Biocombustibles: la pulseada entre pymes bonaerenses, petroleras y aceiteras llegó a la Legislatura

El debate por la nueva Ley de Biocombustibles dejó de ser una discusión técnica entre especialistas y desembarcó en la Legislatura bonaerense. Representantes de las pequeñas y medianas productoras de biodiésel advirtieron ante diputados provinciales que el proyecto promovido por el gobierno de Javier Milei podría reducir su participación en el mercado interno, favorecer a empresas integradas y comprometer inversiones y fuentes laborales en el interior.

La controversia gira alrededor del expediente S-809/26, presentado el 14 de mayo por la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich junto con otros legisladores. La iniciativa reemplaza la Ley 27.640, vigente hasta fines de 2030, eleva gradualmente el corte obligatorio de biodiésel del 7,5% al 10% y el de bioetanol del 12% al 15%, crea un mercado electrónico de comercialización y habilita el ingreso de nuevos actores.

El reclamo llegó a Diputados

La Comisión de Industria y Minería de la Cámara baja provincial recibió a representantes de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB). El encuentro fue encabezado por el diputado de la Coalición Cívica Andrés De Leo, legislador de la Sexta Sección y titular del bloque vinculado a Elisa Carrió.

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De Leo señaló que dentro de la comisión existen posiciones diferentes, pero se ubicó entre quienes reclaman modificar el texto para preservar el empleo regional. A su entender, Buenos Aires debe fijar una postura porque las decisiones suelen tomarse “al calor de las grandes corporaciones”, con escasa presencia en las localidades donde funcionan las plantas.

El director ejecutivo de CEPREB, Federico Martelli, sostuvo que el esquema obligaría a fabricantes regionales a competir con aceiteras que controlan la materia prima, poseen mayor escala y cuentan con ventajas impositivas y logísticas. La cámara representa a empresas de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis que elaboran el 65% del biodiésel destinado al mercado interno.

La entidad no rechaza el aumento del corte. Su propuesta es que el ingreso de las grandes compañías ocurra mediante una ampliación del volumen y con segmentos diferenciados, sin desplazar la porción que hoy abastecen las plantas independientes. CEPREB estima que el entramado reúne cerca de 10.000 empleos directos e indirectos en esas provincias.

La entrada de petroleras y aceiteras

El punto más discutido es la apertura a empresas integradas. El régimen actual impide que las compañías productoras o destiladoras de hidrocarburos sean propietarias de plantas de biocombustibles y reserva el abastecimiento obligatorio de biodiésel a elaboradoras que no exportan el producto ni sus principales insumos. El proyecto de Bullrich establece el libre ingreso y reemplaza el precio fijado por la Secretaría de Energía por negociaciones electrónicas sujetas a valores máximos de referencia.

También autoriza el coprocesamiento: las refinadoras podrían incorporar materias primas no fósiles durante la producción de gasoil y computarlas dentro del corte obligatorio. Para CEPREB, esa posibilidad permitiría que las petroleras cubran parte de la mezcla en sus propias instalaciones y reduzcan las compras a las productoras regionales.

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Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy, intervino públicamente en la discusión. En una entrevista reciente afirmó que la empresa analiza inversiones y asociaciones para exportar biocombustibles si se aprueba un nuevo marco. Negó que las refinadoras pretendan quedarse con el mercado interno y propuso “agrandar la torta” mediante ventas a Europa, Estados Unidos y otros destinos.

Martelli respondió que la legislación vigente no impide invertir con fines exportadores y reclamó que cualquier coprocesamiento sea voluntario y se compute por encima del porcentaje obligatorio. Según su planteo, la apertura en las condiciones propuestas podría trasladar la elaboración destinada al consumo local desde 25 firmas regionales hacia seis o siete grandes compañías situadas alrededor del puerto de Rosario.

Diez plantas y votos que no aparecen

La advertencia ya había sido llevada a la Cámara baja por el diputado de Fuerza Patria Alejandro Acerbo, exintendente de Daireaux. En su proyecto, el legislador consignó que Buenos Aires reúne diez de las 25 plantas pymes del país y produce alrededor del 35% del biodiésel para el mercado interno. El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, también cuestionó una apertura que no contemple las diferencias de escala y pidió preservar la capacidad instalada y el valor agregado en origen.

En el Senado conviven iniciativas de Beatriz Ávila; José Carambia y Natalio Gadano; Alejandra Vigo y Carlos Espínola; Flavia Royón; y Bullrich, entre otros. El expediente oficialista continúa en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, sin dictamen registrado.

Según trascendió, CEPREB mantuvo reuniones con José Mayans, Lucía Corpacci, Jorge Capitanich y Eduardo “Wado” de Pedro, quienes plantearon objeciones al texto. Frente al argumento de Bulgheroni, Martelli resumió la posición pyme: “Cuando el más poderoso pide libertad para competir con el más chico, la cancha no queda pareja: queda inclinada”.