El escenario judicial de La Libertad Avanza bonaerense tras el fallo sobre su funcionamiento interno
Pamela Orellana
La interna de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires terminó de cruzar una frontera: dejó de ser una pelea de armadores y pasó a quedar escrita en una resolución judicial. El juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla rechazó la acción promovida por Maximiliano Corio, concejal de Campana, pero advirtió al partido que deberá adoptar medidas sobre su funcionamiento interno, sus afiliaciones y la confusión entre representantes formales y coordinadores territoriales.
Tal como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el expediente fue iniciado en mayo por Corio, patrocinado por los abogados Jeremías Rodríguez y Walter Brizzio. El dirigente había pedido la intervención de LLA bonaerense por presuntas irregularidades en los padrones, falta de democracia interna y manejo discrecional de fichas.
El fallo no convalidó esas acusaciones: descartó la pretensión porque Corio no registra afiliación partidaria, no agotó las instancias internas y tampoco acreditó representación sobre los ciudadanos que decía haber afiliado.

El argumento que se volvió contra LLA
La parte más delicada para la conducción del diputado nacional Sebastián Pareja, presidente de LLA bonaerense, surgió de la propia defensa partidaria.
Los apoderados Alejandro Carrancio y Juan Esteban Osaba explicaron que LLA funciona en dos esferas: una orgánica, regulada por su Carta Orgánica, y otra de coordinación política territorial, informal y sin existencia estatutaria. También reconocieron que Corio había actuado como coordinador municipal en Campana dentro de ese segundo plano.
Ramos Padilla sostuvo que esa descripción “parecería evidenciar” una estructura informal que opera por fuera de los órganos reconocidos por el juzgado. Según la resolución, una estructura de ese tipo, si existiera en los términos expuestos, podría resultar contraria a la naturaleza institucional de los partidos políticos. Por eso advirtió a LLA para que corrija los aspectos señalados y evite una frontera difusa sobre quién pertenece, representa o habla en nombre de la fuerza.
El magistrado también fijó un límite para el manejo de afiliaciones: el rechazo de una solicitud no puede quedar librado al arbitrio partidario, debe ser fundado y resolverse dentro de los plazos legales. Corio afirmó haber reunido 427 fichas y, durante la audiencia, presentó un listado de 175 personas que supuestamente no figuraban en el padrón. El juez señaló que no acompañó pruebas suficientes de la entrega ni tenía personería para actuar por ellas.
La paradoja del padrón
El fallo dejó una contradicción política difícil de disimular. La falta de afiliación de Corio cerró su acceso a la intervención judicial, pero su denuncia sostenía precisamente que la conducción impedía o no registraba incorporaciones.
Brizzio interpretó que el padrón cuestionado terminó funcionando como filtro para rechazar el reclamo, aunque la resolución aclaró que cada ciudadano eventualmente afectado conserva vías propias para recurrir una negativa.
El conflicto se inscribe en la disputa entre el esquema de Pareja, alineado con Karina Milei, y sectores vinculados con Santiago Caputo, el diputado bonaerense Agustín Romo y Daniel “Gordo Dan” Parisini.
El reconocimiento provisorio de 2024 había ubicado a Pareja al frente de la Junta Promotora y como apoderado junto a Carrancio, Carlos Curestis y Osaba. La presentación ante el Observatorio de la Democracia del Parlasur también fue firmada por Brenda Distaulo, Alan Damián Rus y Laura Vigo, además de Corio, Rodríguez y Brizzio.
En ese enfrentamiento ya habían aparecido denuncias cruzadas, acusaciones de verticalismo y cuestionamientos por la incorporación de dirigentes provenientes del PRO. En 2025, el parejismo sumó a los diputados bonaerenses bullrichistas Florencia Retamoso, Fernando Compagnoni, Sofía Pomponio, Abigail Gómez y Oriana Colagnutti, mientras sus críticos denunciaban que militantes propios quedaban afuera del padrón.
Alejandro Sarubbi Benítez, cercano al ecosistema digital libertario, había afirmado que el partido bonaerense era manejado materialmente por Pareja y formulado denuncias sobre fiscalización y fichas desaparecidas, sin que esas afirmaciones hayan sido probadas en esta causa. Otro relevamiento incorporado al debate señalaba que solo 15 de 30 legisladores del universo libertario estarían formalmente afiliados.
Una advertencia antes de 2027
Corio celebró el fallo como una primera victoria y anunció una campaña masiva de afiliación. Rodríguez confirmó que apelarán el rechazo de la intervención total, mientras Brizzio sostuvo que la resolución cumplió el objetivo político de obligar al partido a transparentar quién integra su estructura y cómo se tramitan las incorporaciones.
La Justicia no intervino el partido de Javier Milei ni declaró acreditadas las maniobras denunciadas. Sin embargo, dejó asentado que LLA debe regularizar los puntos observados y adoptar medidas concretas sobre su vida interna. “Más allá de que nos dio la razón respecto a las irregularidades de las afiliaciones, vamos a ir por más”, afirmó Rodríguez.

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