El Gobierno bajo la lupa por una posible prórroga del contrato de aeropuertos hasta 2056

El diputado socialista Esteban Paulón pidió al Gobierno nacional que informe con carácter urgente sobre el estado de la concesión de los aeropuertos y sobre la existencia de actos administrativos, acuerdos o negociaciones vinculadas a una eventual prórroga del contrato de Aeropuertos Argentina 2000.

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El planteo fue dirigido al Ministerio de Economía y al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), en medio de las versiones sobre una negociación para extender la concesión, que actualmente vence en 2038, hasta 2056. El esquema incluso contempla la posibilidad de una nueva extensión hasta 2066.

La concesión involucra 35 aeropuertos y fue otorgada originalmente por 30 años, con alternativa de prórroga por otros diez. Esa extensión ya fue concedida y llevó el vencimiento de 2028 a 2038. Ahora, la preocupación opositora apunta a si el Gobierno busca avanzar con una nueva readecuación contractual sin abrir un nuevo proceso de selección pública.

Los puntos del pedido de informes

Paulón solicitó que el Ejecutivo precise la fecha de vencimiento del contrato vigente y detalle, en orden cronológico, todas las prórrogas o extensiones aprobadas, con el instrumento legal utilizado, la fecha de dictado y la autoridad que intervino.

También pidió saber si se dictó algún acto administrativo que disponga una nueva prórroga, cuál fue su alcance y si fue notificado al concesionario. En la misma línea, reclamó que se informe si existieron otras extensiones contractuales, qué fundamentos jurídicos se invocaron y si hay instrumentos equivalentes a un acta acuerdo de readecuación contractual.

El diputado pidió además que se remita copia íntegra de cualquier documento vinculado con la concesión y que se indique su estado jurídico. Otro punto central del requerimiento apunta a saber si existen negociaciones administrativas en curso para modificar, readecuar o extender el contrato.

La discusión jurídica y política

El pedido también pone el foco en el encuadre legal que podría usar el Gobierno para justificar una eventual prórroga. Paulón solicitó que se informe si la negociación se apoya en la Ley 27.742 y en la Ley 17.520, y si esos actos administrativos permitirían extender el plazo concesional sin llamar a una nueva licitación.

Según el material conocido, en un acta acuerdo previa se habría invocado que la concesión aeroportuaria, por tratarse de inversiones en infraestructura, podía ser considerada dentro del régimen de obra pública. Bajo ese criterio, el contrato podría readecuarse sin avanzar necesariamente hacia una nueva competencia entre oferentes.

Ese punto es uno de los más sensibles del planteo opositor. La discusión no solo involucra el plazo de una concesión estratégica, sino también el modo en que el Estado administra contratos de largo alcance económico y territorial.

Un contrato estratégico

La concesión de los aeropuertos tiene un peso central para el sistema de transporte y conectividad del país. El contrato alcanza a terminales clave y su eventual extensión implicaría proyectar el negocio por casi tres décadas más, con impacto sobre tarifas, inversiones, control estatal y condiciones de prestación del servicio.

El pedido de informes también se da en un contexto de mayor atención sobre las renegociaciones de contratos públicos y concesiones de infraestructura. La oposición reclama transparencia sobre los documentos firmados, las reuniones realizadas y los fundamentos utilizados para sostener una eventual extensión.

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Hasta el momento, no hubo una respuesta pública del Gobierno nacional ni de la empresa sobre el pedido de informes. El requerimiento quedó planteado en Diputados y busca obligar al Ejecutivo a transparentar si existe una negociación abierta, qué documentos la respaldan y qué impacto tendría sobre la concesión vigente.