazabilidad para cada utilización, con el argumento de incorporar herramientas intermedias entre el uso de la fuerza física y las armas de fuego.

El expediente se suma a otros proyectos promovidos anteriormente por la senadora María Florencia Arietto, de La Libertad Avanza, y por el senador Marcelo Leguizamón, quienes desde distintos espacios vienen reclamando la incorporación de pistolas Taser y otros dispositivos similares.

El conversatorio realizado en el Senado terminó reflejando una realidad que hoy atraviesa a toda la política bonaerense. La actualización de la Ley de Seguridad Pública, la creación de policías municipales, la descentralización de funciones, la profesionalización de la investigación criminal y la incorporación de nuevas tecnologías forman parte de una discusión mucho más amplia sobre cómo reorganizar el sistema de seguridad en la provincia.

Con proyectos de distintos bloques avanzando en paralelo y el Ejecutivo preparando su propia reforma, el debate ya dejó de ser exclusivamente técnico para convertirse en uno de los ejes políticos que marcarán la agenda legislativa de los próximos meses.