¿Control de precios o derecho a saber? La disputa bonaerense por informar antes las subas de combustibles

La disputa por el precio de los combustibles sumó un capítulo de alto voltaje en la Legislatura bonaerense. El proyecto del Frente Renovador en Fuerza Patria, que obliga a anticipar las modificaciones en los surtidores, obtuvo despacho favorable en Legislación General y quedó encaminado hacia Presupuesto e Impuestos, el último paso antes de una eventual discusión en el recinto. 

El debate escaló cuando el presidente Javier Milei respaldó públicamente las críticas de Agustín Romo, jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados. El libertario presentó la propuesta como un control de precios y anunció gestiones con otras bancadas para bloquearla. Desde el oficialismo provincial responden que el texto no fija valores ni limita la política comercial de las petroleras: obliga a informar antes de aplicar cada cambio. 

Transporte escolar, obras y jefaturas: el mapa de reclamos radicales a la Provincia

Avisar antes de aumentar

El esquema establece que las empresas abastecedoras deberán comunicar cualquier modificación con al menos 72 horas de anticipación. Las estaciones de servicio, a su vez, tendrán que exhibir la novedad al público 48 horas antes de su entrada en vigencia, mediante cartelería visible. También contempla multas que, a valores actuales, van de $7,2 millones a $215 millones, además de sanciones adicionales en caso de reincidencia.

El massismo enmarca la medida en el vacío abierto por la desregulación nacional. En junio de 2025, el Ministerio de Economía derogó la Resolución 314/2016, que exigía a las bocas de expendio informar los precios minoristas dentro de las ocho horas posteriores a cada modificación. La administración de Milei justificó aquel cambio por la necesidad de reducir cargas administrativas y dejar que la competencia y las herramientas digitales transmitieran la información. 

Desde el Frente Renovador sostienen que los aumentos pasaron a aplicarse sin aviso y en fechas variables, según el petróleo internacional, el dólar, los impuestos y la estrategia de cada compañía. El reclamo ganó volumen tras los ajustes acumulados desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, que distintas mediciones ubicaron en torno del 25%.

“Lo único que estamos pidiendo es transparencia”, afirmó Ayelén Rasquetti. También insistió en que el combustible “no es un lujo, sino una necesidad básica que impacta en los precios de todo”. 

Milei y Romo buscan frenarlo

Romo rechazó esa explicación y advirtió durante el debate que las estaciones “se funden en tres días”. El diputado, quien reconoció que parte de su familia posee establecimientos del rubro, argumentó que muchas bocas conocen los nuevos valores cuando reciben el camión y que una obligación anticipada podría forzarlas a vender durante varios días con precios atrasados. Después agregó: “Parece que quieren fundir a YPF”.

El cruce salió de la Cámara cuando Milei replicó el mensaje de Romo. La Libertad Avanza comenzó entonces a conversar con bloques opositores para reunir votos contra la propuesta. El jefe de UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, también planteó “inconsistencias” legales, aunque el peronismo logró el despacho con acompañamiento del Frente de Izquierda.

Rasquetti devolvió la acusación y preguntó por qué informar una suba debería confundirse con fijar su monto. “Resulta llamativo que haya sectores que se opongan a informar un aumento”, señaló. Luego lanzó la pregunta que condensó la pelea política: “¿Qué es lo que no quieren que la gente sepa?”.

El frente empresario

La resistencia no se limita a los libertarios. La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines, la Asociación de Estaciones de Servicio, la Federación de Empresarios de Combustibles y la Unión Industrial bonaerense advirtieron que el aviso previo podría disparar compras especulativas, picos de demanda y quiebres de stock.

Los expendedores sostienen que el precio depende de variables que cambian a diario y que la previsibilidad buscada por el proyecto podría trasladar el costo a las estaciones. La UIPBA, en tanto, alertó sobre posibles efectos en la competencia y la dinámica del mercado. Sus representantes también señalaron que los consumidores ya cuentan con información en surtidores, aplicaciones y plataformas privadas.

El oficialismo provincial, sin embargo, conserva margen para hacer avanzar el expediente. Todavía debe obtener dictamen en Presupuesto e Impuestos y, si consigue media sanción en Diputados, continuará su recorrido en el Senado bonaerense. Rasquetti mantiene el eje sobre el derecho de los usuarios a conocer los cambios antes de cargar: “Cuando alguien se resiste a la transparencia, la pregunta es simple: ¿qué es lo que no quiere que la gente sepa?”.