El Gobierno sostiene el ajuste: tarifas bajo presión y peores pronósticos del FMI

El gobierno de Javier Milei enfrenta un cierre de año condicionado por las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI). Aunque septiembre terminó con superávit fiscal, los números acumulados obligan al Ministerio de Economía a conseguir un resultado considerablemente mayor durante octubre y noviembre para alcanzar la meta comprometida con el organismo, mientras crece la presión para profundizar el ajuste del gasto público.

La situación presenta una contradicción para el programa económico oficial: el Fondo respalda la disciplina fiscal y reclama sostener el recorte de subsidios, pero al mismo tiempo empeoró sus pronósticos de crecimiento, inflación y desempleo para la Argentina. La combinación anticipa mayores dificultades para cumplir los objetivos sin trasladar nuevos costos a los hogares.

El ministro de Economía, Luis Caputo, deberá afrontar ese escenario mientras avanza la tercera revisión del acuerdo con el organismo. El resultado de esa evaluación será determinante para habilitar otro desembolso y establecer si se mantienen las metas vigentes o se introducen modificaciones.

“Está cada vez más loco”: un ministro de Chile apuntó contra Milei, habló de “mucha corrupción” y agitó el vínculo bilateral

Una meta fiscal que exige más recortes

Los últimos datos oficiales muestran que el Sector Público Nacional registró en septiembre un superávit primario de $1,43 billones y un resultado financiero positivo de $977.173 millones, después del pago de intereses de la deuda.

Con esos números, el acumulado entre enero y septiembre alcanzó aproximadamente $15,1 billones de superávit primario, frente a una meta anual cercana a $16,2 billones contemplada en el acuerdo con el Fondo.

La diferencia parece manejable: alrededor de $1,1 billones. Sin embargo, el principal obstáculo está en diciembre, cuando las cuentas públicas suelen deteriorarse por el pago de aguinaldos y otros compromisos de cierre de ejercicio.

Durante diciembre de 2025, el resultado fiscal registró un déficit de $2,8 billones. Si este año se repitiera un rojo de esa magnitud nominal, Economía necesitaría reunir cerca de $3,9 billones de superávit entre octubre y noviembre, equivalentes a un promedio de $1,95 billones mensuales.

El cálculo constituye un escenario de referencia, pero muestra la magnitud del esfuerzo requerido para sostener el objetivo fiscal. Además, se produce cuando el nivel de actividad limita el crecimiento de la recaudación y distintas partidas presupuestarias aumentan por mecanismos de actualización establecidos por ley.

Entre esas obligaciones aparecen las jubilaciones y otras prestaciones sociales, que se ajustan de acuerdo con la inflación y reducen el margen de maniobra del Ejecutivo para contener el gasto sin afectar otros compromisos.

Una alternativa utilizada anteriormente por el Gobierno fue la postergación de pagos. Durante el primer cuatrimestre de 2026, la deuda flotante pasó de aproximadamente $2 billones a $4 billones, un mecanismo que permite mejorar transitoriamente el resultado de caja, aunque posterga obligaciones pendientes.

Criar a un hijo ya cuesta hasta $728.850 por mes: la canasta volvió a subir por encima de la inflación

Ese recurso ya provocó conflictos por demoras en transferencias vinculadas con el Hospital Garrahan, las universidades y los subsidios al transporte. Su eventual utilización para cerrar este ejercicio volvería a poner bajo presión áreas que acumulan reclamos presupuestarios.

La necesidad de reforzar el resultado fiscal también aparece mientras el Ejecutivo prepara su estrategia económica para 2027, con un proyecto de presupuesto que mantiene la reducción del peso de determinadas partidas sobre el producto.

Subsidios y tarifas: el ajuste que vuelve a pedir el Fondo

A las exigencias fiscales se suma una recomendación que afecta directamente a los usuarios de servicios públicos. En su informe de perspectivas para América Latina, el FMI insistió en preservar la reducción de subsidios energéticos y reemplazar los mecanismos de asistencia generalizada por ayudas concentradas en los hogares de menores ingresos.

El organismo destacó los avances realizados por Argentina, Bolivia y Ecuador en esa dirección y sostuvo que los subsidios amplios pueden distorsionar los precios e incentivar un consumo energético superior al que se produciría sin esa intervención estatal.

