Entre la desregulación y el control: la pulseada que redefine el negocio inmobiliario en la Provincia

La disputa por el futuro del mercado inmobiliario bonaerense volvió a escalar en la Legislatura. Apenas días después de que La Libertad Avanza retirara el proyecto con el que buscaba desregular la actividad de los martilleros y corredores públicos, el Frente Renovador respondió con un movimiento propio: el diputado provincial Rubén Eslaiman reingresó una iniciativa que apunta exactamente en la dirección opuesta y busca fortalecer el sistema de matriculación, endurecer los controles y actualizar la Ley provincial N° 10.973.

Lejos de tratarse de dos expedientes aislados, ambas iniciativas reflejan una discusión política de mayor alcance. Mientras el massismo procura consolidar el esquema regulatorio vigente, el espacio que responde al presidente Javier Milei ya anticipó que prepara una propuesta todavía más profunda que la retirada esta semana, en línea con la agenda de desregulación impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

A partir de ese escenario, el reingreso del proyecto de Eslaiman adquiere otra dimensión. La iniciativa propone introducir una serie de cambios sobre la normativa que regula el ejercicio de los martilleros y corredores públicos bonaerenses. El objetivo declarado es actualizar una legislación que lleva décadas vigente, ordenar el funcionamiento de los colegios profesionales y reforzar los mecanismos de control sobre la matrícula.

Uno de los cambios más relevantes modifica el inciso A del artículo 3 de la Ley 10.973 para impedir la doble matriculación dentro de la provincia de Buenos Aires. De prosperar la iniciativa, los profesionales no podrán mantener inscripciones simultáneas en distintos colegios o consejos bonaerenses, consolidando la exclusividad del sistema de colegiación.

La propuesta también redefine las incompatibilidades para ejercer la actividad. En ese punto, limita la posibilidad de desempeñar otras funciones o profesiones que puedan generar conflictos de intereses con las tareas propias del martillero o corredor público, especialmente cuando actúan como auxiliares de la Justicia.

El massimo busca fortalecer el sistema de matriculación, endurecer los controles y actualizar la Ley provincial N° 10.973.

El expediente incorpora además modificaciones sobre el funcionamiento institucional de los colegios departamentales. Eslaiman plantea reformar el artículo 12 de la ley para que la creación de nuevos colegios deje de ser automática y requiera el pedido formal de al menos dos tercios de los matriculados activos del futuro organismo.

En los fundamentos del proyecto, el legislador sostiene que la constante fragmentación de los departamentos judiciales derivó en entidades con escasa cantidad de matriculados, lo que dificulta tanto su sostenimiento económico como el control efectivo del ejercicio profesional.

Salud, educación y obra pública, entre las áreas más golpeadas por el recorte de Milei

Otro de los aspectos que modifica el proyecto es el régimen disciplinario previsto por la ley. Las multas pasarían a oscilar entre diez y treinta cuotas anuales colegiales o, en determinados casos, hasta el doble de la comisión correspondiente a la operación realizada.

Además, se incorporan sanciones para quienes faciliten su nombre o matrícula a personas no habilitadas para ejercer la actividad y se establece que determinados incumplimientos deberán ser denunciados ante el agente fiscal de turno o el juez correccional competente.

La iniciativa retoma varios de los planteos que dirigentes del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia habían llevado a la Legislatura durante 2024, cuando solicitaron una actualización integral del marco normativo.

El proyecto libertario duró apenas unos días

La reaparición del expediente del Frente Renovador coincidió con otro movimiento legislativo que sorprendió en la Cámara de Diputados. Juan Osaba decidió retirar el proyecto impulsado por La Libertad Avanza que proponía modificar la misma ley para eliminar buena parte de las regulaciones vigentes.

El legislador solicitó formalmente la baja del expediente antes de que obtuviera estado parlamentario, por lo que nunca llegó a ser girado a comisiones. La presentación administrativa también incluyó el pedido para eliminar el proyecto del sistema interno de la Cámara.

La decisión fue comunicada públicamente por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos bonaerense, que celebró el retiro del expediente aunque advirtió que el debate estaba lejos de terminar.

Sin embargo, desde el entorno de Osaba aseguran que el retiro no respondió a la presión ejercida por los colegios profesionales. "Lo retiramos antes del primer comunicado del Colegio porque vamos a ir más a fondo con la desregulación del proyecto que habíamos presentado", explicaron.

Massa ya había tomado posición

La ofensiva del Frente Renovador no surgió de manera aislada. En junio, el exministro de Economía Sergio Massa recibió a las autoridades del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires. Del encuentro participaron el presidente de la institución, Luis Eusebio Colao; el vicepresidente Alfredo Lavalle; y el secretario de Relaciones Institucionales, José María Sacco.

Según informó posteriormente la entidad, Massa expresó su respaldo al sistema de colegiación profesional y comprometió el acompañamiento político del Frente Renovador frente a cualquier intento de desregular la actividad.

El reingreso del proyecto de Eslaiman aparece ahora como la traducción legislativa de esa posición política. Lo que está en juego ya no es únicamente la actualización de una ley profesional. La Legislatura  empieza a convertirse en uno de los primeros escenarios donde se enfrentan, con proyectos concretos, dos modelos antagónicos sobre el funcionamiento del mercado.