Para el Gobierno argentino, esta orientación coincide con uno de los pilares del programa iniciado en diciembre de 2023: reducir las transferencias del Estado a las empresas prestadoras y trasladar una mayor proporción del costo de los servicios a los usuarios.

El impacto sobre los ingresos familiares ya aparece en los relevamientos disponibles. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de la UBA y el Conicet, una familia promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires necesitó $268.405 en septiembre para pagar electricidad, gas, agua y transporte público.

“Nación no construye ni un bicicletero”: gobernadores endurecen el reclamo por obras mientras Santilli advierte por el regreso del kirchnerismo

Ese monto representó el 14,6% del salario promedio registrado, estimado en $2.024.647. En diciembre de 2023, cuando Milei asumió la Presidencia, la proporción destinada a esos servicios se ubicaba entre el 5% y el 6%.

En septiembre, el gasto mensual de la canasta disminuyó 7,3% por la menor demanda estacional de electricidad y gas, aunque el costo acumulaba un aumento interanual del 55%.

El mismo informe mostró que los hogares del AMBA pagan tarifas que cubren, en promedio, el 54% del costo de los servicios, mientras que el Estado financia el 46% restante.

La orientación del Presupuesto 2027 también anticipa una menor participación de los subsidios económicos: las transferencias previstas para energía y transporte pasarían de representar el 0,64% del PBI en 2026 al 0,53% el próximo año.

La discusión adquiere mayor relevancia frente a los últimos datos de inflación. En septiembre, el índice general de precios aumentó 1,9%, mientras que el rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una suba del 3,1%.

Así, el reclamo del Fondo para continuar reduciendo la asistencia estatal llega cuando una proporción creciente del ingreso de los trabajadores se destina al pago de servicios esenciales, con menor margen para otros consumos.

Menos crecimiento, más inflación y una revisión pendiente

El respaldo del FMI al ajuste argentino convive con una revisión negativa de sus propias estimaciones económicas.

En la actualización de octubre del informe de Perspectivas de la Economía Mundial, el organismo redujo del 3,5% al 2,1% su pronóstico de crecimiento para Argentina en 2026. También corrigió a la baja su previsión para 2027, que pasó del 4% al 3,5%.

Privatización de AySA: se profundiza la disputa por las obras y las garantías del servicio

La inflación tampoco evolucionaría al ritmo esperado. El Fondo elevó su estimación de inflación promedio para este año del 30,4% al 32,5%, mientras que su previsión de aumento de precios entre diciembre y diciembre pasó del 25% al 29,5%.

En el mercado laboral, las nuevas proyecciones ubican el desempleo en 7,6% para 2026 y 7,1% para 2027, cifras que reflejan las dificultades previstas para una recuperación más sostenida del empleo.

Estos cambios contrastan con las expectativas oficiales de una expansión económica capaz de consolidar el equilibrio fiscal y mejorar progresivamente los ingresos de los hogares.

La discusión también estuvo presente durante las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Bangkok, donde la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, mantuvo un encuentro con Caputo.

La funcionaria volvió a respaldar el rumbo económico argentino e incluso comparó el horizonte financiero del país con el de Grecia, que canceló anticipadamente parte de su deuda con el Fondo. “Serán como Grecia. Pagarán por adelantado”, afirmó Georgieva. El ministro respondió: “Te vas a sorprender”.

El intercambio contrastó con la situación inmediata del acuerdo argentino, que todavía requiere nuevas evaluaciones y desembolsos para sostener su programa financiero.

La tercera revisión se encuentra en preparación y deberá ser elevada al Directorio del Fondo. Su aprobación podría habilitar un desembolso cercano a los US$800 millones, mientras continúa abierta la posibilidad de que el organismo modifique algunas metas fiscales de 2026.

Para Milei y Caputo, el desafío ya no pasa únicamente por mostrar cuentas públicas en positivo. El Gobierno necesita sostener el superávit en un escenario de menor crecimiento previsto, inflación persistente y mayores exigencias sobre el gasto, mientras las familias destinan una parte significativa de sus ingresos a servicios básicos.

El cierre fiscal de 2026 y la negociación del programa para el próximo año definirán hasta dónde podrá avanzar el ajuste sin profundizar las tensiones económicas y sociales que acompañan al modelo oficial.